La información que se ha publicado sobre la red criminal dedicada al contrabando de combustible, en la que están involucrados integrantes de la Marina Armada de México (entre ellos un vicealmirante y un contralmirante), debería preocuparnos… y mucho.
De todas las preguntas sobre el caso sobresale la siguiente: ¿por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general Alejandro Gerts Manero, y el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch salieron inmediatamente a atajar cualquier sospecha en contra del anterior secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda?
La versión de que el almirante Ojeda denunció hace dos años las operaciones ilegales que estaban llevando a cabo algunos integrantes de la Marina, entre ellos sus sobrinos políticos, despierta interrogantes cuyas respuestas, a manera de hipótesis, conducen necesariamente a la complicidad u omisión por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien con este caso acumula ya a tres personajes muy cercanos a su gobierno que hoy están involucrados en actos de corrupción:
- Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, presuntamente relacionado con la organización criminal conocida como “La Barredora”, a través de quien fuera su secretario de seguridad en Tabasco cuando fue gobernador;
- Alfonso Romo, ex jefe de la oficina presidencial, acusado de lavado de dinero a través de una casa de bolsa y
- El almirante Ojeda, cuyos sobrinos políticos (un vicealmirante y un contralmirante) han sido acusados de encabezar un grupo delincuencial dedicado al contrabando de combustible.
Se calcula que, en los últimos seis años, el negocio del contrabando de millones de litros de combustible ha dejado ganancias que oscilan entre los 450 mil y los 500 mil millones de pesos para sus operadores y autores intelectuales.
Se trata de un daño gigantesco al erario imposible de ocultar al grado que apenas se estén llevando a cabo las primeras aprehensiones de los involucrados luego de dos años de haber sido denunciados.
En este momento, la Marina Armada, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, es la última línea de defensa y combate a la criminalidad organizada.
Esperemos que, en los hechos, la Marina demuestre su lealtad a la patria y se llegue hasta las últimas consecuencias en el desmantelamiento de esta red criminal y con ello siga siendo una de las instituciones del Estado mexicano más respetadas y con mayor confianza por parte de la mayoría de los ciudadanos (ver la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2024)
Porque después de ellos ya no hay fuerza física legítima en el Estado Mexicano que pueda combatir a los criminales… ¡Aguas!
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