En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció al gobierno de López Obrador asegurando que más de 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el periodo de 2018 a 2024, atribuido al incremento del salario mínimo y los programas sociales vía trasferencia directa de dinero (Becas); situación que, de haberse medido bajo los criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, el reconocimiento es merecido; sin embargo, echemos un vistazo a lo que dice la Ley.
El 23 de junio de 2025 los diputados de Morena y aliados, aprobaron el dictamen de la reforma que desaparece al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el Senado de mayoría Morenista, aprobó el 26 de junio el dictamen que transfiere las funciones del CONEVAL al INEGI, este último depende del Ejecutivo Federal.
Para el gobierno federal, se trata de una medida de racionalidad administrativa, pero el diagnóstico es más grave, se trata del desmantelamiento de un contrapeso técnico incómodo para el poder en turno con más de veinte años de experiencia.
El dictamen faculta al INEGI no solo a medir la pobreza, sino evaluar programas sociales, emitir recomendaciones y actualizar los lineamientos técnicos de las metodologías de medición, de conformidad con el párrafo tercero del apartado B, art. 26 de la Constitución Mexicana (Párrafo adicionado DOF 16-07-2025 de la Ley General de Desarrollo Social).
El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, establece nueve indicadores para medir la pobreza de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social: 1) Ingreso corriente per cápita; 2) Rezago educativo promedio en el hogar; 3) Acceso a los servicios de salud; 4) Acceso a la seguridad social; 5) Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 6) Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa; 7) Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 8) Grado de cohesión social, y 9) Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.
En la supuesta disminución de pobres, el INEGI solo tomó en cuenta el “Indicador de ingreso per cápita”, ignorando los otros ocho indicadores. Al respecto, es importante mencionar el comportamiento del “Indicador de acceso a servicios de salud”, en el mismo periodo de 2018 a 2024; el resultado es alarmante, ya que hubo un aumento del 121 por ciento de la población sin acceso a los servicios de salud; es decir, alrededor de 50 millones de personas no cuenta con servicio médico. Otro indicador básico es “Rezago educativo promedio en el hogar”. La educación donde la pobreza es un factor estructural que impide el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes al aprender y participar en las escuelas en las mejores condiciones posibles con educación de calidad, jamás podrá ser sustituida con la entrega de dinero vía becas. La educación de calidad y oportuna es el pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad, es la llave del progreso de una nación. Si hablamos del Indicador “Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad” el escenario se complica con los más de 25 millones de personas con pobreza alimentaria. Tan solo en México cada año mueren en promedio 10 mil personas por padecimientos asociados al hambre y malnutrición. Hablar de los otros seis indicadores, también compromete, y es necesario evaluarlos para tener resultados fidedignos y confiables.
Con la desaparición del CONEVAL se pierde una metodología multidimensional consolidada, basada en estándares internacionales. El CONEVAL era institucional como articulador entre niveles de gobierno, y entre lo técnico y lo político. Analizaba e interpretaba información confiable, accesible y pública sobre las carencias sociales y las condiciones de vida de millones de mexicanos, y evaluaba el desempeño de los programas y políticas públicas, sin importar qué partido estuviera en el poder. El CONEVAL como referente internacional, colaboró con organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo (Citado por www.quadratin.com.mx).
Si bien el INEGI cuenta con legitimidad y autonomía institucional, y genera información importante, no fue diseñado para evaluar impactos de política pública, emitir recomendaciones ni asumir tareas normativas en materia de desarrollo social; sin embargo, el asumir un papel de ejecutor y normativo, lo conducirá a posibles repercusiones políticas.
Convertir al INEGI en evaluador del gobierno es hacerlo juez y parte con repercusiones sobre su neutralidad y su legitimidad, ya que interpretar sus propios datos implica subjetividad. Con esa decisión el gobierno podrá estar protegido de rendir cuentas del presupuesto social, la asignación de recursos no estaría basada en evidencias, evitará la crítica técnica, se debilita la garantía de derechos como salud, educación, alimentación o vivienda, y se reduce el debate público desplazado por publicidad engañosa.
Medir la pobreza sin un modelo multidimensional por una institución del propio gobierno, afectará la eficiencia de los programas y las políticas públicas, y conducirá a la simulación, y al fracaso de una política social y desarrollo.
Fue grave la controversia que generó el CONEVAL cuando evidenció que los programas sociales de la 4-T, aunque bien intencionados, no estaban focalizados ni evaluados adecuadamente, y que su efecto real sobre la pobreza era incierto; situación que llevó a que López Obrador despidiera abruptamente en 2019 al Secretario Ejecutivo del CONEVAL. La estrategia fue disminuirle presupuesto y limitarlo operativamente hasta desaparecerlo.
En resumen, la política social sin evaluación oportuna, eficaz, eficiente, evidente y transparente conduce a la corrupción, al despilfarro, la impunidad, la simulación, la mentira, sin rendición de cuentas; y como consecuencia, la pobreza se perpetua.
(Imaagen tomda de revista Nexos)
