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Los diputados de Morena, servidores de la voluntad del Presidente más que de los derechos de los mexicanos, han dado curso en comisiones a un proyecto de gobierno punitivo amplio y minucioso.
Me refiero a la ampliación de los delitos que quedarían sujetos a la figura penal de prisión preventiva oficiosa. Esta figura, repudiada internacionalmente como violatoria de los derechos humanos, quiere decir que la autoridad puede poner en prisión a alguien con sólo acusarlo. Una vez preso, empieza el juicio para ver si el preso es inocente o culpable.
Ya hay un hecho en la República con esta figura punitiva: cuatro de cada 10 presos no han sido declarados culpables, pero llevan años privados de su libertad, algunos de ellos más tiempo del que ameritaría su condena por los delitos de que fueron acusados.
En su columna de ayer de Milenio, Carlos Marín nos recordó los casos que llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir a México que eliminara esa figura de sus leyes.
Son los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pasaron 17 años en prisión sin que se les dictara sentencia por un asesinato que nunca se les probó.
Es abrumadora en su variedad y en su generalidad la lista de delitos dignos de prisión preventiva oficiosa, según el artículo 19 constitucional, reforzado ya una vez por este gobierno.
Se listan ahí más de 15 delitos y se agrega casi cualquiera a partir de la fórmula: “así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
A esta barbaridad previa, el actual gobierno quiere agregar estas otras variantes de la discrecionalidad:
Extorsión. Narcomenudeo. Actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Defraudación fiscal. Contrabando. Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Con sólo acusarlo de cualquiera de estas cosas, el gobierno podrá encarcelar a quien quiera, pero no tendrá que acudir a una arbitrariedad, podrá hacerlo con apego a la ley.
La prisión preventiva oficiosa en tal extensión y tal variedad de delitos es la antesala de la autocracia punitiva.
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