El crimen organizado de todos los días 

En la temporada electoral el crimen se posesiona como actor principal. No se tiene que recurrir a las encuestas para entender que la seguridad y la incapacidad del Estado para ofrecerla son sin duda las principales preocupaciones de los votantes.

Es un orden tan común que ya no sorprende a nadie. El miércoles 3 de abril unos sicarios ejecutan a dos personas a media mañana en una calle cualquiera de la ciudad; una cámara de vigilancia registra los asesinatos y las imágenes incendian –ya es un lugar común—las redes sociales; los matones por supuesto se dan a la fuga, como también en el argot se dice;  por la personalidad de la víctima el crimen será declarado de “alto impacto”, como si bastara para resolverlo. La respuesta de la autoridad en turno, unas horas después, es la de siempre: una de las víctimas algo debía, se trató de un ajuste de cuentas, y a otra cosa.

Pero ya no se puede en Puebla ir a otra cosa.

Una semana antes muere acribillado el candidato por Morena a la alcaldía del municipio de Acatzingo, la tierra del candidato Alejandro Armenta.

El jueves 4 de abril, a unas cuadras del crimen de la chica influencer, un sujeto es asesinado también a plena luz del día. Y un día después, el viernes, los restos desmembrados de siete personas aparecen en la vía del periférico arco oriente con un mensaje añadido como causa de la muerte su participación  delitos como narcomenudeo, robo de transporte o extorsión.

Una foto reciente ofrece sin rubor la complejidad del problema: las bandas locales se posesionan por su pertenencia a cárteles nacionales, como la del grupo que con marca Cártel Jalisco Nueva Generación afirma que está en “operativo barredora y para tal efecto presumen la ejecución de un ex policía vinculado al asalto de autotransportes. Y dejan un mensaje: “Va para ustedes, mandos policiacos. Dejen de estar cooperando con ratas y grupos independientes, porque si no, van a quedar como Adán Rosales en Periplaza por andar participando en robo a transporte y paso de migrantes”. 

¿Cuál es la verdadera dimensión del crimen organizado en Puebla? ¿En qué medida tiene tomadas el crimen las estructuras de seguridad pública municipal, estatal y federal en Puebla?

La pregunta es obligada: ¿tienen las autoridades del Estado idea de la presencia real del principal cártel del país en Puebla?

El hecho concreto, ineludible, es el de que todos los días, en cualquier punto del estado de Puebla, alguien muere ejecutado por un grupo de sicarios pertenecientes al crimen organizado.

967 homicidios en 2022. 798 homicidios en 2023. AMLO presume en una mañanera la reducción de los asesinatos en Puebla.

Sigo en la prensa el resumen municipal de la muerte en Puebla:

Los casos se concentraron en 123 municipios, los cuales se enlistan a continuación: Puebla, con 182; Tehuacán, con 52; San Martín Texmelucan, con 38; Amozoc, con 32; Tecamachalco, con 27; Acajete, con 24; Izúcar de Matamoros, con 22; Chietla, con 20; Huejotzingo, con 14 y Coronango, con 14. Enseguida destacan Chiautla y Atlixco, con 13 y 12 casos, respectivamente, así como Palmar de Bravo, Cuautlancingo y Tehuitzingo, con 11 reportes, cada uno. Así como Ajalpan, Acatzingo, San Andrés Cholula y Tepeaca, cada uno con 10 asesinados. Con menos de una decena de casos se encuentran Tlahuapan, Cañada Morelos, Huaquechula, San Salvador El Verde, Los Reyes de Juárez, Tecali de Herrera, Huauchinango, Zacatlán, Santa Isabel Cholula, San Salvador Huixcolotla, Teziutlán, Hueytamalco, Quecholac, Santiago Miahuatlán, Jolalpan, Libres y Xicotepec. 

De nueva cuenta entonces las preguntas que arrastramos insondables en la última década: ¿qué sociedad es esta que produce tales crímenes y criminales? ¿Qué Estado es éste incapaz de ofrecer una respuesta racional y efectiva contra la violencia?

En el relato periodístico se identifican los procesos que la producen:

+ Las bandas locales que se disputan el control del narcomenudeo, paso de migrantes, robo en transporte, extorsiones y más en puntos bien detectados de la ciudad de Puebla como los mercados Unión y Morelos. Pero no solo. Los motes de líderes detenidos en el carrusel en el que está trepada la autoridad de seguridad pública dan cuenta de que el problema es sistémico: el Grillo, la Loba, el Míster, el Real, los Huezca, el Talli de la Mafia de Analco, el Rocko, líder de los Muranos, el Sonrisas, los Pillines, los Pantro, los Edgar, los Negros, los Falcon de La Loma, los Tonys… Todos detenidos en los últimos tres años. Mañana, pasado, la policía informará de nuevas detenciones con los apodos al pie de la fotografía del detenido.

+ Las bandas criminales en el entorno del llamado Triángulo Rojo (Amozoc-Acajete-Tepeaca-Teamachalco-Palmar de Bravo) y en el corredor de la carretera federal a Tehuacán: huachicol, robo al autotransporte, narcomenudeo, paso de migrantes. El Toñín y el Bukanas son los nombres afamados en ese territorio. La hija del primero es candidata a la presidencia municipal de Quecholac.

+ Las bandas locales en las zonas conurbadas de Tehuacán y San Martín Texmelucan.

+ Las bandas posesionadas de los corredores carreteros en la Sierra Norte de Puebla: Huauchinango-Xicotepec-Venustiano Carranza, Zacapoaxtla-Cuetzalan, Zacatlán-Zacapoaxtla.

+ Las bandas locales, dedicadas al narcomenudeo y el cobro de derecho de piso, como los Clunis en Huehuetlán el Grande. En Chietla, en Izúcar, en Chiautla, la región mixteca.

Y en todos esos procesos se establece el interrogante sobre la presencia y control que los cárteles nacionales como CJNG y Sinaloa tienen sobre el crimen organizado en Puebla.

Sin ofrecer detalles mayores la Fiscalía General de Estado informó al término de 2023 que entre los meses de mayo y octubre de ese año detuvo a 129 delincuentes. ¿Tienen las autoridades una idea de lo que eso significa para el sometimiento de las estructuras criminales? La versión que sobre todo esto que ofrece el gobierno del estado de Puebla no revela una perspectiva orgánica que lleve a pensar que la autoridad tiene el control de lo que ocurre. La información no ofrece una visión del conjunto ni establece procesos que lleven a pensar que las instituciones no están rebasadas.

El aluvión de ejecuciones obliga entonces a plantear una pregunta elemental sobre la realidad de la seguridad pública y la procuración de justicia: ¿cuál es la capacidad del Estado para enfrentar la violencia del crimen organizado en términos de organización, inteligencia y logística?

De todo esto tienen que hablar en su discurso electoral los candidatos Armenta y Rivera.