(Este texto elaborado por la Arquitecta Ana María González López, Maestra en Estudios y Gestión de la Ciudad, fue dado a conocer en conferencia de prensa de organizaciones ambientalistas en el Paseo Bravo el pasado juevez 6 de marzo de 2026)
POSICIONAMIENTO CIUDADANO
En defensa del derecho a la ciudad, la legalidad, el patrimonio y el bienestar colectivo. Cuando un pueblo despierta para defender su tierra, su patrimonio y su futuro, no hay poder capaz de detener la fuerza de la dignidad colectiva
La ciudadanía organizada, especialistas, colectivos urbanos y sociales manifestamos nuestra profunda preocupación y nuestro firme posicionamiento ante la posible imposición del proyecto denominado Cablebús en el municipio de Puebla, así como ante cualquier intento de modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para facilitar su implementación sin cumplir previamente con el marco legal vigente.
El desarrollo de infraestructura pública debe responder a procesos transparentes, estudios técnicos rigurosos y mecanismos reales de participación ciudadana, tal como lo establece el marco jurídico mexicano y los principios internacionales del derecho a la ciudad, que reconocen a los habitantes como actores centrales en las decisiones que afectan su territorio, su entorno natural y su calidad de vida.
Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente los estudios técnicos, urbanos, ambientales, sociales ni patrimoniales que justifiquen la viabilidad del proyecto del Cablebús, ni se ha convocado a un proceso amplio de consulta ciudadana previo a su planeación e implementación.
Esta situación genera una seria preocupación ciudadana, pues la planeación urbana no puede ni debe construirse a partir de decisiones unilaterales, improvisadas o políticamente motivadas, sino mediante procesos institucionales, técnicos y participativos.
MARCO LEGAL EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Planeación democrática del desarrollo
El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo, garantizando la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración de los planes y programas que determinan el rumbo del país y de las ciudades.
Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece principios obligatorios de participación social, transparencia, sustentabilidad y derecho a la ciudad.
El Artículo 4 de dicha ley reconoce el derecho a la ciudad, entendido como el derecho de todas las personas a habitar ciudades justas, inclusivas, democráticas y ambientalmente sostenibles.
De igual forma, el Artículo 7 establece como principio rector del ordenamiento territorial la participación ciudadana efectiva en los procesos de planeación, regulación y gestión del territorio, lo que implica que los proyectos de gran impacto urbano deben someterse a mecanismos de consulta pública informada.
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS
Todo proyecto de infraestructura urbana de gran escala debe contar previamente con estudios integrales que permitan evaluar su viabilidad y sus impactos.
Entre ellos deben encontrarse, al menos:
estudios de movilidad y demanda real de transporte
manifestación de impacto ambiental
evaluación de impacto social
evaluación costo–beneficio
estudios de impacto urbano y territorial
análisis de alternativas de movilidad
estudios de impacto en paisaje urbano
análisis de riesgos y seguridad estructural
Sin estos estudios no existe base técnica ni jurídica para justificar la ejecución de la obra, ni puede hablarse de una planeación responsable del territorio.
La omisión de estos estudios vulnera los principios de planeación democrática, transparencia y sustentabilidad, pilares del ordenamiento territorial en México.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ZONAS HISTÓRICAS
El trazado preliminar del proyecto plantea impactos potenciales en zonas de alto valor patrimonial y cultural, incluyendo áreas cercanas al Centro Histórico de Puebla, reconocido internacionalmente como patrimonio cultural.
Este sitio se encuentra inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, lo que implica obligaciones estrictas para el Estado mexicano en materia de conservación del paisaje urbano histórico.
Asimismo, la zona de Amalucan cuenta con registros y catalogaciones de bienes patrimoniales bajo la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Cualquier intervención de infraestructura en estas áreas requiere:
dictámenes técnicos del INAH
estudios de impacto patrimonial
evaluación del impacto visual y del paisaje histórico
análisis arqueológico preventivo
procedimientos formales de autorización
La ausencia de estos estudios podría constituir violaciones al marco jurídico de protección del patrimonio cultural de la nación.
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
En caso de que el proyecto del Cablebús no se encuentre contemplado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente, su incorporación requeriría necesariamente una modificación formal del instrumento de planeación urbana.
Este procedimiento no puede realizarse de manera discrecional ni por decisión unilateral de la presidencia municipal o del cabildo.
La legislación urbana establece que las modificaciones a los programas de desarrollo urbano deben incluir obligatoriamente:
elaboración de estudios técnicos de soporte
publicación pública del proyecto de modificación
procesos formales de consulta pública
mecanismos de participación ciudadana abierta
análisis de observaciones y propuestas de la ciudadanía
Por lo tanto, ni la Presidencia Municipal ni el Cabildo pueden modificar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano sin cumplir previamente con estos procedimientos.
Si la autoridad pretende incorporar el proyecto, estará obligada a presentar todos los estudios previos pertinentes, hacerlos públicos y someterlos a procesos reales de participación ciudadana.
Si dentro de dichos procesos la ciudadanía expresa de manera clara y mayoritaria su rechazo al proyecto, la autoridad tiene la obligación democrática y ética de acatar la voluntad colectiva y cancelar el proyecto, pues el territorio pertenece a quienes lo habitan.
SALUD PÚBLICA, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COLECTIVO
La planeación urbana también debe considerar los principios de protección a la salud y al medio ambiente establecidos en el Artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.
La ejecución de proyectos sin evaluación ambiental previa puede generar impactos irreversibles sobre:
ecosistemas urbanos
áreas verdes
fauna urbana
calidad del aire
paisaje natural y urbano
Los principios internacionales de sostenibilidad urbana señalan que la infraestructura pública debe diseñarse priorizando el equilibrio ecológico y el bienestar colectivo por encima de intereses políticos o económicos de corto plazo.
UNA CIUDADANÍA QUE HA DESPERTADO
Hoy Puebla vive un momento histórico.
La ciudadanía ya no acepta decisiones tomadas a espaldas del pueblo ni proyectos que ignoran la ley, la naturaleza y el bienestar colectivo.
La sociedad poblana ha despertado, y no permitirá que ningún gobierno pase por encima de los derechos ciudadanos, del patrimonio cultural, de la naturaleza ni de los animales que también habitan este territorio.
De persistir en la imposición del proyecto sin cumplir el marco jurídico aplicable, las autoridades responsables podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo responsabilidades administrativas por actos contrarios a la legalidad en el ejercicio del servicio público.
LLAMADO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA
Al C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla,
Alejandro Armenta Mier:
Gobernar no es imponer. Gobernar es escuchar.
La historia juzga con severidad a quienes utilizan el poder para pasar por encima del pueblo, pero también honra a quienes tienen la sabiduría de rectificar cuando aún hay tiempo.
Hoy tiene usted la oportunidad de demostrar que su gobierno está del lado de la legalidad, del lado del territorio y del lado del pueblo.
Ante la ausencia de estudios técnicos públicos, la falta de procesos de consulta ciudadana y la posible incongruencia del proyecto con los instrumentos de planeación urbana vigentes, resulta necesario y responsable que el proyecto del Cablebús sea cancelado, ya que en las condiciones actuales está transgrediendo múltiples disposiciones legales en materia de planeación democrática, desarrollo urbano, protección del patrimonio, evaluación ambiental y participación ciudadana.
Un proyecto de esta magnitud no puede construirse sobre la opacidad, la improvisación ni la imposición política.
La ley es clara: primero se planea, primero se estudia, primero se consulta al pueblo y sólo después se decide.
Si verdaderamente existe un compromiso con Puebla y con su futuro, lo que corresponde es detener este proyecto y abrir un proceso serio, transparente y técnicamente sustentado de planeación de la movilidad para la ciudad.
Basta ya de caprichos y de imposiciones.
Puebla merece soluciones de movilidad integrales, sustentables y construidas con la participación de su gente.
LLAMADO A LA CONCIENCIA Y A LA DIGNIDAD DE PUEBLA
Hoy no hablamos solamente de un proyecto de infraestructura.
Hablamos del respeto a la tierra que habitamos, del derecho de nuestros hijos e hijas a heredar una ciudad sana, de la responsabilidad de cuidar el patrimonio que nuestros abuelos construyeron y que el mundo reconoce en lugares como el Centro Histórico de Puebla.
Las ciudades también tienen espíritu.
Las montañas, los ríos, los parques y los barrios guardan la memoria de quienes han caminado antes que nosotros.
Por eso hoy hacemos un llamado a la conciencia de todas y todos los habitantes de Puebla:
a las madres y padres de familia,
a los jóvenes,
a los estudiantes,
a los trabajadores,
a los científicos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas,
a los pueblos originarios,
a quienes aman esta ciudad.
Si la autoridad decide ignorar la ley, ignorar la ciencia, ignorar la naturaleza e ignorar la voluntad del pueblo para imponer este proyecto, entonces la ciudadanía tendrá que levantarse desde la dignidad, desde la organización pacífica y desde la fuerza moral que nace cuando una comunidad decide defender lo que ama.
Porque el verdadero poder no está en los cargos públicos.
El verdadero poder está en la conciencia despierta de un pueblo.
Que nadie lo olvide:
Las ciudades no pertenecen a los gobiernos.
Las ciudades pertenecen a quienes las habitan.
Y cuando un pueblo despierta para defender su tierra, su patrimonio y su futuro, no hay poder capaz de detener la fuerza de la dignidad colectiva.
