Esta última semana ha sido de mucho diálogo y debate, pero también de mucho ruido en torno al Cablebús. Voces afines, cuentas vinculadas al aparato de propaganda estatal y opinadores a sueldo han dicho de todo.
Que si hay que “subir de nivel la discusión”; que si el PAN está detrás de los ataques en redes sociales contra el Cablebús; que si el gobierno de Rafael Moreno Valle también taló árboles.
El gobierno estatal incluso ya movilizó a algunos de sus generadores de opinión. Columnistas locales han salido en alguna suerte de defensa del proyecto -o de intento- para desviar la conversación. Entiendo que puedan tener convenios con el gobierno, pero no se vale que pretendan tacharnos de panistas a quienes estamos señalando problemas técnicos y de política pública, o que quieran que la discusión se trate de eso y no del problema que tenemos enfrente.
Ellos recordarán bien que hace diez años miles de personas también levantamos la voz contra la tala de árboles provocada por la mal llamada ciclovía de Hermanos Serdán, que en realidad era un pasillo elevado. En ese entonces marchamos contra el desperdicio de dinero público que representó ese proyecto: más de 270 millones de pesos para apenas seis kilómetros de infraestructura. Ojalá Moreno Valle hubiera dedicado esos 273 millones de pesos a hacer ciclovías a nivel de piso por toda la ciudad. De hecho, fue en esa coyuntura donde yo conocí al ahora gobernador cuando él era diputado federal del PRI y amablemente nos ofreció apoyo legal, del que prescindimos, precisamente para no contaminar el espíritu ciudadano de esa lucha.
No era un debate partidista entonces, y tampoco lo es ahora. Es triste que nuevamente tengamos que salir a señalar que lo que podría ser una gran inversión en transporte público termine convirtiéndose en un gasto ocioso en un proyecto de alcances muy limitados. También es triste que ahora a los que marchamos contra una obra faraónica del PAN se nos acuse de panistas por levantar la voz por los árboles afectados por una obra faraónica de Morena.
Pero más allá de los árboles creo que es urgente hablar del costo de oportunidad.
El Cablebús que propone el gobierno estatal tendría un costo cercano a los 7 mil millones de pesos. Sin embargo, según el propio análisis costo-beneficio del proyecto, que el gobierno decidió reservar, su demanda estimada sería menor a 25 mil viajes diarios. Eso representa aproximadamente 2 por ciento de los viajes diarios en transporte público en la ciudad de Puebla.
La comparación es inevitable: una inversión enorme para atender una fracción muy pequeña de la demanda total de movilidad.
El propio gobernador Alejandro Armenta ha dicho que está abierto al debate. Debatamos. Pero para debatir necesitamos datos. Y hoy esos datos no están disponibles porque los estudios fueron reservados.
Ese es, en el fondo, el verdadero problema. La gente está molesta, no por una manipulación de la máquina del fango que sin duda existe, sino por la falta de información.
No estamos frente a un debate ideológico sobre si el Cablebús es bueno o malo. La tecnología del teleférico urbano puede ser útil en ciertos contextos muy específicos: zonas con barreras topográficas importantes, asentamientos aislados o áreas donde construir infraestructura terrestre es extremadamente difícil, como ya lo hablé en este espacio en una columna pasada.
Pero también es cierto que ningún sistema de transporte, por innovador que sea, sustituye la necesidad de planeación institucional sólida. Y hoy estamos frente al arranque de un proyecto que no está en ningún instrumento de planeación. Ni está en el Plan Estatal de Desarrollo, ni en el Programa Estatal de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial que aprobó el año pasado el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.
En Puebla existe, al menos en el papel, ese mecanismo precisamente diseñado para discutir proyectos de esta magnitud: el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, creado por la Ley de Movilidad del Estado para coordinar a las dependencias involucradas en el diseño de políticas de transporte y para aprobar el programa antes mencionado.
Ese espacio debería ser el lugar donde se analicen públicamente los estudios, se comparen alternativas tecnológicas y se evalúe dónde cada peso del presupuesto puede generar el mayor beneficio social. No una sala de juntas del gobernador.
Porque cualquier mejora tecnológica, en el transporte o en la administración pública en general, será sólo tan buena como la burocracia que la sostiene.
Si la demanda estimada del Cablebús es realmente menor a 25 mil viajes diarios, el proyecto incluso corre el riesgo de enfrentar en el futuro el mismo dilema que otros sistemas poco utilizados: que subsidiar su operación termine pareciendo, en un análisis de costos, un gasto difícil de justificar.
Por eso la discusión no debería centrarse en defender o atacar una tecnología. La discusión debería centrarse en cómo aprovechar mejor los recursos públicos para transformar el transporte en Puebla.
Cada peso invertido debe generar el máximo beneficio posible para la población, y cada proyecto debe estar protegido de correr el mismo destino que malos proyectos del pasado, como el tren turístico o el propio teleférico morenovallista, que por imponerse a la mala y sin un modelo financiero adecuado, terminaron por abandonarse.
Que el gobierno estatal esté dispuesto a invertir siete mil millones de pesos en transporte público es, en principio, una gran noticia. Puebla necesita gobiernos con la voluntad de destinar recursos públicos a mejorar la movilidad. Sustituyendo unidades, integrando tarifas, digitalizando operación y cobro. Apostemos al modesto pero poderoso autobús, reconstruyendo la confianza de la gente en el transporte público. La ruta para dejar huella en el corazón de los poblanos es por aquí, y si el gobernador Armenta quiere ganarse su lugar en la historia de Puebla para bien, tiene una oportunidad enorme frente a él.
Con esos 7 mil millones se puede hacer mucho más, más trascendente y más socialmente útil.
Gobernador Armenta: pensemos en grande, no en grandote.
@dobbyloca
