Estas prácticas están dejando claro que la imparcialidad de jueces y tribunales parece inexistente, lo que nos lleva a concluir que el sistema político poblano no se ha “transformado” en lo absoluto, que los mismos grupos de poder han encontrado en la 4T y en su presunto amor a Puebla, la coartada perfecta para ocultar su verdadero rostro, que poco a poco comienza a desdibujarse dejando ver lo que hay detrás: el capricho y cinismo que pone la voluntad de los poderosos sobre la voluntad de gente que no entra en sus encuestas y que no se conforma con recibir un vivero, una secretaría, una beca, una limosna
El 7 de abril recibimos el Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria virtual del 30 de marzo de 2026 que se publicó hasta hoy en la que se resuelve como infundado el recurso de queja en contra de la negativa de otorgar la suspensión provisional por parte de la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. La juez fue la que nos notificó, cosa que no ha ocurrido por parte del Tribunal.
En lugar de otorgar la protección ante el riesgo de un daño irreparable al medio ambiente, la jueza exige pruebas excesivas para comprobar el vinculo de usuarios y vecinos con los “servicios ambientales “ de los parques puestos en riesgo por el proyecto del Cablebus. De esta forma evade en la práctica el contenido del Acuedo de Escazú y los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental que éste garantiza y que tanto ella como el tribunal dicen reconocer.
Es de llamar la atención que el texto en el que el Tribunal Colegiado declara infundada la queja (el 30 de marzo) y el informe previo del Gobierno del Estado de Puebla (del 27 de marzo), en particular en cuanto al punto del rechazo del interés legítimo de las y los quejosos, presentan un porcentaje de similitud argumentativa sustantiva de 94.75%, ubicándose en el rango de coincidencia casi total.
Ante esta resolución, y la negativa abierta y deliberada del Gobierno del Estado de presentar públicamente el proyecto (anunciado para el 31 de marzo) queremos señalar lo siguiente:
1. La negativa de las instancias jurisdiccionales de reconocer el interés legítimo y el ocultamiento del proyecto que lleva a cabo el Gobierno del Estado vulneran profundamente el derecho a un medio ambiente sano. En la práctica desconocen lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el Amparo en Revisión 953/2019 acerca de que cuando la autoridad aprueba un proyecto sin identificar adecuadamente sus riesgos ambientales, transgrede los principios de prevención e in dubio pro natura y con ello el derecho a gozar de un medio ambiente sano. La negativa de ambas instancias jurisdiccionales desconoce la resolución de la SCJN del 24 de febrero de este año en la que sostuvo que no es necesario acreditar una afectación personal directa para acceder a la justicia ambiental, reforzando el derecho a un medio ambiente sano.
2. En el informe previo de la Secretaría de movilidad y transporte del gobierno del Estado reconocen que se han reservado por 5 años los estudios que sustentan la implementación del Sistema de Transporte Cablebús pero que eso no viola los derechos humanos lo que nos parece incongruente e injusto.
3. Como lo demuestra la propia encuesta propagandística del CISO-BUAP, la mayoría de la población desconoce el proyecto y ahora con descaro el gobierno del Estado ha decidido no hacer lo que se había comprometido y lo que es su obligación: REALIZAR UNA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO y su consulta, con lo que transgrede el Acuerdo de Escazú (Artículo 6), porque las autoridades responsables han omitido poner a disposición de la población la información ambiental y técnica indispensable para conocer, evaluar y controvertir el proyecto, incluyendo la evaluación o Manifestación de Impacto Ambiental.
4. La negativa de reconocer el interés legítimo desconoce la figura de entorno adyacente del Acuerdo de Escazú que indica que éste no se limita a un criterio de vecindad inmediata, sino que el espacio geográfico se amplía a aquellas áreas en las que se tienen impactos de los ecosistemas. Es decir, contempla a quienes viven al lado del ecosistema y también a quienes no viven a un lado pero reciben impactos y servicios del mismo.
5. El deslinde que públicamente hizo la SEMARNAT Federal y Estatal para evaluar el impacto ambiental del proyecto viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Constitución y Tratados Internacionales y llama la atención que en el mencionado amparo la SEMARNAT federal es la única instancia que hasta ahora no ha rendido informe. Parece que la titular de la mencionada Secretaría (Alicia Bárcena) que dirigió los esfuerzos de la CEPAL para hacer firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú está decidiendo abiertamente (como lo hizo con el Tren Maya) pisotear dichos acuerdos.
6. Estas prácticas están dejando claro que la imparcialidad de jueces y tribunales parece inexistente, lo que nos lleva a concluir que el sistema político poblano no se ha “transformado” en lo absoluto, que los mismos grupos de poder han encontrado en la 4T y en su presunto amor a Puebla, la coartada perfecta para ocultar su verdadero rostro, que poco a poco comienza a desdibujarse dejando ver lo que hay detrás: el capricho y cinismo que pone la voluntad de los poderosos sobre la voluntad de gente que no entra en sus encuestas y que no se conforma con recibir un vivero, una secretaría, una beca, una limosna.
Queremos llamar a la población no solo a permanecer atenta sino a poner atención, informarse e involucrarse en la defensa de espacios comunes, verdes y vivos, también en observar atentamente el aumento del autoritarismo de Alejandro Armenta que mientras nos quiere reducir a “bots” se encuentra operando un gran presión institucional para convertir a quienes trabajan en instituciones públicas en bots pidiéndoles que difundan los “logros y proyectos de su gobierno” así como sus # y que envíen evidencia a sus superiores. Esto puede ser investigado pues es algo que está creciendo, como crece su control sobre medios, universidades, tribunales, jueces e instituciones. No nos confunda, no somos derecha, no somos bots, somos seres pensantes y grupos que antes como ahora hemos sido negados y reprimidos por poderosos como el que ahora quiere reordenar Puebla con prácticas profundamente ecocidas y autoritarias.
Usuarixs y vecinxs del Parque Ecológico, del Cerro de Amalucan y del Parque Juárez
Nodo de Derechos Humanos (NODHO)
Terraformar Librespacio Cultural
Seminario Permanente de Investigación “Entramados de lo lo común y formas de lo político” (ICSyH- BUAP)
