Recula el gobierno: liberan a Renato Romero Pacheco / Sergio Mastretta

Esta vez pudo más la movilización civil. Tras dos días detenido y de por medio una fuerte demanda de liberación por parte de personas y grupos de la sociedad civil, el juez involucrado en la detención de Renato Romero reconsideró la medida de detención preventiva dictada un día después de su ilegal detención el martes temprano --autos sin placas, agentes sin orden judicial, amenazas de muerte--. El activista abandonó el cereso de Cholula a media mañana de este 3 de julio y tendrá que esperar al día lunes para saber si se le vincula a proceso o se le declara libre de cualquier acusación.

En un hecho inédito en la historia de la represión de movimientos populares por parte de los gobiernos estatales en Puebla, Alejandro Armenta reculó. El miércoles 2 por la mañana, cuando Renato llevaba ya un día detenido, el gobenador dijo en conferencia de prensa, y en respuesta al alegato de liberación hecho por la periodista Claus Martínez, que el asunto no le competía, que era un problema entre particulares. Horas después vino el cambio de decisión. En un comunicado del secretario de Gobernación Aguilar Pala, el gobierno pidio al juez "que revisara exhaustivamente" el proceso contra Romero Camacho y reconsiderara la prisión preventiva.

Así ocurrió. Vale la pregunta por esta reconsideración de la acción punitiva contra Renato.

De entrada, se debe subrayar aqui el peso de la movlización civil en este cambio de decisión. A través de muy variados medios de comunicación y redes sociales la demanda de liberación inmediata alcanzó una fuerza no vista en casos de detención de activistas sociales y ambientales por autoridades poblanas en los últimos años. La fuerza de ese reclamo revela la existencia de una acción civil sustentada en la movilización de las comunidades campesinas en defensa de lo que decididamente llaman el agua y la tierra. La insurgencia de los pueblos en las regiones de Libres-Oriental, Cholulas y Tehuacán dan cuenta de ello.

Ese hecho es el que explica el cambio de postura de parte del gobierno de Armenta, motivado muy probablemente también por las repercusiones que la detención de Renato Romero tendría para su identificación como represor de los movimientos sociales ante la opinión pública nacional. Es muy reciente el deterioro de la imagen del gobernador, identificado a nivel nacional como promotor de la censura a la libertad de expresión con la llamada ley del ciberasedio.

Dicho eso, planteamos aquí el problema de fondo expresado en el conflicto social que motivó la detención del campesino Renato Romero Camacho, nacido en Ocotepec, un pueblo de la cuenca de Libres-Oriental que mantiene abierto su reclamo contra la actividad de empresas acusadas por su acción depredadora del medio ambiente como Granjas Carrol: el manifiesto desgobierno en la politica pública en torno al problema del agua. La movilización de los pueblos de Xoxtla y Nealtican en contra de la explotación desde los años noventa de los pozos de agua potable existentes en su territorio, que son fundamentales para el abasto del área metropolitana de la ciudad de Puebla, expresa la realidad de un problema estratégico no resuelto de proporciones catastróficas. El conflicto entre esas comunidades y la empresa privada que administra el abasto de agua potable en Puebla no es simplemente un asunto entre particulares. Es, hoy por hoy, al parejo de los manifiestos problemas de inseguridad que enfrenta la urbe, el más grave problema que tiene en jaque la viabilidad de la sociedad poblana en el mediano y largo plazo. Y en ese proceso, el gobierno del estado es un actor principal.

La persecución penal contra Renato Romero y otros activistas movilizados contra la mecánica existente en la explotación del agua en Xoxtla y Nealtican no expresa más que la ceguera gubernamental ante la dimensión catastrófica del problema del agua en Puebla. El gobierno de Puebla debe reconsiderar la relación que por treinta años ha tenido con esas comunidades y debe poner sobre la mesa del debate público y encabezar una discusión democrática sobre el tema más importante para la sobreviencia de más de tres millones de personas del área metropolitana de la ciudad de Puebla.