El 22 de julio pasado, Renato Romero Camacho y Pascual Bermúdez Chantes acudieron a una audiencia ante el Poder Judicial de la Federación en Puebla, en el marco de la persecución penal que enfrentan por las protestas en defensa del agua en San Miguel Xoxtla del año 2024. Como ya había ocurrido apenas una semana antes, el 15 de julio, durante la comparecencia de José Luis García Parra (sobrino del exgobernador Mario Marín), con motivo del proyecto del Cablebús, se activó en las inmediaciones del recinto judicial un grupo de choque en contra de los activistas y de manifestantes.
La forma de operar de este grupo fue similar a la que se dio a las afueras del Congreso del estado el día 15, cuando “sujetos corpulentos, algunos con el rostro cubierto” [1] arrebataron lonas a los manifestantes contra el Cablebús y agredieron verbal y físicamente a varios de ellos y a algunos comunicadores, entre ellos, Svezda Ninel Castillo y Sergio Vázquez de Contramáscaras, sin que los policías y granaderos presentes intervinieran. En ambos episodios, medios afines al gobierno estatal se apresuraron a señalar a los activistas como los responsables de los “disturbios”, invirtiendo los hechos y presentando a los agresores como víctimas. Algunos medios independientes han denunciado que ocurrió exactamente lo contrario, y han circulado videos que muestran a los grupos de choque, no a los manifestantes, provocando y agrediendo.
La criminalización como política de Estado
El caso de Renato Romero no es el único, Darinel Keller, defensor ambiental que ha denunciado el ecocidio del basurero de Chiltepeque en el pueblo de Santo Tomás Chautla, fue señalado públicamente como “agitador” por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien lo acusó de “actuar de forma clandestina” [2] y lo señaló de ser militante del Partido Acción Nacional (PAN) como forma de desacreditarlo. La estrategia en ambos casos no es nueva; el gobierno del estado, lejos de dar soluciones a las demandas de las comunidades, actúa del lado de intereses privados, convirtiendo problemas sociales y de derechos humanos en asuntos de orden público o de filiación partidista, en donde señala a activistas y manifestantes de llevar una agenda política oculta y/o de ser agitadores que buscan dinamitar la imagen de la 4T.
Colectivos que participaron en la protesta contra el Cablebús han sido explícitos al respecto: “Volvemos al autoritarismo, a la represión, al acarreo” [3]. Por otra parte, abogados expertos en derechos humanos y organizaciones han advertido en foros públicos que la sociedad en Puebla se enfrenta a un creciente proceso de criminalización de la protesta social, en el que el aparato judicial se utiliza para perseguir derechos elementales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. La estrategia es trasladar los conflictos políticos y ambientales al terreno penal, desviando así la atención de las causas de fondo: la corrupción, el despojo territorial y del agua, así como el ecocidio.
La guerra de los bots
Paralelamente a la represión judicial, el gobierno de Puebla ha pretendido construir un relato: el de la “guerra de bots” en su contra. El gobierno ha acusado en distintos momentos la existencia de “granjas de bots” operando desde el extranjero (Argentina, Costa Rica y países asiáticos), presuntamente financiadas por una televisora, para desprestigiar proyectos como el Cablebús. Este relato se ha convertido en su coartada: cada vez que cualquier ciudadano critica a través de las redes digitales su opacidad, estas críticas se atribuyen en automático a cuentas falsas o a intereses oscuros, nunca a un malestar real de la sociedad.
Estas descalificaciones cumplen una doble función: por un lado, deslegitiman cualquier crítica al calificarla de artificial o pagada, y por otro, preparan el terreno que permita justificar medidas de control sobre la conversación digital y el debate público, como si el problema no fuera la gestión gubernamental sino la manipulación informativa.
La censura “legal”
Es en este contexto que cobra sentido la reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla, conocida como “ley de ciberasedio”, que entró en vigor en junio de 2025. Fue presentada oficialmente como una herramienta contra el robo de identidad, el acoso a menores y los delitos cibernéticos, pero la ley generó un intenso debate por la ambigüedad de sus definiciones y por el riesgo de que se utilizara para perseguir a periodistas, activistas y críticos del gobierno bajo el pretexto del “asedio digital”. En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, al considerar que abría la puerta a una aplicación arbitraria y podía inhibir la libertad de expresión.
Que esta ley haya sido invalidada por la Corte no vuelve irrelevante la intención detrás de ella, al contrario, lo que deja esto expuesto es la intención de control de un gobierno que no tolera la crítica ciudadana y que, ante ella, intenta blindarse con una ley que silencie a la sociedad ante los abusos y la falta de transparencia de su gestión. El intento fracasó de momento; el presidente del Congreso ha adelantado que la bancada de la 4T buscará presentar un nuevo tipo penal para sancionar el ciberasedio.
Lo que muestra el uso de grupos de choque, la estigmatización a defensores del territorio, la persecución a comunicadores y los intentos de legalizar la censura, es una lógica de poder que necesita transformar la protesta social en un delito, y que busca la impunidad en sus acciones a través del terror que impone el silencio.
El costo de la represión
La prioridad del gobierno parecería no ser el bienestar de los poblanos, sino colocar a sus operadores en posiciones políticas que les permitan seguir parasitando del erario por muchos años más. Así lo evidencian las campañas electorales adelantadas en redes, en donde personajes irrelevantes en la vida pública del estado, pero cercanos al gobierno, saturan de propaganda bardas y redes digitales, sin que exista ningún tipo de fiscalización al origen de los recursos que gastan en ello.
Las posibles ganancias paralelas al Cablebús (más de siete mil millones de pesos comprometidos en su implementación) podrían representar un botín suficiente para ignorar el costo político que su imposición conlleva. Ante la evidente falta de legitimidad que el abandono de las prioridades sociales de los poblanos, la represión, la criminalización de la protesta social y los intentos de censura digital revelan, no sería extraño que parte de ese mismo botín pudiera usarse para comprar una elección que permitiera al grupo en el poder seguir en él, debido a que, después de una gestión de gobierno tan cuestionada, difícilmente se podrá ganar legítimamente por la vía de las urnas.
Referencias
[1] Hernández, G. (2026, 16 de julio). Usan acarreados y grupos de choque para arropar comparecencia sobre el Cablebús. Proceso. Recuperado el 25 de julio de 2026, de https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/7/16/usan-acarreados-y-grupos-de-choque-para-arropar-comparecencia-sobre-el-cablebus-376211.html
[2] Mundo Nuestro (Redacción). (2026, 25 de mayo). Contra la criminalización de la lucha social por el gobierno de Armenta / Darinel Keller. Mundo Nuestro. Recuperado el 25 de julio de 2026, de https://mundonuestro.mx/content/2026-05-25/contra-la-criminalizacion-de-la-lucha-social-por-el-gobierno-de-armenta-darinell-keller/
[3] Hernández, G. (2026, 17 de julio). Colectivos contra Cablebús de Puebla acusan a policías y personal de DDHH de solapar agresión durante protesta. Proceso. Recuperado el 25 de julio de 2026, de https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/7/17/colectivos-contra-cablebus-de-puebla-acusan-a-policias-y-personal-de-ddhh-de-solapar-agresion-durant-376333.html
[3] Mundo Nuestro (Redacción). (2026, 25 de mayo). Contra la criminalización de la lucha social por el gobierno de Armenta / Darinel Keller. Mundo Nuestro. Recuperado el 25 de julio de 2026, de https://mundonuestro.mx/content/2026-05-25/contra-la-criminalizacion-de-la-lucha-social-por-el-gobierno-de-armenta-darinell-keller/
