El 28 de octubre pasado la Policía de Río de Janeiro realizó un operativo en las favelas Penha y Alemão, siguiendo precisas directivas del gobernador del Estado Cláudio Castro. A las pocas horas de iniciado, la prensa de gran parte del planeta informaba sobre el horror de una violencia brutal evidente, con el saldo provisorio de más de un centenar de muertos. Con el título del combate al narco, como se explica en los artículos que siguen, se oculta la trama social y económica del fenómeno, al mismo tiempo que el uso político que pretende hacer Castro y su entorno de este tremendo crimen.
Al cuestionar a la matanza como método para combatir al narco, a sus 93 años, una leyenda del periodismo brasileño Janio Freitas, advierte que “si no se corta el flujo financiero, el narcotráfico seguirá reemplazando a los muertos y creciendo en las periferias del país. Sin la red de operaciones financieras, las organizaciones de narcotráfico se verían gravemente afectadas”. Recuerda que “hace poco tiempo se reveló escandalosamente la presencia de filiales del PCC (Primeiro Comando da Capital, una organización criminal brasileña) en el mundo capitalista, como en empresas del sistema financiero con sede en São Paulo”. Pero de eso no se habla, ni se toca. Sin Permiso
El gobernador Castro lleva a cabo la mayor matanza de la historia del país
Israel Dutra es sociólogo, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro del Liderazgo Nacional del partido y del Movimiento de Izquierda Socialista (MES/PSOL).
La incursión de las fuerzas policiales comandada por Cláudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro, en las primeras horas del martes 28 de octubre, generó la operación militar más mortífera de la historia de Brasil. La masacre, una verdadera matanza, provocó (probablemente todavía hay desaparecidos) 128 víctimas.
Una violencia bárbara que refuerza la espiral de la llamada política de guerra contra las drogas, que rodea las comunidades y las favelas de Río, colocando a la población de clase trabajadora en la línea de fuego entre las fuerzas estatales y las facciones criminales (ya sean milicias o narcotraficantes). El número de muertos superó la masacre de Carandiru, en la década de 1990, que tuvo lugar en São Paulo.
Caos, violencia y responsabilidad estatal
Después de la operación, el caos se extendió por toda el área metropolitana de Río de Janeiro. Cientos de puntos entre la Zona Norte, Lapa y São Gonçalo fueron bloqueados. Las represalias de los narcotraficantes (el grupo Comando Vermelho – Comando Rojo en una traducción libre) canceló clases escolares y universitarias, generó pánico y mantuvo a cientos de miles de personas como rehenes durante las últimas 40 horas en Río.
La ONU emitió una declaración calificándolo de crimen bárbaro. El caso del mayor baño de sangre en una sola acción exacerba otras masacres, como las que ocurrieron anteriormente en Morro do Alemão, Vila Cruzeiro y Jacarezinho (río de Janeiro favelas). El gobernador Cláudio Castro ordenó directamente la operación, buscando la atención de los medios y el prestigio a costa de la letalidad y una batalla por las narrativas. El uso de la justificación del “narcoterrorismo” es un paso más en la trama de la extrema derecha, al estilo de Trump, que militar y políticamente provoca a Venezuela y Colombia, buscando desestabilizar a sus gobiernos y ejercer influencia directa sobre ambos países. El hilo común en ambos casos es la barbarie neofascista.
En la operación el Comando Vermelho hizo uso de armas pesadas, 90 rifles fueron incautados, y la policía también denunció el uso de drones de alta tecnología.
La acción genocida, ejecutada cara a los medios de comunicación por el gobernador de Río, motivada en parte por sus intereses electorales, debe ser condenada como principal culpable de esta masacre. La operación no fue solo un desastre, sino que también tuvo consecuencias que infringieron toda legalidad al ocultar cadáveres, manipular datos, en el mayor intento de criminalizar las favelas y comunidades de la historia brasileña.
Farsa y genocidio
La acción de la Policía Militar de Río de Janeiro es una farsa. Sabemos que la política de “guerra contra las drogas” o “guerra contra el crimen” tiene el único objetivo de escalar la militarización de las comunidades y ampliar el genocidio de los jóvenes pobres y negros en las zonas desfavorecidas del país.
El tráfico de drogas y el tráfico de armas involucra a toda una industria que opera no sólo en el marco de la impunidad o la complicidad estatal, sino en una profunda interconexión.
Las acciones policiales contra los niveles superiores del crimen organizado, ya sea la que incautó rifles en la casa de Ronnie Lessa o la que se llevó a cabo hace unos meses en Faria Lima (un área del sector financiero de alto nivel) en São Paulo, no dieron lugar a ninguna muerte e incluso no se llegó a disparar un solo tiro.
Las acciones de facciones, traficantes y milicias oprimen a todas las comunidades de Río y Brasil, teniendo la libertad de mover fortunas en un sector deliberadamente ilegal para seguir el flujo de estos verdaderos millonarios, que alimentan la corrupción dentro de las instituciones policiales con empresas en diversos sectores: bienes raíces, entretenimiento y la industria del deporte.
Fuera Castro, poner fin a la guerra contra las drogas y activar la movilización
Hay estructuras de la dictadura militar brasileña que permanecen sin cambios, militarizando la vida social, con la represión sistemática de los movimientos populares y una política de seguridad basada en la guerra contra las favelas y contra los pobres. En este sentido, como se afirma en la reciente actualización programática del PSOL (Partido Socialista y de la Libertad), la desmilitarización de la policía y la construcción de “una nueva política de drogas que confronte el genocidio de los negros y el encarcelamiento masivo, centrándose en la salud pública y el cuidado en libertad, combatiendo el modelo privatizado de las comunidades terapéuticas, reemplazando la lógica del castigo con alternativas de justicia restaurativa con una perspectiva de género y racial y la reparación de los territorios afectados por la represión policial” son fundamentales.
Varios movimientos sociales, especialmente los vinculados al movimiento negro y las periferias, ya han indicado la necesidad de una fuerte respuesta en la calle el día 31, estando convocadas manifestaciones en varias ciudades capitales de todo Brasil.
Finalmente, como tarea inmediata, apoyándose en la más amplia unidad y movilización social, tiene como consigna “¡Castro Fuera!”. El criminal Cláudio Castro debe salir del Palacio de Guanabara y a una prisión, porque de lo contrario veremos nuevas masacres perpetradas por el Estado y disfrazadas de política de seguridad pública.
Traducción: G. Buster
El racismo y la política alimentan la masacre en las comunidades de Penha y Alemão
Jorge Luiz Souto Maior es profesor de derecho laboral en la Facultad de Derecho de la USP (Universidad de São Paulo). Autor, entre otros libros, de Daños morales en las relaciones laborales (Estúdio editores).
La trivialización del exterminio revela la farsa de la batalla por las narrativas, donde las vidas negras son moneda de cambio en un proyecto político que transforma el racismo estructural en una estrategia electoral.
Es aterrador ver cómo la vida continúa como si nada hubiera pasado ayer en la ciudad de Río de Janeiro.
Lo ocurrido en las comunidades de Penha y Alemão el 28 de octubre de 2025 es uno de esos eventos que marcarán la violenta historia de Brasil, y nosotros, que somos contemporáneos del suceso, no podemos pasar por este momento sin sentirnos profundamente conmocionados, consternados, indignados y extremadamente tristes.
En definitiva, se trata, con cifras aún provisionales, de la muerte de 119 personas en un solo día, después de una acción policial destinada, como se anunció (una vez más), a cumplir órdenes de arresto judicial.
Resulta casi tedioso decirlo, porque hay oídos sordos, que las víctimas de la masacre son las personas negras, relegadas a la pobreza y la exclusión, respecto de las cuales el Estado, la democracia y la soberanía solo ven a través del prisma de la criminalización.
Y, de hecho, no se trata realmente de una cuestión de derecho penal, puesto que los preceptos legales que garantizan los derechos de los ciudadanos (que se aplican a los delincuentes de los llamados “delitos de cuello blanco”) no se aplican a las “pandillas de las favelas”, y para ejecutarlas incluso se permite, como efecto secundario inevitable y por tanto aceptado, atacar a los residentes de las regiones “dominadas” por facciones criminales o delincuencia organizada.
Por lo tanto, lo que más alimenta esta masacre, desde su origen hasta sus consecuencias, es el racismo.
Hasta que no lo digamos abiertamente, todo el proceso histórico sobre el que se asienta seguirá reproduciéndose, generando únicamente la expectativa de una nueva explicación de la tragedia que, en términos concretos, representa la realidad cotidiana de millones de personas en las mismas condiciones de miseria y exclusión en todo Brasil.
La misma ausencia, en este momento, de indignación nacional, de movilizaciones para una huelga general, de la suspensión, aunque sea momentánea y simbólica, del funcionamiento de las instituciones, de la emisión de un decreto de duelo nacional y del izado de banderas a media asta, constituye la demostración explícita de que las vidas de estas personas no importan, y esto solo puede explicarse por el racismo que nos habita.
Algunos argumentan, con razón, que debemos esperar para averiguar cómo ocurrieron las muertes. Otros están indignados porque las muertes fueron violentas, incluyendo decapitaciones, etc.
Pero estas manifestaciones no dejan de ser otras formas de expresión del racismo, porque no es la manera en que se comete el asesinato lo que debería indignarnos, sino más bien el hecho de que ocurra.
El desprecio por la vida de estas personas es tan pronunciado que la mayor sospecha es que la verdadera motivación de la operación fue político-electoral, como ya se ha visto en varias otras operaciones del mismo tipo, incluyendo, por ejemplo, Carandiru, en 1992, y la masacre de Jacarezinho en 2021, como se destaca en el texto que publiqué en mayo de 2021:
Desde esta perspectiva, que sitúa el suceso en un contexto más amplio, la masacre de Jacarezinho adquiere un aspecto sumamente perverso: la aceptación de la muerte de personas (especialmente pobres, habitantes de favelas y personas negras) para dar nueva vida a un proyecto político autoritario, establecido mediante la difusión de un nuevo caos (desviando la atención de la crisis humanitaria) y el miedo. En nombre de la seguridad y la «restauración» del orden —en un desorden deliberadamente amplificado, favorecido por el debilitamiento de las instituciones democráticas— se habría abierto el camino para la consagración de un Estado policial en toda regla (miliciano, totalitario y dictatorial), con la supresión de libertades, garantías y derechos fundamentales, dejando bajo la amenaza constante de que pueda estallar nueva violencia en cualquier momento, afectando a todo y a todos.
La hipótesis en cuestión podría parecer, para muchos, algo intelectual, ya que carecía de personajes que, mediante la explotación política de la narrativa, pudieran dotar de sentido a la trama. Entonces, para disipar cualquier duda, un personaje entra en escena y declara: «…al tratar a los narcotraficantes que roban, matan y destruyen familias como víctimas, los medios de comunicación y la izquierda los equiparan con el ciudadano común y honesto que respeta la ley y a su prójimo». Y, resumiendo todo y suavizando las asperezas, concluye: «Es una grave ofensa para el pueblo, que durante mucho tiempo ha sido rehén del crimen. ¡Enhorabuena a la Policía Civil de Río de Janeiro!».
La otra razón se hace evidente cuando, poco después de la masacre, recibe una encuesta que mide su popularidad, según relata la periodista Mônica Bergamo en su columna del 10 de mayo en el diario Folha de S. Paulo. De acuerdo con la encuesta, «el día anterior a la intervención policial en la comunidad, solo el 12 % de las menciones del gobernador se consideraban positivas. El día de la masacre, el porcentaje aumentó al 41 %. Las menciones negativas bajaron del 50 % al 41 %, y las neutrales, del 38 % al 18 %».
Y los dos, un día antes de la masacre, se reunieron en persona durante una hora en la sede del gobierno de Río de Janeiro para discutir ‘posibles alianzas para obras públicas en el Estado y la estrategia para combatir la pandemia’”. /1/
Porque la historia, como se dice, se repite.
Por lo tanto, el escenario político que motiva la adquisición de popularidad por parte del gobernante está compuesto por los siguientes elementos interconectados: a) la inelegibilidad de Bolsonaro; b) el aumento recurrente de la aprobación del gobierno de Lula; y c) el reciente acercamiento de Lula con la administración Trump.
La estrategia macabra y siniestra de obtener réditos políticos de la ejecución sumaria de más de cien personas se vuelve aún más explícita cuando, inmediatamente después de la masacre, su comandante en jefe, el gobernador Cláudio Castro (PL-RJ), acude a los medios de comunicación para culpar a la izquierda y a la “maldita” decisión del Supremo Tribunal Federal, emitida en el caso ADPF 635, que limitó las operaciones policiales en las comunidades durante la pandemia, como responsables de las muertes.
Y la motivación espuria también se evidencia en el momento en que, justo después de que el evento se convirtiera en noticia nacional, los gobernadores de derecha, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Jorginho Mello (PL-SC) y Mauro Mendes (União Brasil-MT), se reunieron en el Palacio de Guanabara para delinear los próximos pasos y establecer los mecanismos para difundir la narrativa en torno al “éxito” de la operación.
En este contexto, tampoco es irrelevante que cinco días antes de la operación, más precisamente el 23 de octubre, el gobernador, al sancionar la ley que reestructura los puestos de la Policía Civil de Río de Janeiro, vetó el artículo que recreaba el llamado “bono del Lejano Oeste”, vigente entre 1995 y 1999, que otorgaba un bono de hasta el 150% del salario a los agentes que participaban en operaciones dirigidas a “neutralizar criminales”, bajo el argumento de que el bono podría “generar gastos, constituyendo una afrenta a las normas establecidas por el Régimen de Recuperación Fiscal”.
Por otro lado, en gran parte de la izquierda, y especialmente en el gobierno, reina el silencio, como si ellos también estuvieran elaborando planes para una mejor gestión política de la masacre.
Y así, la masacre se convierte en una mera disputa sobre narrativas, y la tragedia diaria que ha asolado a la población negra de Brasil durante siglos continúa sin ninguna confrontación concreta, hasta que, impulsada por nuevas motivaciones políticas, tiene lugar otra masacre y volvemos a contar los muertos, ¡solo para ver si se ha batido el récord o no!
Nota: 1.- El 6 de mayo de 2021, un operativo policial, similar al del pasado 28 de octubre, se realizó en la favela Jacarezinho, también en Río de Janeiro, dejó 28 muertos.
Traducción: Carlos Abel Suárez
Fuente: aterraeredonda.com.br 30-10-2025
