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18 Mayo 2021, Puebla, México.

La represión a los movimientos sociales en tiempos de Moreno Valle

Gobierno | Opinión | 8.MAR.2021

La represión a los movimientos sociales en tiempos de Moreno Valle

Gerardo Pérez Muñoz

Moreno Valle estableció un modelo autoritario que condujo a la detención de personas inocentes

Mundo nuestro. El siguiente texto fue leído por su autora en el foro De la represiòn morenovallista a la pandemia de los desaparecidos, realizado el pasadoo 27d e febrero en Huauchinango, Puebla.

Por Carolina González Barranco, académica y activista

Por el contexto propio de Puebla, durante décadas se ha dicho que es un laboratorio político donde se impulsan modelos de gobierno y/o la aplicación de leyes que si se logran implementar, son punta de lanza  para posteriormente establecerse en el país.

 (Y esto no significa necesariamente que sean acciones positivas, sino todo lo contrario).

 

Es importante rememorar que para las elecciones del 2010, en Puebla persistía el encono social derivado principalmente del escándalo de la aprehensión y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, cuando a través de su libro “Los demonios del Edén” dejo al descubierto una red de pedófilos, entre los que se encontraban amigos del “gober precioso”…  y fue así que buscando “nuevas alternativas” un sector de la sociedad dio un voto de confianza al ex priista Rafael Moreno Valle, candidato de la alianza de varios partidos en ese momento opositores encabezados por el PAN.

 

Moreno Valle estableció un modelo autoritario cuyas prácticas condujeron a la detención de personas inocentes, a quienes, vulnerando sus derechos elementales se les fabricaron delitos, pues a la vista del gobierno estatal, representaban un peligro ya fuese para sus intereses políticos, sociales y/o económicos.  En esta persecución, se encuentran defensores de la tierra, del medio ambiente, del patrimonio cultural, del trabajo, de la libertad de expresión, campesinos, grupos de estudiantes, funcionarios o ex funcionarios públicos que resultaron incómodos, líderes de organizaciones populares o sindicales; todos ellos en términos generales compartiendo como motivo la disidencia política y como consecuencia, la persecución. 

 

Ahora bien, la suma de procesados, aprehendidos y perseguidos arroja más de trescientos casos, y más allá de un número, han sido personas a quienes se les ha robado vida y recursos.  Reiterando que cada caso es una vida y todas las vidas poseen el mismo valor e importancia, me permito citar algunos ejemplos:

 

Delfino Flores Melga: Quien fuese detenido en marzo y octubre del 2013.

Su detención ocurrió por la protección de un predio de la colonia Ampliación Xilotzoni de 25 hectáreas (entre Puebla y Tlaxcala), el cual fue desalojado por primera vez en 2001, quemando casas durante el hecho, luego del reclamo que realizaron los empresarios Juan Luis Flores Carpenter y Julio Alejandro Flores Pastrana, quienes se declaran dueños del lugar. 

 

En octubre de 2013 se suscitó un nuevo desalojo, a pesar de que, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), formaba parte de los bienes nacionales; en dicho operativo  resultó detenido Delfino Flores Melga de 89 años.

 

Delfino y su esposa de 70 años, la señora Porfiria Tlaminzi, fueron detenidos bajo los cargos de despojo y daño en propiedad ajena.  Dos días después de su detención, la señora Porfiria fue puesta en libertad tras el pago de una fianza de $150,000.00, pero en el caso de Melga, se impidió su libertad pese a ser un hombre nonagenario.

 

Su muerte se debió a una complicación en su frágil y evidente estado de salud, derivado del hecho de haber caído de la litera en la prisión donde dormía.

 

 

Enedina Rosas Vélez:

 

Desde que inició el proceso de expropiación, como parte del Proyecto Integral Morelos que incluye dos termoeléctricas y un gasoducto de máss de 150 kilómetros de extensión que transportará gas metano a lo largo de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Enedina Rosas, quien fuera representante del Comisariado Ejidal de su localidad, fue víctima de un acoso sistemático por parte de funcionarios del gobierno estatal para que convenciera a su comunidad de vender sus tierras, con el propósito de instalar el gasoducto; sin embargo, ni ella, ni los demás campesinos aceptaron y eso lo hizo saber a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los representantes de inversionistas españoles, así como a los funcionarios antes mencionados.

Tras la negación de la venta de tierras por parte de Rosas Vélez, el gobierno y los empresarios la presionaron para firmar, pero ella argumentó que su decisión no era personal, sino la de todos sus representados.

Los ejidos en disputa se localizan en las faldas del Popocatépetl, en una zona de riesgo volcánica categoría 2 y 3.  Expertos de la UNAM, consideran que el gasoducto coloca en riesgo no solo esta población sino otra centena de pueblos concentrados entre los estados que recorren el tramo; así la mayor parte de los pobladores es consciente de que el funcionamiento de los ductos pone en riesgo su vida, sobre todo ante la presencia de un volcán que si bien no tiene peligro de erupción, si se encuentra en fase activa.  Cabe mencionar que Xonacayucan, es uno de las 2061 propiedades que han sido afectadas.

El gobierno fabricó cargos en su contra a modo de dar un escarmiento a la comunidad, estos fueron la oposición a la ejecución de obra pública y robo agravado (sustracción de dos celulares); durante su aprehensión se desplazaron alrededor de quince patrullas estatales. 

Estando en prisión, su salud se vio seriamente afectada, su defensa solicitó una fianza y fue desechada por ser considerada una persona de alta peligrosidad. 

Para abril del 2016, el gobierno estatal había ya conseguido casi el 100% de los terrenos que necesita para el funcionamiento del gasoducto.

Ahora bien, el primer desalojo en tiempos de Moreno Valle ocurrió el 23 de agosto de 2011, ocurrió en el predio Ciénega Larga, Chignahuapan:

 

Ahí, 500 campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) reclamaban la propiedad del predio de 400 hectáreas de la ex hacienda Atlamajac, el cual se argumenta pertenecía a José Lorenzo Rivera Sosa y ocupaban de forma ilegal.  Cabe señalar que posterior al desalojo, los afectados mostraron sus títulos de propiedad.

Aludiendo que habitantes del predio se encontraban en él de forma ilegal, les desalojaron en medio de golpes, llegando a quemar algunas viviendas; cabe señalar que este desahucio se realizó sin haber presentado alguna orden judicial y las detenciones se realizaron bajo el pretexto de haber cometido actos vandálicos y/o pandillerismo. 

 

De acuerdo con los señalamientos de los afectados, quienes después mostraron documentos sobre la propiedad de los terrenos, en esa incursión ocho personas de la tercera edad y nueve mujeres sufrieron lesiones propinadas por los agentes. El caso más grave fue el de Artemia León Moreno, de 70 años de edad, quien recibió el impacto de un proyectil en la arteria glútea que puso en riesgo su vida, según se asentó en los dictámenes médicos realizados por el Ministerio Público adscrito al juzgado de lo civil y lo penal de Chignahuapan.

 

Es ahí donde se ocuparon por primera vez las balas de goma y cilindros de gas, sin que existiera alguna legislación que regulara su uso.

 

Los ejemplos son múltiples pero por supuesto, entre los más dolorosos se encuentra la represión llevada a cabo en Chalchihuapan cuando una docena de presidentes auxiliares se negaron junto a su cuidadanía a acatar la Nueva Ley Orgánica Municipal que suprimía el Registro Civil de las juntas auxiliares, para trasladarlos a las cabeceras municipales correspondiente.

 

Se llevaron a cabo cierres a carreteras de manera simultánea en Tehuacán y en la autopista Atlixco-Puebla, donde derivado del enfrentamiento entre la fuerza pública y los pobladores, resultó el alcance de un cilindro en la cabeza del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, perdiendo la vida días después, así también en daños físicos permanentes en varios pobladores y una docena de ellos detenidos.  Así también los presidentes auxiliares del propio Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección fueron aprehendidos.

 

En octubre del 2014 fueron aprehendidos cuatro personas de la comunidad de San Andrés Cholula por cerrar simbólicamente la presidencia municipal como expresión de rechazo al desarraigo de sus raíces culturales ante el proyecto del parque y/o estacionamiento en la zona aledaña a la pirámide.

 

Los casos son numerosos, pero con certeza, la persecución más encarnizada se llevó a cabo hacia los compañeros de la 28 de octubre, cuando su líder Rubén Sarabia Sánchez se negó a entregar la organización al Estado y en respuesta, él, dos de sus hijos y otros integrantes fueron apresados, además de sufrir numerosos actos de intimidación, ordenes de aprehensión y el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, el cual hasta el día de hoy no ha sido esclarecido. 

 

El Estado demostró su fuerza para oprimir movimientos, intentar desarticularlos, romperlos desde dentro y es que, de pronto una lucha legitima, pasa a segundo plano cuando se tiene que librar una batalla jurídica, sumado a que este amedrentamiento repercutirá en aquellos que son parte del movimiento, pues temerán sufrir ese “castigo Político”, es así que la única forma de librar esta batalla es a través de la visibilización, la unidad y la resistencia.

 

Pero cierto es que, como en este momento cuando nosotros intentamos organizarnos, el poder por su parte, crea nuevas leyes de opresión, como por ejemplo las derivadas del morenovallismo:

 

He señalado ya la Ley orgánica municipal, pero también ocurrió la

 

  • Concesión de Agua

Promulgada en diciembre de 2013.

El gobierno morenovallista otorgó a Concesiones Integrales S.A. de C.V., el permiso para administrar los más de 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla (SOAPAP) por un período de 30 años.

 

  • Ley de expropiación exprés.

Promovida por el diputado Eukid Castañón Herrera, entró en vigor el 13 de marzo de 2014

Las reformas permiten al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados de tal acción.

 

  • Ley Bala.

Promovida por Rafael Moreno Valle, entró en vigor el 19 de mayo de 2014. 

 

Se aprobó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública”, en ella, el tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto rubro permitía la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros; en días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social.

 

Hoy día dicha ley ha sido abrogada.

 

  • Ley Antigraffiti

Promovida por Eukid Castañón Herrera, entró el vigor el 11 de marzo 2015.

 

Establece una sanción de hasta dos años de cárcel a quien dañe propiedad ajena.

 

Consecuencias principales: El subdirector de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, mató de un disparo en la nuca a Ricardo Cadena Becerra, joven de 18 años, quien en un primer momento se afirmó pretendía realizar un grafiti con un gis, para posteriormente retractarse y señalar que el joven no era grafitero y el arma se había accionado accidentalmente. 

 

Si el hostigamiento y la violenta criminalización de la protesta social se presentan como solución, se deja claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de disidencia individual o comunal no solo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, y a cambio, caerá todo el peso de la “ley” para quien disienta y se manifieste.

 

Durante su periodo se promovió el desarraigo forzado a la tierra, a los bienes comunales y al patrimonio individual y cultural, hecho que las comunidades siguen resistiendo, como ha ocurrido en la sierra norte a través de la obstrucción a los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de termoeléctricas. El trasfondo de éstos hechos refleja una clara política de exterminio a través de la degradación del medio ambiente y por tanto de los recursos que de ella se obtienen, siendo el único sustento de vida de indígenas y campesinos, y por otro, en las tierras expropiadas para la instalación del gasoducto, una cerrazón absurda ante investigaciones científicas que demuestran el peligro de colocarlo en un volcán activo.  Además, de un claro desconocimiento del pasado histórico que impide valorar tanto el patrimonio tangible como el intangible, sumado a los ecocidios en nombre del progreso y la modernidad.

En medio de este escenario, es previsible señalar que Puebla se encuentra lejos de alcanzar paz y justicia, pues a todo expuesto, habrán de sumarse las concesiones derivadas de la reforma energética, que vulneran directamente la salud y el medio ambiente de los indígenas más pobres del Estado y que van desde la Sierra Norte, la mixteca poblana, hasta la Sierra Negra.

Reitero, la única manera de subsistir será a través de la unidad, la visibilización, la resistencia y el exigir que se castigue a los culpable que participaron en todos estos tortuosos procesos, de no hacerlo, siempre quedará el precedente que los gobiernos pueden actuar de manera arbitraria sin que jamás se exista una rendición de cuentas.

 

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