Pobreza y desamparo en México/ Saúl Escobar Toledo

Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 que realizaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el INEGI (disponible en https://www.cnbv.gob.mx). Es la cuarta vez que se realiza un ejercicio similar; esta vez se llevó a cabo entre junio y agosto de 2021 en viviendas y a personas entre 18 y 70 años, e incluyó “las afectaciones económicas ocasionadas por la enfermedad COVID-19”.

De toda la información disponible, vale la pena resaltar, en esta ocasión, tres aspectos: la mala situación de los trabajadores mexicanos; la vulnerabilidad de las familias; y la debilidad institucional para atender ambas cuestiones.

En lo que se refiere al estado deplorable del mercado laboral, hay un indicador interesante: se preguntó a los entrevistados si “posee o tuvo posesión de una cuenta de ahorro para el retiro”. Independientemente de las fallas de este sistema de pensiones, individual y privado, el que un trabajador sepa que está inscrito en una AFORE y que sus patrones aporten a esa cuenta, es un indicio de que su empleo está protegido por la seguridad social y de que tiene cierta estabilidad (por lo menos en comparación a los que no tienen o no saben que tienen una cuenta para su retiro).

Los resultados muestran que sólo el 39% tiene una prestación de este tipo; el 7.4% que alguna vez tuvo; y el 53.5% que nunca ha tenido una cuenta en una Afore.

La brecha de género es notable pues mientras que casi la mitad de los hombres respondió afirmativamente, sólo el 31% de las mujeres lo hicieron.

Lo anterior, creo, refleja, que más del 60% de los mexicanos en edad de trabajar no lo hacen o laboran en condiciones precarias e informales. También revela que la exclusión y discriminación de las mujeres es muy grande: un número reducido cuenta con un empleo formal y la diferencia con sus pares masculinos es ancha, casi 20 puntos porcentuales.

La desigualdad regional también es muy acusada: mientras el Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) y la Ciudad de México tienen niveles cercanos al 50% de trabajadores inscritos en una cuenta para el retiro, en el Sur, Centro Sur y Oriente del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), los porcentajes apenas llegan al 30-32%.

Por otro lado, se preguntó si “de julio de 2020 a la fecha (mediados de 2021), ¿lo que ganó o recibió cada mes fue suficiente para cubrir sus gastos?”, el 52% respondió que no, seguramente debido a los efectos de la pandemia y a las condiciones estructurales de vulnerabilidad de sus empleos. Luego se les preguntó qué hicieron en este último caso, es decir, si no pudieron llevar a casa los bienes indispensables. Las respuestas fueron: el 54% “pidió prestado a familiares o personas conocidas”; el 56% “utilizó el dinero que tenía ahorrado”; el 20% “vendió o empeñó algún bien” y, algo tan lamentable como previsible, el 80% de las personas “redujo sus gastos”.

(Ilustración de Víctor Solis, tomada de revista Nexos)

La magnitud del daño causado durante los años 2020 y 2021 alcanzó a cuatro quintas partes de los mexicanos quienes tuvieron que reducir su consumo, suponemos que fundamentalmente de alimentos, mercancías como ropa y calzado, o servicios (transporte, educación, salud). Se entiende que los entrevistados pudieron elegir varias respuestas y respondido afirmativamente a las cuatro preguntas. Sin embargo, podemos asumir que las redes familiares o deshacerse una parte de su patrimonio, o ambas, sirvieron en parte, pero no totalmente, para detener la caída del consumo normal de las familias.

Resulta entonces evidente, la ausencia de la ayuda o protección del Estado. Debido a esta falla, la inmensa mayoría de los mexicanos sufrieron, al mismo tiempo, una reducción de sus compras más esenciales y, además, tuvieron que deshacerse de una parte de su patrimonio (sacando su dinero del “colchón” o vendiendo o llevando algunos de sus bienes a las casas de empeño). La pobreza se manifestó entonces en dos sentidos: una reducción de su gasto, y una pérdida de su patrimonio.

La condición precaria de los trabajadores mexicanos y sus familias también quedó en evidencia cuando se les preguntó “Si usted dejara de recibir ingresos, ¿Por cuánto tiempo podría cubrir sus gastos con sus ahorros?”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 32% de los mexicanos sólo puede aguantar “menos de una semana o no tiene ahorros”; otro 21% apenas podría cubrir sus gastos “al menos una semana, pero menos de un mes”; y el 26 % “al menos un mes y menos de tres meses”.

Es decir, el 80% de los mexicanos en edad de trabajar, si fueran despedidos de sus empleos, dejaran de laborar, o recibir algún pago por alguna otra razón (y no estuvieran asegurados), aguantarían a los sumo tres meses para cubrir sus gastos.

Aquí se revela otra falla institucional, la inexistencia de un seguro de desempleo, pues éste podría dar respiro por lo menos por seis meses al trabajador que perdió su trabajo. Esto puede resultar vital para impedir que esa persona caiga en la economía informal (incluyendo actividades ilícitas), o en un desempleo demasiado prolongado que puede llevar a su familia a la pobreza extrema.

En el caso de los trabajadores que no cuenta con un empleo asalariado o remunerado, se podrían pensar en otros mecanismos de protección que se pondrían en marcha en situaciones especiales, por ejemplo, una renta o ingreso focalizado por tiempo determinado. O, siendo más optimistas, por un fondo especial, con recursos públicos que podría existir de manera permanente y recibir aportaciones de los trabajadores cuando cese la emergencia.

El dato más sorprendente de la encuesta que nos ocupa la encontramos cuando se les preguntó:

 “¿Usted recibe algún apoyo económico o programa de gobierno como personas adultas mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, entre otros?”. Sólo el 9.5% contestó que sí: 11.5% en el caso de las mujeres y 7.2% en el caso de los hombres.

En cifras absolutas, ello se traduce, según el estudio, en 8 millones de personas, 5 millones de mujeres y casi 3 millones de hombres (esta diferencia podría deberse a que las madres de familia cobran las becas escolares para sus hijos más que los hombres).  En cambio, se puede suponer que casi el 91% de los mexicanos en los rangos de edad señalados, carece de apoyos gubernamentales: casi 76 millones de personas.

Estas cifras pueden tener algún error o desviación. Los autores del estudio advierten una confianza del 90% y que su estimación tiene un “coeficiente de variación menor o igual al 15%”. Es decir, como toda encuesta, no puede ser un reflejo exacto de la realidad.

En este último asunto, hay que subrayar que el gobierno afirma que tan sólo el programa “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores” abarca casi 8 millones de beneficiarios. De cualquier manera, las cifras son dignas de un estudio más detallado y revelarían que los apoyos del gobierno llegan a un número muy reducido de la población.

A pesar de las imprecisiones que puede tener la encuesta que comentamos, sus resultados muestran crudamente la ausencia de protección del Estado para la inmensa mayoría de los mexicanos en materia de ingresos. Es decir, sin tomar cuenta las carencias en materia de servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, agua, etc.

Ahora que, a los perjuicios de la pandemia se ha sumado la inflación, el desamparo de los mexicanos se revelará aún mayor, desafortunadamente. Sume usted a lo anterior, la política de Hacienda y el Banco de México, austeridad y elevación de las tasas de interés, y el resultado será un agravamiento de la situación de las familias en los próximos meses. Además, el mensaje del 15 de mayo, acerca de los aumentos salariales a los maestros no parece anunciar tampoco buenas noticias: ¿estamos, otra vez, como en los mejores tiempos neoliberales, ante una política de topes salariales?

saulescobar.blogspot.com