La discusión sobre la tarifa del transporte público volvió a Puebla. La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, informó que el gobierno estudia un posible incremento. Días después, el diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del estado de Puebla, consideró viable aumentar dos pesos el pasaje para cubrir los costos de operación y mejorar el servicio.
Por supuesto que el combustible, las refacciones, el mantenimiento y los salarios tienen que pagarse. Las unidades requieren inversión y la operación cuesta. Pero antes de concluir que esos recursos deben salir del bolsillo de los pasajeros, convendría revisar dos preguntas: cómo responderían los usuarios ante un incremento y por qué hacemos depender la operación de un servicio indispensable de lo que se recauda en cada viaje.
La primera pregunta tiene que ver con la elasticidad de la demanda: cuánto cambia el uso del transporte cuando cambia su precio. Los pasajeros tienen distintas posibilidades de responder a un aumento. Algunas personas en algunas rutas seguirán pagando porque carecen de otras alternativas; otras podrían reducir el número de viajes, cambiarán de ruta o buscarán otro medio de transporte, como la motocicleta.
La disponibilidad de alternativas influye en esa respuesta. Quien cuenta con una bicicleta, puede compartir automóvil o tiene acceso a otro servicio dispone de más opciones para dejar de usar una ruta que se encarece. Las esperas, los transbordos, la duración del recorrido y los horarios determinan qué tan conveniente resulta seguir utilizando el servicio. El precio de la tarifa es sólo una parte de una decisión mucho más amplia para los usuarios.
Los ingresos de las personas también influyen. Para una persona de bajos ingresos, un aumento puede representar una carga considerable y, al mismo tiempo, resultar difícil dejar de pagar porque necesita llegar al trabajo y carece de alternativas. Que siga abordando la unidad puede significar que está sacrificando otros gastos. Incluso puede terminar renunciando a viajes necesarios para estudiar, atender su salud o buscar empleo.
Quien tiene mayores ingresos puede absorber el incremento con más facilidad, pero también dispone de más recursos para cambiar de medio de transporte. Para algunos, las cuentas pueden orillarle a migrar a otras alternativas.
Entre esas alternativas está la motocicleta. Hagamos un cálculo sencillo: una persona que toma dos rutas al día para llegar a trabajar, gasta $170 pesos a la semana en transporte. Una italika de las más baratas se puede comprar en Elektra con abonos desde 180 pesos semanales. Todos los días hay usuarios del transporte público que ante el mal servicio están migrando a la moto frente a su conveniencia. Mucho me temo que un incremento a la tarifa puede acelerar dicha migración.
Un mal cálculo tarifario paradójicamente puede afectar las propias finanzas del servicio. Los ingresos dependen de cuánto se cobra y de cuántos pasajes se venden. Un artículo sobre elasticidades del transporte público en Guadalajara ilustra el mecanismo mediante un ejemplo hipotético: un incremento de 10% en la tarifa puede ir acompañado de una caída de 15% en los viajes.
Apliquemos esa elasticidad de la demanda a una ruta que vende mil pasajes diarios de 8.50 pesos. En ese escenario la recaudación inicial sería de 8,500 pesos. Con un aumento de 10%, la tarifa llegaría a 9.35 pesos. Pero a cierto porcentaje de los usuarios ya no les alcanzaría para pagarlo y a otros, les podría parecer más conveniente usar ese dinero para endeudarse con una moto a pagos. Así, la ruta perdería hasta 15% de sus usuarios, por lo que sus ingresos caerían de 8,500 a 7,947.50 pesos diarios. Una reducción de 6.5%, a pesar de cobrar más por pasaje. Cobrando más pero ganando menos.
Ese ejemplo ilustra por qué necesitamos estimar la respuesta de los usuarios antes de decidir el valor de la tarifa. También permite advertir un riesgo: si disminuyen los pasajeros y los ingresos, pueden reducirse las frecuencias, aumentar las esperas y deteriorarse el servicio, lo que da nuevos motivos para abandonarlo.
La segunda pregunta exige ampliar la discusión. El transporte permite llegar a la escuela, al trabajo, al hospital, a los espacios de convivencia y a las oficinas públicas. Su disponibilidad y su precio condicionan el ejercicio de derechos. Cuando una persona no puede pagar el traslado, las oportunidades y los servicios existentes en la ciudad pueden quedar fuera de su alcance.
Desde esa perspectiva, garantizar la operación del transporte constituye una responsabilidad pública que debe expresarse en el financiamiento que garantice su operación. Primero hay que definir la cobertura, los horarios, las frecuencias y las condiciones de accesibilidad que necesita la población; después, establecer cómo cubrir su costo con ingresos estables. La tarifa puede formar parte de ese financiamiento, pero la existencia del servicio no puede estar condicionada a la rentabilidad para el concesionario.
En Brasil, la tarifa cero ha llevado esa discusión a experiencias concretas. Un levantamiento de 2026 identificó 143 municipios con gratuidad universal y otros 43 con modalidades parciales. Los esquemas dependen de las capacidades presupuestales y las fuentes de ingresos de cada localidad, y enfrentan el desafío de asegurar recursos permanentes para sostener el servicio.
Estas experiencias permiten discutir cómo distribuir socialmente el costo del transporte. Sus beneficios alcanzan también a empleadores, comercios y personas que utilizan otros medios para desplazarse que se benefician de que los trabajadores lleguen a tiempo y de que sus mercancías no se queden atoradas en el tránsito. Existe una razón para que el sostenimiento de las finanzas del transporte involucre a muchos más actores que sólo a quienes pagan al subir a la unidad.
En Puebla necesitamos conocer los costos reales, corregir ineficiencias y establecer obligaciones verificables para los prestadores del servicio. También necesitamos que el gobierno y el Congreso asuman la discusión presupuestal. Proponer dos pesos más al pasaje sigue postergando la discusión de cuánto debería aportar el Estado para garantizar un transporte digno, suficiente, accesible y seguro.
La decisión de las finanzas del transporte debe evaluarse por su capacidad para que más personas lleguen a donde necesitan ir. Si el resultado es que algunas dejen de viajar y otras compren una motocicleta para escapar del servicio, habremos encarecido el transporte mientras debilitamos su función social.
(Foto de portadilla tomada de El Sol de Puebla)














