La Atlixcáyotl y la represión de la manifestación pacífica por la seguridad vial / Armando Pliego Ishikawa

El viernes 9 de febrero, alrededor de las 5 de la tarde en el crucero de la avenida Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, un grupo de choque auxiliado por agentes de la policía estatal agredió a golpes a un grupo de ciudadanos que realizaban una manifestación de protesta por las condiciones de inseguridad para peatones y ciclistas en esa vialidad. Para enfrentar las denuncias de la represión de la protesta ciudadana expuesta claramente en redes sociales el gobierno de Salomón Céspedes Peregrina ha ofrecido una explicación en la que descontextualiza los hechos y los reduce en su motivación a la coyuntura electoral en la que estamos. Es obligado entonces precisar  el verdadero fondo de este acontecimiento y realizar las preguntas pertinentes sobre la responsabilidad del gobierno estatal en el mismo.

La policía estatal abre paso a una de las camionetas en la que arriva el grupo de choque que reprime a los manifestantes.

 

Las denuncias en redes sociales

 

El contexto histórico

 

El reclamo por la seguridad vial en Puebla no es nuevo. En nuestra ciudad los choques, las volcaduras, los atropellamientos, están a la orden del día y nuestra zona metropolitana es una de las que presenta mayor número de muertes provocadas por los siniestros viales a nivel nacional.

 

Sin embargo, la aproximación de las autoridades a la cuestión de la movilidad considera antes otros factores que el de la protección de la integridad física de las personas. Históricamente, la prioridad al abordar la movilidad en las ciudades, ha sido desde mediados del siglo pasado la circulación de los vehículos motorizados particulares.

 

La narrativa hegemónica por un lado y la distribución presupuestal y de atribuciones dentro de los gobiernos, por el otro, han operado desde mediados del siglo pasado para dar respuesta a la pregunta de cómo mover más coches más rápido, sin detenerse a preguntarse antes cuánta gente se mueve en automóvil y qué otras alternativas existen.

Bajo el estandarte del combate a la congestión vehicular se han reducido banquetas, talado árboles, entubado ríos, derribado edificios históricos, destruido viviendas y desplazado comunidades enteras, todo para dar más espacio para mover y estacionar automóviles.

 

Tal es el caso de la Vía Atlixcáyotl en Puebla. Construida en 1988, fue pensada para albergar muchos coches y mucho tráfico. Ahora, como profecía autorrealizada, es precisamente lo que tenemos: muchos coches y mucho tráfico.

 

Esta vía provocó el desparramamiento de la ciudad hacia el sur. Conforme pasó el tiempo, la Vía Atlixcáyotl sirvió como un eje que detonó cambios de uso de suelo y desarrollos inmobiliarios importantes, como Lomas de Angelópolis, Sonata, etc.

Estos desarrollos incrementaron significativamente la cantidad de autos que tienen que circular por ahí diariamente, ya que, por su propio diseño y escala, es muy complicado moverse por esa zona sin auto propio. Nadie que viva en Lomas podría hacer su vida sin auto. Simplemente no son entornos caminables y una actividad tan sencilla como comprar unos chicles en la tienda nos exigen usar una máquina de una tonelada de un gasto energético enorme.

 

Alrededor de la Vía Atlixcáyotl se crearon además comercios, oficinas, escuelas, universidades y muchos centros productores de viajes que requieren de trabajadores que no llegan en auto; sin embargo el entorno está totalmente pensado en el auto y no en el peatón.

 

Al hacer espacios como el Centro Comercial Angelópolis se pensó en el cliente que llega en automóvil y no en el cajero del cine, la mesera o el vendedor de ropa, que llega en transporte público. Quien limpia el inodoro de las viviendas de Lomas de Angelópolis o corta el pasto de las áreas verdes frente a las casas definitivamente no llega en automóvil propio.

Todas estas personas de clase trabajadora llegan en transporte público, taxis, taxis pirata y cualquier alternativa a su alcance. A ellos no se les consideró de la misma forma que a los consumidores. No se les dedicó en proporción ni los recursos públicos ni las horas de trabajo invertidas a pensar en las soluciones de transporte orientadas a los clientes a quienes estos trabajadores sirven.

 

Para este sector se improvisaron accesos peatonales y puentes, todo a posteriori, una vez que se identificó lo evidente, que era el hecho de que ellos no llegaban en auto y tenían que cruzar la calle para tomar el transporte público. Para los consumidores se planearon sobrados cajones de estacionamiento, distribuidores viales de varios cientos de millones de pesos y accesos vehiculares que obstruyen o de plano desaparecen las banquetas.

 

Así fue, con todo este desarrollo de negocios, universidades, centros comerciales, oficinas y viviendas, que la Atlixcáyotl, que originalmente se hizo con una aspiración de autopista urbana, ha modificado su vocación, al tener distintos tipos de uso de suelo. Y dicha vocación exige un entorno que satisfaga no sólo las necesidades de los vehículos motorizados individuales, sino de usuarios de transporte público, peatones y ciclistas. Hoy está rebasada en su capacidad vehicular y ya no es la vía rápida que se aspiraba a tener, y por todo el desarrollo que ha tenido alrededor ya no puede serlo.

 

El proyecto del gobierno de Sergio Salomón Céspedes para la Atlixcáyotl

 

Ante el evidente incremento de viajes en auto particular, en parte generados por la falta de alternativas (banquetas sin sombra que desaparecen, ciclovía en camellón sólo para paseo y deporte con poca conexión a calles transversales, transporte público insuficiente y de mala calidad), el gobierno del estado de Puebla encabezado por Sergio Salomón Céspedes, anunció en octubre de 2023 que prepararía un proyecto para mejorar la circulación vehicular.

 

En esencia, el proyecto anunciado originalmente por el gobierno estatal consistía en la cancelación de vueltas izquierdas, de retornos vehiculares, de semáforos (como en el caso de Av. Kepler), así como en el retiro de paradas de transporte público y de pasos peatonales. Todo lo que fuera visto como un estorbo para la circulación vehicular habría de ser retirado, aunque esto obligara a los peatones a caminar más y exponerse más a la inseguridad para cruzar la calle o para esperar el transporte público.

 

Tras una rápida respuesta de algunos activistas, se logró evitar la cancelación de las paradas de transporte público y el paso peatonal de Cúmulo de Virgo, construidos en 2017. No fue así el caso del cruce en Kepler o de la parada en Vía San Ángel, que sí se cancelaron, generando problemas para quienes tienen que moverse por la Atlixcáyotl sin auto propio. En el caso del CCU, se redujo el tiempo semafórico de cruce y sólo hay 30 segundos de semáforo en rojo vehicular para cruzar 40 metros de calle.

 

En menos de un mes de “piloto” el gobierno concluyó que los cambios permanecerían y que además se haría un distribuidor vial más al sur, en la intersección con el Periférico Ecológico, con un costo de 250 millones de pesos. Sin proyecto ejecutivo y con sólo tres meses para gestionar los recursos necesarios, iniciaron obras el pasado 29 de enero.

 

Es fundamental destacar que esta intervención contraviene disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que indica lo siguiente en su artículo 37:

 

Artículo 37. (...)

 

El diseño vial de las vías públicas deberá atender a la reducción máxima de muerte o lesiones graves a las personas usuarias involucradas en siniestros de tránsito. Asimismo, deberá incorporar criterios que preserven la vida, seguridad, salud, integridad y dignidad de las personas usuarias de la vía, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad. (...) En caso de carreteras y autopistas ya existentes, se colocarán reductores de velocidad en los puntos críticos. Cuando un tramo de vía de jurisdicción federal o estatal se adentre en una zona urbana, ésta deberá adaptar su vocación, velocidad y diseño, considerando la movilidad y seguridad vial de las personas que habitan en esos asentamientos.

 

Cuando una vía de jurisdicción federal o estatal corte un asentamiento humano urbano a nivel y no existan libramientos, deberá considerarse la construcción de pasos peatonales seguros a nivel, para garantizar la permeabilidad entre las zonas urbanas. Las vías interurbanas adentradas en zonas urbanas deberán considerar según su uso, el espacio adecuado para las personas que se trasladan a pie y en bicicleta, así como en su caso, espacio para circulación, ascenso y descenso del transporte público.

 

La manifestación en Cúmulo de Virgo del viernes 9 de febrero

 

Apretujados en la camioneta, miembros del grupo de choque.

 

Cúmulo de Virgo, el crucero peatonal que sí se logró mantener, forma parte de un proyecto de crucero inteligente realizado por la administración de Tony Gali. Dicho sea de paso, ese recurso había logrado bajar a cero el número de peatones atropellados en este punto durante los últimos siete años, hasta que este jueves 8 de febrero, una estudiante de la BUAP fue atropellada en este punto.

 

Este atropellamiento puede ser señalado como consecuencia de la falta de mantenimiento al semáforo peatonal del CCU, denunciada al gobierno estatal desde el mismo octubre del año pasado, así como producto directo de las modificaciones hechas para el proyecto del gobierno estatal que obligan a peatones a esperar más de dos minutos para que el semáforo vehicular se ponga en rojo. También a que a pesar de la existencia de dicho semáforo, los automovilistas no se detienen e impunemente cruzan a la vista de las autoridades sin que haya consecuencias.

 

Es así como este viernes a las 16:00 horas, organizaciones promotoras de políticas de movilidad sustentable, principalmente agrupadas en Masa Crítica, un grupo de colectivos de disidencias ciclistas y trabajadores de bicioficios, convocaron a una manifestación pacífica para señalar a las autoridades y a la sociedad poblana la urgencia de atender la inseguridad vial en Puebla, así como de mejorar las condiciones para el cruce para peatones frente al CCU en la vía Atlixcáyotl, para evitar otro atropellamiento. Dicha manifestación pacífica consistió en un cierre intermitente de la Atlixcáyotl para dar más tiempo para el cruce del paso peatonal.

 

Lamentablemente, la manifestación pacífica fue atacada por parte de lo que los activistas señalaron como un grupo de choque. Varios hombres llegaron en vehículos particulares y descendieron de ellos con el objetivo claro de agredir físicamente a manifestantes y a periodistas que se encontraban en el punto dando cobertura a los eventos. De acuerdo con personas presentes en el lugar, estos vehículos se abrieron paso entre el tráfico con apoyo de la policía estatal, que luego adoptó una actitud pasiva, y se limitó a observar la agresión contra los manifestantes. Varios de ellos golpeados, arrebatados de sus pertenencias e instrumentos de trabajo y con sus bicicletas dañadas, los activistas y periodistas se replegaron al CCU, y así es como concluye esta acción de protesta tras la represión violenta.

 

Según Céspedes Peregrina estos tipos son "los automovilisfas".

 

 

 

La respuesta mediática y la narrativa del gobierno estatal

 

Con la velocidad de las redes sociales, rápidamente nos enteramos de los acontecimientos que sucedían en este punto de la Vía Atlixcáyotl. Prácticamente en tiempo real pudimos dar seguimiento de la agresión de la que este grupo de manifestantes pacíficos fue víctima, y los esfuerzos oficialistas por crear narrativas con las que la opinión pública pudiera configurarse no tardaron en echarse a andar.

 

Las narrativas impulsadas por los opinadores y medios asociados al oficialismo pueden ser englobadas en dos grandes categorías: la primera es que “los automovilistas enojados se enfrentan con ciclistas manifestantes” y la segunda es que “el partido Movimiento Ciudadano estuvo detrás de la manifestación”, ya que entre los asistentes a la convocatoria acudió Antonio Leal, aspirante a candidato de esta institución política, quien dicho sea de paso, ha sido un ciclista aliado de estas causas por años, y que también fue golpeado por los agresores, hecho que estos medios omiten.

 

Estas narrativas fueron reforzadas por el propio comunicado compartido por el gobernador en sus redes sociales, donde por un lado equipara la violencia de los agresores con la manifestación misma, y por otro, señala el contexto electoral en que estos acontecimientos suceden.

 

Ambas narrativas no reflejan lo que realmente ocurrió, y evaden deliberadamente las claves para entender la totalidad del evento, ya que omiten que la convocatoria fue hecha por Masa Crítica, un grupo abiertamente crítico de la política institucional y que no responde a intereses partidistas, y también que los agresores que golpearon a activistas y periodistas, viajaban en grupo en vehículos particulares, y llegaron directamente a intentar disolver la manifestación.

Mientras que los medios de comunicación que estuvieron presentes en el evento reportando desde la calle, dan cuenta de las agresiones, del uso de un grupo de choque y también comparten de viva voz de los manifestantes los motivos por los que estaban allí presentes, otros medios locales, que no estuvieron presentes en la cobertura del evento, editorializan y pretenden insertar los acontecimientos en las claves que el propio gobernador señala, excluyendo el perfil de los agresores, la agresión contra las víctimas y sobre todo el reclamo por el que se encontraban allí en primer lugar.

El reclamo que no hay que perder de vista

 

Ante los esfuerzos para el enrarecimiento de la discusión pública y para instalar en la opinión pública un marco mental que omite la causa de la agresión y pretende distraer nuestra atención de la causa de la convocatoria al enmarcarlo maquiavélicamente en un conflicto exclusivamente electoral, la responsabilidad que tenemos es la de recuperar las preguntas clave sobre las que debe versar el escrutinio sobre este evento violento.

 

En primer lugar, debemos recordar que por siete años no se tuvo un solo peatón atropellado en ese punto y tan sólo meses después del proyecto del gobernador Sergio Salomón Céspedes, volvió a ocurrir y ese es el motivo detrás de la manifestación reprimida.

 

¿Asumirán las autoridades estatales su responsabilidad en el atropellamiento? ¿Ofrecerán garantías para impedir que se repita otro atropellamiento? ¿Recuperarán el semáforo de Kepler y la parada de autobús de Vía San Ángel o esperarán a que haya alguien atropellado en ese punto también?

 

En segundo lugar, debemos ver más allá de las narrativas que pretenden instalar y no distraernos con las cortinas de humo y espejos a los que recurren. Debemos señalar puntualmente que hubo un grupo de choque agrediendo a manifestantes pacíficos y periodistas, y que hay decenas de fotografías y videos que muestran que este grupo que los violentó impunemente lo hizo a los ojos de la policía estatal. Debemos señalar que hay evidencias que muestran que la policía se hizo a un lado y se limitó a observar cómo golpeaban a los manifestantes.

 

¿Quién controla a este grupo de agresores? ¿Por qué recibieron la orden de disolver la manifestación? ¿Por qué la policía estatal se limitó a observar y a no intervenir para defender a las personas y garantizar la manifestación pacífica? ¿Ya hay carpetas de investigación abiertas para identificar a los agresores? ¿Rendirán cuentas los mandos policiales que ordenaron a los oficiales presentes no intervenir?

 

Estas son las preguntas que debemos hacernos para entender la naturaleza de los eventos violentos del viernes 9 de febrero, así como para atender el legítimo reclamo por el que se convocó a esta manifestación pacífica. Tenemos enfrente una oportunidad de ampliar la discusión pública a los asuntos más trascendentes detrás de estos eventos. No caigamos en la tentación de los lugares comunes y en las trampas de los opinadores que pretenden desviar nuestra atención.