Antes de debatir el proyecto se desacredita la crítica y la discusión es una batalla de percepciones
Este fin de semana vivimos otro momento clave en el accidentado proceso de implementación del Cablebús en Puebla.
Mientras el domingo 29 de marzo se desarrollaba una marcha ciudadana de alrededor de 500 personas, integrada por colectivos ambientalistas, organizaciones preocupadas por la defensa de áreas verdes y vecinas y vecinos de las colonias por donde se pretende construir la obra; el gobierno estatal y medios afines al oficialismo empujaban con fuerza la difusión de una encuesta elaborada por el CISO de la BUAP para instalar la idea de que el proyecto cuenta con respaldo mayoritario.
Conviene detenerse un momento en lo que realmente dicen los datos. De acuerdo con lo difundido públicamente, el levantamiento se realizó del 23 de febrero al 10 de marzo de 2026, mediante una encuesta probabilística, estratificada y polietápica, con 3,154 entrevistas efectivas a población de 18 años y más residente en el estado de Puebla, con un margen de error de ±1.8% y 95% de confianza.
Según esas mismas notas, 43% de las personas encuestadas dijo no conocer el proyecto; entre quienes afirmaron conocerlo, 64% lo valoró de forma positiva y 34% de forma negativa. El propio balance reportado para el Cablebús fue de 30 puntos, colocándolo muy por debajo de otros programas evaluados como el de obra comunitaria o el de pavimentación, y apuntalándolo como el proyecto de infraestructura con menor aceptación dentro de esa medición.
El problema es que de ahí se ha querido brincar, de manera tramposa, a una conclusión que la encuesta no sostiene por sí sola: “Dos de cada tres poblanos apoyan el Cablebús”. No es lo mismo decir que, entre quienes dicen conocer el proyecto, existe una valoración positiva de 64%, que afirmar que existe apoyo social mayoritario en términos amplios. Menos aún cuando el propio ejercicio reconoce que 43% de la población no sabe de qué se trata. Si casi una de cada dos personas encuestadas ni siquiera identifica el proyecto, hablar de respaldo contundente es cuando menos mañoso.
Hay además un problema territorial de origen. La encuesta fue levantada a nivel estatal, aunque el Cablebús operaría exclusivamente en la capital de Puebla. Eso significa que el resultado incorpora la opinión de población para la que esta obra no tendría un beneficio directo. En un asunto de impacto urbano tan localizado, lo metodológicamente más útil para conocer aceptación social real sería contar con resultados específicos del municipio de Puebla, e incluso de las zonas directamente afectadas por el trazo, las estaciones y las obras complementarias. Lo estatal podrá servir para medir notoriedad política, pero no necesariamente la aceptación territorial.
Lo más delicado es que esta encuesta pretende sustituir la falta de apertura de las autoridades a compartir información del Cablebús. En lugar de transparentar el proyecto ejecutivo, abrir el análisis costo-beneficio a revisión pública y explicar con claridad el trazo, la demanda esperada, la integración tarifaria y los impactos urbanos y ambientales, se ha optado por usar una cifra favorable como blindaje narrativo. La señal política es muy clara: antes que responder a las preguntas de fondo, se prefiere desacreditar la crítica y convertir la discusión en una batalla de percepciones. Ahí entra también el discurso según el cual el rechazo visible en redes sería promovido por bots de otros países.
En todo caso, si algo revela el empeño oficial por combatir la conversación digital, es que el gobierno reconoce tácitamente que ha perdido la disputa de la opinión pública y que debe echar mano de esta encuesta y de plumas a su servicio para lavarle la cara al proyecto. Si la administración presentara información sólida, expedientes abiertos y una explicación técnica consistente, no necesitaría inflar una encuesta ni convertirla en propaganda. Le bastaría con mostrar los documentos, explicar sus decisiones y sostenerlas frente al escrutinio. Como esto no ocurre y frente al rechazo por esa falta de transparencia, las cifras son más bien utilizadas como un instrumento para intentar retomar el control del relato.
También llama la atención que, en la defensa reciente del proyecto, el propio coordinador de gabinete, José Luis García Parra, haya admitido que el Cablebús no resolverá por sí solo la movilidad y que será apenas “una opción más”, mientras insistía en contrastarlo con RUTA y en presumir que no requerirá subsidio operativo. Pero el subsidio no es un defecto: es una condición normal y deseable en cualquier sistema de transporte público que pretenda ser socialmente útil. Pensar que la movilidad colectiva debe sostenerse sólo con tarifa y rentabilidad económica conduce exactamente a lo contrario de una política pública de transporte: deja fuera a quienes viven en zonas de menor demanda y condiciona el derecho a moverse a la oportunidad de negocio.
A ello se suma una pregunta básica sobre prioridades y costo de oportunidad. Si, como se ha dicho, la demanda estimada rondaría los 25 mil usuarios al día, estamos hablando de una inversión de casi 7 mil millones de pesos para un universo muy acotado de usuarios, con apenas 2% de los viajes diarios en transporte público, en un corredor donde ya existen otras opciones de transporte y donde siguen abiertas dudas sobre complementariedad, cobertura e integración operativa.
Más aún si el propio gobierno ha dejado claro que el sistema usaría un medio de pago distinto al de RUTA y no se integraría al mismo. En esas condiciones, el Cablebús parece pretender no complementar RUTA sino competir con él.
El fondo del problema va más allá del Cablebús. Es la forma en que se gobierna una decisión de esta escala. Frente a una oposición social sostenida, la salida no puede ser la descalificación de quienes cuestionan. Mucho menos una campaña para hacer pasar conocimiento parcial del proyecto por apoyo contundente. Lo responsable sería primero reconocer que ha habido fallas graves de comunicación pública, abrir un diálogo serio y permitir una revisión honesta de los argumentos técnicos, financieros, ambientales y urbanos que se han venido planteando desde hace semanas.
Todavía hay margen para corregir. Pero ese margen no pasa por insistir en que la ciudadanía ya decidió, cuando lo que la propia encuesta sugiere es otra cosa: que hay una proporción altísima de personas que ni siquiera conoce el proyecto y que, por tanto, el problema central no es de respaldo, sino de opacidad. Si de verdad quieren construir un Cablebús que le sirva a Puebla, el piso mínimo sigue siendo el mismo: transparencia completa, diálogo real y disposición genuina a modificar lo que hoy pudiera estar mal planteado.
El riesgo de que se crean sus propias estimaciones infladas de demanda y de aceptación pública y que den por cierto su propio relato será el de que finalmente construyan un proyecto de baja rentabilidad social con una contribución muy limitada a la calidad de vida de la población con un enorme costo al erario, que bien podría haber sido usado en una mejor alternativa de mayor capacidad y alcances. Ojalá que este no sea el caso.
@dobbyloca
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