Este texto le sirve al autor de esta postura para enmarcar su participación en el grupo Red Civil por la Democracia que el día jueves 5 de febrero dará a conocer su nacimiento.
Hablamos de acoso a la libertad de expresión en Puebla por un régimen autoritario. Los ejemplos sobran en los días recientes, y el más infame, el que hoy nos obliga a pintar una raya frente al más faccioso de los poderes, el que se representa en el gobierno del estado de Puebla contra el periodista Rodolfo Ruiz.
Hablamos entonces de la posibilidad de realizar un periodismo libre en una sociedad democrática. Una sociedad la nuestra, poblana, que no lo es.
Son muchos los ángulos que permiten abordar este uso faccioso del poder contra los medios de comunicación. Pero apunto el principal, el que explica el sometimiento y dominación sobre los procesos de comunicación pública relacionados con las empresas de medios. Chicas y grandes. Si no todas, la mayoría absoluta.
Este proceso va mucho más allá en el tiempo del gobernador Alejandro Armenta, pasa por supuesto por los penosos días de Miguel Barbosa y el déspota Rafael Moreno Valle y se adentra en la mecánica establecida por los gobernadores priistas como Mario Marín, Melquiades Morales y Manuel Bartlett, hechos también a la medida de personajes como Piña Olaya y Guillermo Jiménez Morales. Por lo menos cuarenta años entonces, los que llevo de cubrir como reportero la vida pública de mi ciudad y mi estado y de constatar la servidumbre que prevalece en la prensa poblana.
El sometimiento de los medios es una tarea básica de un Estado con gobiernos autocráticos que controlan desde el poder ejecutivo los poderes legislativo y judicial. Así ha sido en todos estos años míos como periodista en Puebla: gobiernos sin contrapesos; estructuras de poder utilizadas para el servicio del poder fáctico que las controla. Cambian los gobernadores en turno, pero no los mecanismos de control sobre el periodismo libre, igual por la dependencia economica que por la vía legal administrativa y penal, las dos medidas que enfrenta Rodolfo en esta coyuntura.
Estamos obligados a pensar entonces a fondo en el significado llano de lo que llamamos “prensa vendida”. ¿Cuál es la estructura de poder que con ella se reproduce? ¿Y qué responsabilidad tienen en ellos los profesionales de la comunicación que por actuar bajo esos términos de servidumbre se definen? El beneficiario, por supuesto, el gobernador en turno.
El sometimiento de la prensa por el estómago, entonces. 136 millones de pesos costó en 2025 ese periodismo a modo que compra el gobierno todos los años. Hagan la cuenta de los últimos cuarenta años.
Contra e-consulta no se aplica tan solo la persecución penal contra su director. En paralelo, y como principal objetivo estratégico del gobierno, está la manifiesta intención de quebrar económicamente a una empresa periodística independiente por un poder que no tolera, entre una variedad de cuestiones que lo inflaman, la crítica de sus perversidades en el manejo discrecional del dinero público, incluyendo el que implica al gasto en empresas de comunicación. Porque es justo esa práctica periodística independiente y crítica la que cuestiona esa estructura de poder autocrático. El periodismo que se planta como la acción de ciudadanos libres contra la concentración del poder en una sola persona.
Partimos entonces de la comprensión de esta acción penal contra Rodolfo Ruiz como una que ejemplifica el sometimiento del poder judicial a la voluntad del gobernador en turno. Y así debemos denunciarla.
Pero denunciamos también el uso faccioso del gasto público en medios de comunicación. Y la impunidad del secretismo que la acompaña. No hay mayor regla que el uso discrecional dictado por un poder autoritario que tiene como principios el que no paga para que le peguen y el no veo y no oigo a los que me cuestionen, en el mejor modo López Portillo que adquiere un gobernador en su relación con los medios. Es urgente analizar de fondo el mecanismo actual de gasto público en medios. ¿Bajo qué términos legales se contempla? ¿A qué reglas están obligados los funcionarios responsables? ¿Por qué se someten BUAP y gobiernos municipales –los otros importantes y principales usuarios de la publicidad en medios— a la imposición del gobierno estatal del llamado TriPac? ¿Por qué se le niega a una empresa concreta su capacidad de ofrecer servicios de comunicación al gobierno estatal? ¿Por qué depende la contratación de la disposición del político en turno a contratarla o no?
Una búsqueda en línea ofrece esta respuesta inmediata: “La contratación de publicidad oficial por parte del gobierno de Puebla carece de una legislación específica detallada que defina criterios claros y transparentes, lo que históricamente ha generado opacidad en la asignación de recursos a medios de comunicación. Aunque se basa en la necesidad de difundir el quehacer gubernamental (Art. 134 Constitucional), la falta de normas explícitas fomenta la discrecionalidad.”
Qué claro lo tiene la inteligencia artificial.
Es simple entonces caracterizar la política de comunicación del gobierno del estado:
El Artículo 134 de la Constitución Federal, que exige equidad e imparcialidad, prohíbe la promoción personalizada de funcionarios, pero la falta de transparencia adecuada provoca la asignación de recursos sin criterios claramente establecidos en la ley. Sin regulación, lo que sigue es lo que conocemos: el control editorial de los medios.
El gobierno está obligado a reportar el gasto en medios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de la Comisión de Transparencia del Estado de Puebla (ITAIPUE), detallando el objeto de la campaña, el medio contratado y el monto total. Hagan el esfuerzo por encontrar información en esas plataformas y entenderán lo que es perder el tiempo.
Esta es otra de las autonomías que deberían contemplarse para el control ciudadano del poder en México. Jamás lo aceptará un político formado en el despotismo, ni mucho menos sus partidos que fincan su existencia justo en esta estructura autoritaria que excluye la participación democrática de los ciudadanos. Lo hicieron priistas y panistas. Lo hacen ahora quienes se dicen morenistas.
Sirva este foro para recordarle al gobernador Armenta que en Puebla somos muchas las personas que identificamos con claridad el despotismo en el que funda la persecución contra Rodolfo Ruiz y e-consulta. Y que la denunciamos como una vil medida contra las libertades democráticas en Puebla.
