Tiempos siniestros / Alejandro Guillén

Con la “Transparencia para el Pueblo” (órgano dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), y la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones que está siendo discutida en el Senado, la presidencia de la República pretende restringir el derecho al libre acceso a la información (artículo 6 de la Constitución) y, al mismo tiempo, busca coartar la libertad de expresión en este país.

En el lapso de transición hacia esta nueva realidad institucional, periodistas y organizaciones de la sociedad civil están aprovechando los estertores de las reglas establecidas durante las últimas cuatro décadas.

En efecto, en las semanas más recientes se ha precipitado una avalancha de información que arroja luz sobre distintos actos de corrupción en diferentes instancias. Dicha información, sin libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información, hubiese sido difícil o imposible conocerla.

Destaco, a manera de muestra, dos noticias en las que los escándalos de corrupción se detonaron gracias a las denuncias públicas realizadas por organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

Comencemos con el Poder Legislativo y la elección del Poder Judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que, de la lista de candidatos propuestos para la elección del Poder Judicial, algunos están ligados con la criminalidad organizada, otros con redes de abusadores sexuales y otros ni siquiera cumplieron con el requisito del promedio de 8 de calificación en sus estudios de derecho. Lo anterior exhibe la incapacidad (por decir lo menos) del Comité de Evaluación encargado de realizar la selección de los candidatos en el poder legislativo. A pesar de que el Congreso federal impugnó 26 candidaturas, el INE y el mismo Senado mostraron su incompetencia legal para impedir que sus nombres aparezcan en la boleta que usted tendrá en sus manos este 1 de junio.

No sobra decir que, como si se tratara de la elección de la “reina de la primavera” o del “rey feo” de un carnaval, tanto Noroña como la presidenta Claudia Sheinbaum han minimizado estos eventos diciendo que se trata de un número o porcentaje muy pequeño frente a los más de 2 mil candidatos, por lo que el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que conformarán el Poder Judicial después del 1 de junio no tiene mancha alguna.

Todo lo anterior se destapó gracias a la organización de la sociedad civil Defensorxs (@DefensorxsAC), que desde enero de este año ha venido denunciado públicamente y ante las instancias correspondientes, las irregularidades cometidas por quienes aspiran a ser integrantes del poder judicial. Este colectivo ha señalado con nombre y apellido a candidatos a conformar el poder judicial que están relacionados con criminales. El tema ha sido nota hasta en la primera plana del Washington Post.

La reforma que se hizo para combatir la corrupción en el Poder Judicial tiene ya sobre su proceso de ejecución el fantasma del mal social que presuntamente iban a erradicar.

La segunda noticia tiene su origen en la investigación realizada por la periodista Nayeli Roldán y el equipo de Animal Político, cuyo portal publicó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dos empresas ligadas a Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, obtuvieron más de mil millones de pesos en más de 700 contratos por adjudicación directa para la adquisición de medicamentos, los cuales alcanzaron hasta 885% de sobreprecio. En algunos casos no existen evidencias de que las medicinas fueron entregadas.

Roldán cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema, teniendo como respuesta que las auditorías “ahí están”, y si se cometieron actos de corrupción “tiene que demostrarse”. Sheinbaum se comprometió a hacer una revisión. Con ello veremos si la nueva Secretaría Anticorrupción cumplirá con la misión que lleva por nombre o servirá de contención de denuncias y escudo de impunidad.

Mientras se despeja esa duda, podemos decir que la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información, la libertad de expresión, el periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil que denuncian actos de corrupción, viven en México tiempos siniestros.

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