Coyomeapan, darle una solución política

El 6 de diciembre pasado, el estallido del conflicto político en el municipio de Coyomeapan cumplió siete meses. Podemos fijar la fecha de dicho estallido con motivo de las elecciones del 6 de junio, cuando la población del lugar rechazó los resultados electorales que favorecían al candidato de la coalición PT-PSI apoyada por Morena. El candidato supuestamente triunfador en los comicios para elegir a la presidencia municipal recayó en Rodolfo García López. Los resultados no fueron aceptados por la inmensa mayoría del municipio, fueron calificados de fraudulentos, y con ello se dio lugar a la rebelión que ha vivido dicho municipio.

Las razones que dan los habitantes para la desobediencia es que el fraude alegado por ellos favorece al candidato del grupo que también ellos califican como caciquil. Éste estaría integrado por la familia Celestino Rosas. En efecto lo que los datos duros nos ofrecen es que dicha familia ha gobernado desde 2011 a Coyomeapan y ahora pretende seguir gobernando por otros tres años más: en 2011 resultó electo como presidente municipal, David Celestino Rosas. En 2014, la hermana del médico, Araceli Celestino Rosas lo sucedió en el cargo. En 2018 nuevamente resultó electo David Celestino Rosas. En 2021, el esposo de Araceli, Rodolfo García López, obtuvo la candidatura para ejercer el cargo hasta 2024.

La desobediencia civil del municipio ha vuelto nominal el poder político de la familia Celestino. El 22 de julio, día de la fiesta patronal del lugar, su organización corrió a cargo de los pobladores sin la intervención de las autoridades municipales. El 22 de agosto los habitantes del municipio tomaron el edificio de la Presidencia Municipal y otros más en señal de protesta por los resultados electorales. Pese a que no hubo vandalismo en dicha toma, entre el 1 y el 5 de septiembre fueron capturados Basilisia Montaño Gutiérrez, maestra rural e integrante del Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de Mujeres; Eruviel Aguilar Gómez, también maestro rural, Adán Anastacio González de oficio sastre y Gonzalo Martínez Herrera, mecánico y empleado de intendencia.

El conflicto se ha ido escalando. Los pobladores mantienen control de las entradas y salidas al municipio y las órdenes de aprehensión que al principio eran 21 ahora suman aproximadamente 30.

Paulatinamente las noticias del conflicto han ido trascendiendo pese a que muchos medios no las han difundido. La semana pasada una periodista denunció la situación de Coyomeapan en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Presidente respondió que instruía al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que viera directamente el asunto. Y el 9 de diciembre, la senadora Nestora Salgado presentó en el Senado un punto de acuerdo para darle una solución política al conflicto.

En su parte final, aquella en la que expresa la propuesta de punto de acuerdo, la legisladora propone que el Senado de la República apruebe tres pasos para darle una solución política al conflicto de Coyomeapan, los cuales me parecen muy acertados.

En primer lugar, que se exhorte respetuosamente al Gobierno del estado de Puebla para que logre la conciliación entre las partes del conflicto político en el municipio indígena de Coyomeapan. El gobierno de la entidad restablecería las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática reponiendo del proceso electoral cuestionado, a efecto de elegir a un gobierno municipal indígena con base en sistemas normativos propios (usos y costumbres) y en base a la libre determinación del pueblo indígena del municipio.

En segundo lugar, que se exhorte respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes por posibles violaciones a los derechos humanos de las personas arrestadas el mes de septiembre de 2021.

Finalmente, que se exhorte respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Puebla para que retire los cargos en contra de las personas privadas de su libertad y se brinde garantías que permitan esclarecer los hechos acontecidos en el municipio.

Transición a un nuevo régimen de gobierno municipal, de uno asentado en la Constitución a otro asentado en los sistemas normativos propios el cual también tiene fundamentos legales nacionales e internacionales. Preservación de los derechos humanos de las personas encarceladas y finalmente la libertad de las mismas. Tales son los tres pasos que la senadora Nestora Salgado está proponiendo al Senado para darle una solución política al conflicto. Dicha solución tendría una importancia nacional que va mucho más allá de este pequeño municipio asentado en la Sierra Negra de Puebla. Ojalá haya voluntad política de hacerlo.