Actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pueden advertirse dos posturas diferenciadas en torno al proceso de sucesión electoral. La primera de ellas considera que es legal y legítimo el proceso electoral (auscultación sectorial) que se realizará el 20 de septiembre próximo para elegir a un nuevo rector o rectora. La segunda considera que el mismo es ilegal e ilegítimo por contravenir la normatividad universitaria y nacional. Ambas posturas han buscado fundamentarse en el terreno jurídico. Ambas son parte de la realidad universitaria y deben tratarse con respeto aún cuando se considere incorrecta a cualquiera de las dos.
La adopción de cualquiera de las dos posturas tiene consecuencias políticas que se derivan lógicamente de sus respectivas premisas. Así las cosas, pueden observarse dos posicionamientos con sus respectivas consecuencias. Al menos eso puede pensarse aplicando la lógica formal.
Primer posicionamiento:
A. No es posible participar como candidato y como votante en un proceso electoral si éste es ilegal e ilegítimo.
B. El actual proceso de sucesión rectoral en la BUAP se ha hecho de acuerdo a la normatividad universitaria y nacional por lo tanto el proceso electoral para realizar dicha sucesión es legal y es legítimo.
C. Ergo, es posible participar como candidato/a y/o como votante en este proceso electoral.
Segundo posicionamiento:
A. No es posible participar como candidato y como votante en un proceso electoral si este es ilegal e ilegítimo.
B. El actual proceso de sucesión rectoral en la BUAP no se ha hecho de acuerdo a la normatividad universitaria y nacional por lo tanto el proceso electoral para realizar dicha sucesión es ilegal y es ilegítimo.
Pero como suele suceder, la realidad es mucho más rica e inesperada que la teoría, por más lógica que esta última sea. Por ello hoy es posible encontrar en la BUAP un tercer posicionamiento.
Tercer posicionamiento:
Como se usa el término estrategia en ambos casos, es posible pensar en el logro de un objetivo. Si funciona la estrategia política y se resulta ganador en el proceso electoral, se olvida el cuestionamiento jurídico y se toma posesión del cargo por el cual se contendió. Si no funciona la estrategia política y se es derrotado en el proceso electoral, entonces queda la estrategia jurídica y se cuestiona judicialmente la legalidad y la legitimidad del proceso electoral, el cual se avaló y en el cuál se participó.Queda en el aire una pregunta: ¿Cómo puede cuestionarse judicialmente un proceso electoral por ilegal e ilegítimo si se le avaló y legitimó al participar como contendiente en el mismo? Les dejo de tarea resolver tan enredada aporía.
