La corrupción está detrás del problema que tiene hoy al gobierno de México en una situación vulnerable frente a la extorsión o chantaje que está ejerciendo el gobierno norteamericano.
Con la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, la Casa Blanca ha acusado oficialmente que “los cárteles mexicanos tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México” y que “el Gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar drogas ilícitas…”
Tirarse al piso por esta afirmación del gobierno vecino sirve de muy poco.
Además de la debilidad institucional para enfrentar el problema de la corrupción y el desafío que implica un gobierno con un enorme poder político internacional como el de Donald Trump, quienes gobiernan a nuestro país sólo cuentan con propaganda para negar la acusación que aquel les imputa.
La realidad es aplastante y está todos los días en distintos puntos del país: evidencias y testimonios de víctimas, balaceras, masacres, homicidios por no ceder al “cobro de piso”, secuestros, desaparecidos y un largo etcétera. Lo anterior da cuenta de la inseguridad cotidiana a la que ya se enfrentan poblaciones enteras, nos muestra cómo la criminalidad organizada ejerce su soberanía en distintos puntos del territorio nacional, lo que ha provocado, entre otras cosas, el segundo problema que está sobre la mesa: el incremento de migrantes que huyen de la violencia que priva en sus comunidades.
Si los criminales se han enseñoreado de diferentes zonas en algunas entidades de la república es porque ha habido funcionarios gubernamentales corruptos que lo han permitido. Funcionarios y gobernantes que han hecho pactos criminales cuyo costo no han sido sólo “enriquecimientos inexplicables”, sino que además ha costado la vida de niños, mujeres, ciudadanos, policías, militares, funcionarios públicos incluyendo jueces y autoridades municipales, estatales y federales.
Combatir a los grupos criminales y la corrupción de los gobiernos y funcionarios que los protegen no es para darle gusto a gobierno extranjero alguno, sino que es un deber jurídico y político para devolver al pueblo de México la paz que requiere para llevar a cabo sus actividades cotidianas y convivir con sus seres queridos en su tierra, en sus comunidades de origen. Visto de otra manera, combatir a los criminales y la corrupción de los gobiernos con los que han pactado es para que el Estado mexicano recupere la soberanía perdida en aquellos territorios y garantice la seguridad de sus pobladores, y con ello justificar la existencia misma del Estado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado conseguir algo de tiempo para que no se apliquen aranceles a los productos que se exportan de México a Estados Unidos (ojalá eso nunca ocurra), pero si nos quedamos solo con poner 10 mil efectivos de la Guardia Nacional y del ejército mexicano en nuestra frontera norte, sin combatir a los criminales y a los corruptos que los encubren en el resto del país, corremos el riesgo de que toda la droga que se quede de este lado de la frontera termine por aumentar el consumo interno, generando con ello un problema de salud pública similar al que tienen en Estados Unidos, lo cual se sumaría al grave problema de la deportación de connacionales.
Entonces, detrás del problema de la criminalidad organizada y de la migración está la corrupción de cuyo combate depende eso que llamamos “soberanía nacional”. Sin combate a la corrupción la “soberanía nacional” será pura fantasía esparcida en bonitos discursos.
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