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Gobierno | Investigación | 24.FEB.2023
Gobierno de Puebla y su modus operandi para cuadrar observaciones de ASF / Israel Velázquez
Investigación de e-consulta
Uso de camionetas RAM 4x4, Silverado Custom, Frontier, pago de gasolina y viáticos, armado de machotes exprés y 22 brigadas, para justificar 3.5 mdp
Una serie de documentos oficiales da cuenta de lo que llegó a hacer el gobierno de Puebla, durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al detectar irregularidades en el ejercicio de los recursos federales.
En la segunda entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 la ASF encontró que la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no entregó evidencia de cómo gastó 3.5 millones de pesos que supuestamente se destinaron a impartir cursos de capacitación en los 217 municipios del estado.
Los resultados de la auditoría 21-5-04000-19-0068 señalan en el anexo OASF/0762/2022, fechado el 3 de noviembre de 2022, que no se tenía evidencia de la documentación del manual del participante, de las listas de asistencia y final de calificaciones, de la grabación de cada una de las sesiones, ni de la memoria fotográfica en la que se sustentó el curso impartido a los 1,085 participantes en los 217 municipios del estado.
En el oficio SFPPue/OS/7985/2022 la Secretaría de la Función Pública le pide a María del Carmen Carabarin Trujillo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, que le entregue a más tardar el 5 de diciembre la documentación que requiere la ASF en el pliego de observaciones 2021-A-21000-19-0068-06-001. El oficio está firmado por el titular de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
A partir de esa fecha Carabarin Trujillo puso en marcha una estrategia para conseguir la documentación que debió entregarle en tiempo y forma Gubasa Consultores SC, proveedor de los cursos que según el contrato SG/CGA-DRMSG/0084/2021, firmado el 3 de diciembre de 2021, debieron impartirse en los 217 ayuntamientos del estado a un precio unitario de 1 millón 724 mil 137 pesos.
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Entre el 22 y el 25 de noviembre la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas formó cuadrillas de trabajadores para que, con costo al erario de Puebla, visitaran a los 217 alcaldes de Puebla con el propósito de convencerlos de que firmaran oficios y constancias en los que se daba cuenta de que los cursos se habían impartido los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2021.
Integran 24 brigadas para visitar alcaldes
Se formaron 24 brigadas integradas cada una por dos trabajadores de la Comisión de Búsqueda de Personas. A cada brigada se le asignó un vehículo y le tocó convencer a entre ocho y doce presidentes municipales de firmar los oficios redactados en el organismo encabezado por Carabarin Trujillo.
Así, por ejemplo, a la brigada 11 integrada por Claudia Yazmín Caleco Rodríguez y Lizzet Muñoz Saucedo, le correspondió visitar a los alcaldes de San Juan Atenco, Aljojuca, San Salvador El Seco, Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Acajete, Tepatlaxco de Hidalgo, Amozoc, Cuautlancingo y Puebla. Ellos se fueron en un automóvil Versa SENSE CVT.
A la 24, integrada por Carlos Ybrain Castillo López y Porfirio Castro Sánchez le correspondió visitar Cohetzala, Jolalpan, Teotlalco, Huehuetlán El Chico, Chiautla de Tapia y Tehuitzingo. Viajaron en un automóvil CR-V.
Y a la brigada a la brigada 15, conformada por Roberto Vallejo Camarillo y Paola López Olivares, las enviaron en una RAM-1500 a Tepexco, Tlapanalá, Chietla, Atzala, Tilapa, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, Xochiltepec, San Martín Totoltepec y Epatlán.
Cada brigada partió a su destino con un machote en el que tenían «a bien constatar la participación satisfactoria del personal adscrito a este municipio en dichos cursos y la recepción de las constancias respectivas».
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¿Qué firmaron los alcaldes?
El documento también dejaba constancia de que «las actividades realizadas dentro del curso fueron: 1.- Introducción, en la cual se expuso un brevemente en forma de síntesis del contenido del curso, objetivo y los aspectos generales de las referidas capacitaciones; 2.- Actividades prácticas, se hicieron intercambios de opiniones y puntos de vista, con los ponentes; 3.- Orientaciones, constantemente los ponentes se detenían a preguntar si existía algún tipo de duda o preguntar en relación a los temas expuestos; 4.- Cierre del taller, por último, expuso lo relativo al logro de los objetivos de los cursos, así como una retroalimentación del mismo.»
Además, los alcaldes aceptaban, entre otras cosas, que «se recibió por parte de la empresa que capacitó, diversos materiales didácticos, para completar las clases impartidas, entre ellos legislación en materia de búsqueda de personas desaparecidas.»
Una vez firmado, cada municipio lo imprimía en papel membretado y los empleados de la Comisión de Búsqueda de Personas daban por terminada esa parte de su misión.
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La planeación de Carabarin Trujillo fue tan escrupulosa que a cada una de las brigadas le fue entregado un documento con el itinerario aproximado saliendo de la Comisión de Búsqueda de Personas a una de las alcaldías asignadas y de ésta a las siguientes, e incluye con código QR que se abre en Google Maps.
El despliegue de recursos implicó utilizar incluso cuatro automóviles RAM 4x4, Silverado Custom doble cabina, Estacas, Transporter, Frontier, con el consiguiente gasto en gasolina para cada unidad.
El 16 de diciembre, según el oficio SG/CBPEP/7071/2022 Solventación de observaciones auditoría número 68/2022, Carabarin Trujillo remitió la información requerida a la Secretaría de la Función Pública que funciona como enlace institucional con la Auditoría Superior de la Federación.
El oficio fue entregado también a la oficialía de partes y a la Coordinación General de Administración de la Secretaría de Gobernación entre las 14:44 y las 14:49 horas, con copia a Ana Lucía Hill Mayoral, quien ese día ya era ex titular de la Segob y en funciones había entrado Julio Miguel Huerta, uno de los primeros cambios que se sucedieron tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta, entonces titular del ejecutivo.
A partir de que la Función Pública entrega la información con la que la Comisión de Búsqueda de Personas trata de solventar las irregularidades comienza a correr un plazo de 180 días para que la ASF emita la resolución de si quedan o no solventadas las irregularidades.
Más observaciones
Este jueves María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dijo que en 2021 el gobierno estatal ejerció un presupuesto de 100 mil millones de pesos, de los cuales la ASF registró irregularidades en 3 mil millones de pesos.
De esa cantidad alrededor de 2 mil millones se hicieron solicitudes de aclaración: “no es un tema económico, se cuantifica porque en la Auditoría ven los procesos, lo que tenemos que hacer es aclarar todos los procesos de gestión, de procedimientos, de trámites”, dijo la funcionaria.
De los mil millones restantes, dijo, son pliegos de observación que hace la ASF y que deben desahogar varias dependencias del gobierno de Puebla, que consisten en tabuladores establecidos en la Ley de Egresos y que se deben de actualizar a los marcados posteriormente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
