Ayotzinapa. el nuevo carpetazo / Héctor Aguilar Camín

 

(Ilustración: Fabricio Vanden Broeck, revista Nexos)

 

Regreso a la noche de Iguala

 

Quienes dimos por buena la “verdad histórica” del caso de Ayotzinapa debemos revisar aquella creencia a la luz de la nueva información sobre el caso.

 

La información nueva es de fuentes que no habían sido exploradas hasta ahora. 

 

En primer lugar, las llamadas telefónicas interceptadas por las agencias estadunidenses que seguían desde Chicago a los responsables de enviar heroína desde Guerrero. 

 

En segundo lugar, la información de los archivos de inteligencia de la Sedena, el Cisen, la Marina y otras dependencias entregadas parcialmente por órdenes del presidente López Obrador.

 

En tercer lugar, la información obtenida durante la nueva investigación del caso mediante la revisión del arsenal previo de datos y las declaraciones de nuevos testigos.

 

Finalmente, el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el informe Covaj, que incluyó comunicaciones entre los responsables de los hechos no divulgadas hasta ahora.

 

El retrato que surge de esta nueva información es que la noche de Iguala del 26 de septiembre y los días que le siguieron, derivan de una vieja estructura de complicidad regional de políticos, militares, policías y criminales.

 

La nueva información revela, también, que la pesquisa federal de los hechos tuvo como premisa excluir de sus averiguaciones a los militares, y limitar el caso a la responsabilidad de las policías municipales, los grupos criminales, el alcalde de Iguala y sus alcaldes vecinos.

 

Para esto, sugiere la nueva versión de los hechos, la PGR fabricó una versión alternativa de lo sucedido, inventando, manipulando y ocultando lo que sucedió.

 

Lo que la nueva información propone es que aquella noche de Iguala fue la puesta en acto de un microcosmos criminal preexistente, común a otras partes de México: la colusión de instancias fundamentales del poder local con el crimen, en este caso tolerado y encubierto por el gobierno federal.

 

El presidente Eisenhower denunció en su tiempo la existencia de un “complejo militar-industrial” estadunidense.

 

La nueva información sobre Ayotzinapa sugiere la existencia de un “complejo político-militar-policiaco-criminal” mexicano.

 

Estuvo en Iguala y está en muchas partes.

 

Los militares en Iguala, 2014

 

La nueva información sobre el caso Ayotzinapa muestra que los militares tenían un conocimiento puntual de todo el microcosmos político y criminal de Iguala, y de lo que sucedió el día 26 de septiembre y los siguientes.

 

Según esta versión alterna a la “verdad histórica”, los militares tenían intervenido con su sistema de inteligencia a todo mundo: normalistas, políticos, familiares, policías locales y todo lo que juzgaran de interés.

 

Monitoreaban sin ningún cumplimiento de formas judiciales, mediante diversos sistemas de intercepción, entre ellos el famoso Pegasus.

 

Habrían tenido registro en tiempo real de lo sucedido en todos los frentes del tejido delincuencial que se materializó la noche del 26 de septiembre en Iguala: cada movimiento de los normalistas, cada incidente registrado aquella noche y una comunicación fluida con autoridades, policías municipales y con criminales, a los que por momentos les hablaban como jefes.

 

En el Informe de la comisión Encinas, la Covaj, hay pantallas de mensajes del  coronel en jefe y de otros oficiales del 27 Batallón de Infantería, en los que los militares preguntan por el destino de los normalistas, urgen a “limpiar todo”, ofrecen “encargarse” de seis que estaban vivos todavía el 4 de octubre, en una bodega de Pueblo Viejo, un barrio de Iguala, donde los cautivos fueron ejecutados.

 

En algún momento, en esos mensajes, los militares ofrecen las instalaciones del cuartel para guardar los cuerpos, porque ahí nadie podría entrar.

 

Un jefe criminal, El Chino, que se siente traicionado porque su cómplice, El Negro, pactó con el coronel su impunidad, habla así de ambos: “Pinche Negro traicionero y pinche coronel, tanto dinero que recibió que yo personalmente le llevé hasta el 27 (batallón)” ( Covaj, p.68).

 

En el informe IV del GIEI sobre Ayotzinapa (29/9/22) se consignan tratos de complicidad de la Marina con criminales que se refieren a ella como La Marinela, con la que tienen comidas, a la que entregan dinero y a la que mencionan, después de un encuentro violento con rivales, del siguiente modo:

 

“Ya estaban cerquitas estos putos (…) Sí, pero les rompimos su madre (...) Ay anda la Marina, va de parte de nosotros” (Ayotzinapa IV, p.19).

 

Según esta verdad alterna, los militares de Iguala habrían sido parte de la infección, no su antídoto.

 

Ayotzinapa. El encubrimiento, 2014

 

Antes de empezar su investigación de Ayotzinapa, la PGR habría decidido encubrir los hechos, dejar fuera al ejército, culpar a otros.

 

Esto se deriva de mensajes incluidos en el informe de la Covaj.

 

El 29 de septiembre, el alcalde José Luis Abarca escribe al capitán (Martínez) Crespo, del 27 Batallón, clave en el caso:

 

“El pendejo de EPN mandó a su sirviente tomaz ceron a dar una ‘solución’ (…)  que en dado caso pida licencia y desaparezca” (sic).

 

Esto, sigue Abarca, “en aras de la justicia, por los afectados padres de los mugrosos pinches estudiantes, quede yo como actor intelectual solo unos meses y me saca del país” (Informe Covaj, p.71).

 

El capitán Crespo pregunta:

 

“Y con nosotros qué, (el coronel) Rodríguez está muy inquieto dice que nos podemos ir todos entre las patas, y yo pienso lo mismo” (Covaj, p.72).

 

Crespo le escribe a Abarca que en la calle se rumora que “van a poner gente”, a entregar culpables. Abarca responde:

 

“Es correcto lo que se olle, para salvarnos nosotros ai que poner, los que estamos arriba vamos a ayudar a que el gobierno de EPN se levante el cuello y vamos en el pastel” (sic).

 

Un jefe criminal, El Negro, que ha llegado a un arreglo de impunidad con el coronel, le dice la solución a otro jefe, El Tilo:

 

“Que entreguemos a varia de la gente y nosotros nos quedamos librados de todo, el alcalde junto con el titular de la policía de México tienen la manera de arreglar todo, ellos van a acomodar todo con la marina, y los directores (…) para salvarnos nosotros tenemos que sacrificar varia gente y con ello quedarnos libres y quedarnos trabajando”.

 

El Tilo replica: “y por qué no de la gente de ellos, todos cargamos el muerto”.

 

El Negro explica: “a ellos también les conviene que no se sepa por intereses políticos que no se vean involucrados el gobierno federal, los federales y el ejército” (Covaj, p.81).

 

Como se ve, la “verdad alterna” de la Covaj no pone el acento en los responsables locales, sino en el ejército y en el encubrimiento correspondiente del gobierno federal: según la Covaj, los criminales son también los encubridores.

 

Penurias de la “verdad alterna” de Ayotzinapa

 

La verdad alterna sobre la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa ganó el campo oficial de la investigación al cambiar el gobierno en 2018 y constituirse la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, la Covaj, encabezada por Alejandro Encinas, y con la presencia renovada del GIEI.

 

Los nuevos responsables de establecer la verdad obtuvieron nueva información de fuentes estadunidenses y de la Defensa, la Marina, el Cisen y sus propias averiguaciones.

 

Todo fue puesto en manos de una fiscalía ad hoc, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Ueilca, creada el 26 de junio de 2019, dentro de la Fiscalía General de la República.

 

En el seno de la nueva búsqueda se gestó pronto una divergencia de criterios que puede medirse en hechos y fechas.

 

El 18 de agosto de 2022, como primer resultado de su investigación, la Ueilca solicitó 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra militares.

 

Le fueron otorgadas al día siguiente, el 19 de agosto, por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de México. 

 

El mismo 18 de agosto, la Covaj dio a conocer su informe, tachado al punto de hacerlo insustancial, o demasiado parecido al relato de la “verdad histórica”, pero fue filtrado sin testar y quedó claro que su novedad central era responsabilizar al Ejército.

 

Al día siguiente, el GIEI criticó la falta de rigor técnico de los mensajes presentados por la Covaj, lo cual podría nulificar su valor jurídico.

 

El 19 de agosto fue aprehendido el ex procurador Murillo Karam, mediante una orden de aprehensión que una ministerio público recién llegada a la Ueilca emitió sin consultar con el titular, Omar Gómez Trejo.

 

El 13 de septiembre la FGR se saltó a la Ueilca y pidió el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de aprehensión que ésta había solicitado días antes, petición que el juez otorgó.

 

El 23 de septiembre presentó su renuncia a la Ueilca su fiscal, Gómez Trejo.

 

Así estalló en pedazos la versión alterna a la “verdad histórica”. 

 

Ahora hay la disputa de tres versiones sobre lo sucedido en Iguala: la verdad histórica, la verdad alterna del Covaj y la verdad discrepante de la alterna, de la Ueilca y el GIEI.

 

Y llevamos ocho años en esto.

 

 

 

Ayotzinapa. El nuevo carpetazo

 

El corazón de la ruptura política dentro del seno de la “verdad alterna” del Caso Ayotzinapa es, otra vez, la responsabilidad del Ejército en el crimen y, otra vez, la decisión presidencial de no afectarlo.

 

De las 21 órdenes de aprehensión canceladas por la FGR, 16 fueron de militares: 10 soldados del 27 Batallón de Infantería, el comandante del Batallón, un oficial y su teniente de inteligencia del mismo batallón, y miembros operadores del C-4, al que reportan todas las fuerzas de seguridad de la zona (GIEI, Ayotzinapa, IV, p. 33).

 

En una conferencia matutina, el Presidente explicó que había en esas órdenes de aprehensión de la Ueilca el propósito de rebelar al Ejército y reventar la investigación.

 

Los números buenos, dijo el Presidente, eran los cinco militares implicados en el informe de la Covaj y no los 16 adicionales de la Ueilca.

 

“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino, son soldados… Meten a los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás”.

 

Cuando habla de dar marcha atrás, el Presidente se está refiriendo a la decisión que había tomado ya de detener al ex procurador Murillo y al general Rodríguez Pérez, entonces coronel del 27 Batallón.

 

Difícil entender por qué el GIEI y uno de sus colegas, habilitado como fiscal de la Ueilca, Omar Gómez Trejo, querrían impedir la detención de dos personajes a los que habían combatido por todos los medios a su alcance, dentro de la investigación. Si alguna objeción pusieron fue que las detenciones eran prematuras, y podían facilitar la defensa de los detenidos.

 

Se entiende en cambio que con dos detenciones espectaculares el gobierno quisiera darle satisfacción a la opinión pública, y cerrar ahí, con un carpetazo espectacular, lo que todavía es un pantano de verdades a medias.

 

Llevamos en esto ocho años y es la hora en que nadie ha podido decirle a los familiares de las víctimas exactamente qué pasó con sus hijos.