La Corte ante la nación / Héctor Aguilar Camín

Hoy lunes se inicia la discusión en el pleno de la Suprema Corte del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la constitucionalidad de las reformas legislativas de 2022, ésas que transfirieron el “control operativo y administrativo” de la Guarda Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las reformas de 2022 invirtieron el mandato que se definió al respecto en el artículo 21 de la Constitución, aprobado en 2019.

En el artículo 21 se establece con claridad meridiana que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil y estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

El proyecto del ministro González Alcántara declara inconstitucionales los criterios que permitieron invertir el mandato del artículo 21 original, y que están contenidos en los artículos transitorios del mismo artículo 21, aprobado en 2019.

Esos artículos autorizaron que, transitoriamente, mientras se creaba, la Guardia Nacional pudiera integrarse con personal de la Defensa y de la Marina y que éstas dependencias participaran en definir la estructura de la propia Guardia.

Autorizaban también que, durante 5 años, mientras cuajaba la Guardia Nacional, el Presidente pudiera disponer de las fuerzas armadas para enfrentar problemas de seguridad pública.

Eran autorizaciones transitorias, que dejarían de estar en vigor cuando acabara de construirse la Guardia Nacional como una institución civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y formada según la “doctrina policial”, no militar.

El problema es que los artículos transitorios son sumamente ambiguos y buscan ser más que transitorios, permanentes. Por eso el ministro González Alcántara propone leerlos de manera limitativa, estricta, efectivamente transitoria.

Para que lo legislado como provisional, no se asuma como definitivo.

El análisis de González Alcántara es complejo y entusiasma por su refinamiento a los expertos. Pero su dilema de fondo es tan sencillo como fundamental para el futuro político de México.

Ese dilema es si la seguridad pública del país debe estar a cargo de las fuerzas armadas o a cargo del gobierno civil.

González Alcántara no tiene dudas al respecto: la entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas es inconstitucional.

Veremos hoy qué dicen sus pares. Hacen falta 8 votos del pleno para que México regrese a la senda civil en materia de seguridad pública.