En meses y años recientes no han sido pocos los casos en los que Puebla se ha enterado de conductores que acumulan decenas o incluso cientos de fotomultas. Cada caso suele generar indignación, notas de prensa y preguntas sobre la eficacia del sistema para frenar conductas reiteradas de riesgo. Ante este hecho apenas en diciembre pasado el gobierno estatal echó a andar distintos operativos de control de velocidad, que de hecho fueron ampliamente celebrados.
Lo raro, y profundamente indignante, es que ahora nos enteramos de que la camioneta que más recientemente acumuló 134 infracciones por exceso de velocidad era la utilizada para trasladar al gobernador del estado Alejandro Armenta.
Una fotomulta puede ser producto de un descuido. Ciento treinta y cuatro fotomultas en cuatro meses son un patrón.
El gobernador reconoció públicamente que pagó las infracciones acumuladas por la camioneta en la que se traslada para sus actividades diarias. Las infracciones se acumulaban desde marzo y correspondían a excesos de velocidad registrados en la unidad asignada a sus traslados.
Pero el pago de las multas resuelve una obligación administrativa. El problema público permanece intacto.
El mensaje es de impunidad. Si un vehículo puede acumular 134 registros por exceso de velocidad entre marzo y junio, pagar después de ser exhibido y cerrar el episodio con una explicación sobre el chofer y chistes sobre que en realidad el gobernador maneja muy despacio, entonces queda claro que el sistema de movilidad sanciona poco y previene menos. Lo grave no es únicamente que se haya excedido la velocidad, sino la reiteración, la normalización y la ausencia de consecuencias proporcionales.
Hay un pacto mediático difícil de ignorar. En Puebla hemos visto cómo a cualquier ciudadano, empresario, transportista o joven involucrado en un caso de acumulación masiva de fotomultas se le exhibe con severidad. Cuando el vehículo pertenece al entorno del gobernador, el tono cambia. La indignación se administra y el señalamiento se modera. La pregunta pública se vuelve incómoda para demasiados actores y sólo unos pocos lo señalamos como lo que es: un escándalo y una grave señal de privilegios de una clase gobernante.
La velocidad mata. La Organización Mundial de la Salud recuerda que existe una relación directa entre el aumento de la velocidad media, la probabilidad de una colisión y la gravedad de sus consecuencias. Por cada aumento de 1% en la velocidad media, el riesgo de una colisión mortal aumenta 4% y el de una colisión grave 3%. La velocidad es una de las variables más claras, medibles y prevenibles para seguridad vial.
En Puebla conocemos muy bien esa historia. La Vía Atlixcáyotl se volvió símbolo de una forma de conducir que mezcla exceso de velocidad, infraestructura permisiva y consecuencias irreparables. En diciembre de 2025, el vehículo involucrado en una carambola fatal en esa zona acumulaba 95 infracciones en dos meses, con registros de velocidad que llegaron hasta 180 kilómetros por hora. Meses después, otro siniestro mortal volvió a colocarnos frente a la misma realidad: la velocidad excesiva sigue cobrando vidas en las vialidades poblanas.
Frente al problema este mismo gobierno estatal ha iniciado operativos de control de velocidad en distintas vialidades. ¿Qué mensaje manda el gobernador cuando su administración despliega acciones para inhibir el exceso de velocidad, mientras la camioneta que lo traslada acumula 134 infracciones por esa misma conducta? La autoridad pierde fuerza cuando exige en la calle lo que no garantiza en su propio equipo. La política pública se debilita cuando el ejemplo institucional camina en sentido contrario.
Me parece irresponsable reducir el caso a “ya se pagó”. No es sólo el mal ejemplo sino el riesgo al que el gobernador se expone. Un siniestro vial que involucre al titular del Ejecutivo tendría consecuencias humanas, institucionales y políticas enormes. Puebla viene de años marcados por administraciones interrumpidas, sustituciones y periodos de inestabilidad asociados a la ausencia de gobernadores. La seguridad del mandatario también es un asunto público. La conducción de sus vehículos oficiales debería ser ejemplo de prevención, disciplina y control.
En países donde la inseguridad vial se toma con mayor seriedad, una acumulación de este tamaño abriría una discusión pública amplia y traería consecuencias tangibles. España, por ejemplo, tipifica como delitos contra la seguridad vial ciertos excesos de velocidad y la conducción temeraria. La Dirección General de Tráfico explica que superar la velocidad permitida en cierta proporción o de forma reiterada puede constituir delito, y que la conducción con temeridad manifiesta también está prevista en el Código Penal.
México y Puebla deberían discutir algo similar. La reincidencia extrema en exceso de velocidad no puede seguir tratándose como una simple suma de multas. Cuando una persona acumula decenas o cientos de registros, el sistema ya sabe que está frente a una conducta de riesgo. En ese punto deberían activarse medidas adicionales: suspensión temporal de la licencia, obligación de cursos de reeducación vial, inmovilización del vehículo, investigación administrativa cuando se trate de unidades oficiales y, en casos graves, consecuencias penales por conducción temeraria.
En una democracia plena, al menos una diputada o un diputado local ya estaría presentando una iniciativa. El Congreso de Puebla tendría que preguntarse qué hacer frente a la reincidencia extrema y el mal mensaje que el gobernador manda. La Secretaría de Seguridad tendría que explicar si existen protocolos para vehículos oficiales. El gobierno estatal tendría que informar quién conducía, bajo qué instrucciones, con qué controles y qué medidas se tomarán para que no vuelva a ocurrir.
La pregunta que me hago es: ¿cuáles serán las consecuencias de que el vehículo del gobernador haya acumulado 134 fotomultas? Pagar las multas no basta. Responsabilizar al chofer no basta. Pedir al gabinete que “dialoguen” con sus conductores no basta.
La ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que una transferencia bancaria para liquidar infracciones. Tenemos derecho a pedir responsabilidad política, cambios normativos y una señal clara de que la ley es para todos y que también ordena la conducta de quienes gobiernan y no sólo de los gobernados.
Si 134 fotomultas no provocan ninguna consecuencia real, entonces el mensaje para Puebla será devastador: se puede acelerar, reincidir, ser exhibido y cerrar el expediente pagando.
¿Se supone que como ciudadanía debemos callarnos y dejarlo suceder?
