agosto 18, 2026, Puebla, México

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¿Quién paga el transporte público? (IV): nombrar al usuario / Armando Pliego Ishikawa

A veces, una transformación empieza con una palabra. Nombrar a quienes viajan puede ser el primer paso para exigir el transporte público que Puebla necesita.

En uno de los últimos capítulos del libro Movement, Thalia Verkade y Marco te Brömmelstroet cuentan una historia interesante sobre el poder del lenguaje. La escena inicia con una entrevista de Thalia a Roland Kager, un analista de datos, que habla sobre una categoría para entender la movilidad cotidiana en Países Bajos: “ciclistas de tren”. El concepto sirve para nombrar a quienes combinan bicicleta y tren en sus viajes diarios: personas que pedalean a la estación, toman el tren y después vuelven a pedalear para llegar a su destino final.

En Países Bajos, casi la mitad de las personas que viajan en tren llegan o salen de la estación en bicicleta. Sin embargo, durante mucho tiempo no existieron como categoría oficial en las encuestas de movilidad. Estaban ahí, a la vista de todos, pero sin nombre. Al no tener nombre, tampoco tenían un lugar claro en las estadísticas, en las decisiones ni en las políticas públicas. Reconocer su existencia como personas usuarias con necesidades específicas abrió la posibilidad de mejorar su experiencia: estacionamientos para bicicletas, sistemas de bicicleta pública impulsados por la compañía nacional de trenes, información integrada de tiempos y mejores conexiones entre modos de transporte, considerando el inicio del viaje desde el primer pedaleo y no sólo hasta subir al tren desde el andén.

Al conocer un artículo periodístico sobre el tema escrito por Verkade, un legislador flamenco en Bélgica incorporó la categoría a su vocabulario político y la adaptó a su propio contexto, hablando de “ciclistas de autobús”. La usó exitosamente para impulsar recursos destinados a fortalecer bicicletas públicas vinculadas al transporte colectivo. Una nueva forma de nombrar a un grupo de personas permitió ver una práctica cotidiana que nadie nombraba, convertirla en tema público y abrir una respuesta institucional y presupuestal. Las personas ya existían, pero fue sólo hasta que se les consideró en una categoría social nueva con características y necesidades propias, que se construyó el apoyo político para brindarles atención.

Puebla necesita construir políticamente al usuario de transporte público. Durante años, la conversación pública del transporte ha estado dominada por otros actores: concesionarios, choferes, autoridades, automovilistas, proveedores de tecnología. En el discurso, las personas usuarias sólo somos una masa abstracta: “pasaje” si le preguntas a los concesionarios, “demanda” o “aforo” en el lenguaje técnico, “usuarios” o “beneficiarios” en el discurso del político. Se nos contabiliza, cobra, y transporta, pero no se nos reconoce como un sujeto político con derechos, necesidades, voz e intereses propios. 

Cuando una práctica cotidiana no tiene nombre, queda fuera de las encuestas, de los modelos y de la toma de decisiones. Mientras en el discurso seamos “pasaje”, “demanda” o “beneficiarios”, el sistema se diseñará alrededor de ingresos económicos y volúmenes, no de derechos y experiencias.

El lenguaje usado en el discurso político organiza lo que la ciudad puede ver. Si hablamos de “pasaje”, pensamos en ingreso. Si hablamos de “demanda”, pensamos en volumen. Si hablamos de “aforo”, pensamos en capacidad. Pero si hablamos de personas usuarias del transporte público, la pregunta que surge es: ¿qué necesitan para moverse con dignidad?

Crear al usuario del transporte público como sujeto político significa dejar de verlo únicamente como quien paga una tarifa.

Detrás de cada viaje hay una persona con horarios, miedos, cansancio, responsabilidades, ingresos limitados y derecho a llegar: la mujer que viaja para ir a la farmacia a comprar medicinas para su madre enferma; el estudiante que cruza la ciudad para ir a clases; la trabajadora doméstica que sale antes del amanecer y piensa si seguir esperando la combi o tomar el taxi pirata; el adulto mayor que sube escaleras de un autobús con dificultad; el joven que espera casi una hora en la parada mientras fantasea con comprar una moto; la persona que camina entre terracería y en calles sin banquetas para llegar a una parada donde hay publicidad comercial pero no información sobre el recorrido o el horario de la ruta que quiere tomar.

Nombrar a los sujetos y sus problemas permite iniciar la discusión sobre cómo resolverlos. Una autoridad que sólo ve tarifas y subsidios en un excel discutirá cuánto cobrar. Una autoridad que ve personas usuarias tendrá que discutir qué derechos garantiza y cómo financiarlo.

Por eso, en el marco de cualquier mejora del transporte público en Puebla, hace falta algo más que unidades nuevas o ajustes a la tarifa. Hace falta una política que reconozca a quienes viajan como sujetos de derechos. Eso implica conocer su experiencia, identificar sus trayectos, ofrecer información útil, construir mecanismos de queja efectivos, abrir espacios de participación y evaluar el servicio desde la vida cotidiana y no sólo desde la operación que reportan los concesionarios. Más territorio, menos escritorio, como a algunos les gusta decir. 

Modernizar al transporte público tendría que entenderse como cambiar la forma en que una ciudad mira a quienes lo usamos. Si las personas usuarias siguen siendo tratadas como “pasaje”, la discusión seguirá girando alrededor de cuánto pueden cobrar los concesionarios.

A veces, una transformación empieza con una palabra. Nombrar a quienes viajan puede ser el primer paso para exigir el transporte público que Puebla necesita.

/Imagen de portadilla tomada de El Sol de Puebla)

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