Ley ciberasedio: mazazo de Sheimbaun a Armenta / Humberto Sotelo

Como es del conocimiento público, el  pasado 12 de junio el Congreso del Estado de Puebla  avaló con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención la Ley de Ciberasedio. En esta, se establece que este delito se perpetra cuando una persona utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona.

 Ante esto, diversos sectores de la población ---sobre todo periodistas críticos --  y activistas defensores de los derechos humanos denunciaron que ese ordenamiento implica una violación flagrante a la libertad de expresión y no guarda relación real con la ciberseguridad, que se supone es su objetivo.

 Es realmente denigrante que los diputados de Morena hayan votado a favor  de dicha ley, que unos meses atrás había sido promovida por el secretario de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta,  José Luis García Parra, tal vez como venganza por  el escándalo que se armó cuando se supo que había adquirido un flamante Lamborghini , calculado en tres millones de pesos.  Frente a dicho escándalo, el aún candidato de Morena Alejandro Armenta anunció que aquel ya no formaba parte de su equipo pero, como acostumbra –creyendo que los poblanos no tienen memoria--  lo incorporó a su gabinete, una vez que se convirtió en gobernador.

 Pero, volviendo a los legisladores de Morena, ¿cómo es posible que éstos se sometan de manera tan denigrante a los designios del Poder Ejecutivo (a estas alturas es obvio que la ley citada se promovió desde aquí), tal como hicieron sus predecesores durante la administración del finado Rafael Moreno Valle?

 Esa situación pone de relieve que en nuestra entidad el arribo de la 4T al poder no ha traído consigo cambio alguno :  los gobernadores siguen actuando como mandamases, sin ningún tipo de frenos o contrapesos por parte del Poder Legislativo.

 Para colmo de males,  el Comité Estatal de Morena permanece cruzado de brazos ante la deplorable actuación del gobernador y de los legisladores emanados de su partido.  Por lo visto, tal instancia no es sino un aparato que se limita a organizar elecciones.

La única buena noticia es que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera de hoy (18 de junio) se pronunció abiertamente en contra del ordenamiento multicitado, puntualizando que su gobierno “está en contra de cualquier acción que promueva la censura” (Vd. E-consulta, 18 de junio de 2025). Hasta donde llega nuestra información, es la primera vez que la principal mandataria de la nación se manifiesta abiertamente en contra de una iniciativa emanada del gobierno de Armenta. Aunque aderezó un poco su crítica señalando que le parecía muy apropiado que éste realizase foros sobre la ley mencionada, a todo mundo le quedó claro hacia quién iba dirigido el “mazazo”.  Un día antes, la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, habló en términos semejantes, condenando la ley pero “alabando” la disposición del gobernador a realizar foros de consulta sobre esta: “cualquier momento es bueno para ‘corregir’ “ expresó. 

   ¡Vaya papel que tendrá que jugar el Ejecutivo Estatal!  Esperamos que esta experiencia le sirva para ser más cauteloso a la hora de querer maniatar a la prensa crítica.   Creo que el gobernador debería tomar en cuenta algunas propuestas avanzadas que han surgido a nivel internacional para enfrentar el problema que tanto le inquieta, esto es,  la difamación.  Así, por ejemplo, el Secretario General del Consejo de Europa ha llamado a todos los Estados Miembros a que deroguen disposiciones criminales en el área de la difamación (Declaración del 3 de mayo de 2006, Día Mundial de la Libertad de Prensa), exhortando a los gobiernos a “suprimir sanciones excesivas, tal como las condenas, penas de libertad condicional, multas grandes y la suspensión del derecho de practicar el periodismo”, o “prohibir a los funcionarios públicos, a las entidades públicas que inicien demandas de difamación criminal”. Se parte de la premisa de que, a fin de cuentas, es preferible salvaguardar la libertad de expresión, que sacrificarla en aras de defender el prestigio de determinados actores sociales poderosos. Por esta razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en muchas ocasiones que “la posición dominante que ocupa el Gobierno hace necesario que éste demuestre moderación al recurrir a procesos penales en casos de difamación”.

Iba a proponer también que este asunto lo estudiaran los asesores de comunicación del gobernador, como sería el caso de José Tomé, su secretario de comunicación, pero creo que esto desborda su capacidad y su formación.

En fin, esperamos que el  exhorto de la presidenta Sheinbaum a respetar la libertad de expresión en Puebla (y en todo el país) se respete al pie de la letra.