Hay algo raro en la detención de Ernesto Ruffo como presunto culpable de huachicol fiscal: es un delito que requiere de múltiples e importantes complicidades con las autoridades vigentes, y el imputado es un político de oposición al grupo en el poder. ¿Cómo pudo, estando al margen o incluso contra ese grupo, vincularse o burlar a los encargados de impedir este tipo de delitos?
La culpabilidad puede ser real, pero no es verosímil. Ciertamente lo real puede carecer de verosimilitud (“la ficción tiene que ser verosímil, la realidad no”). Hay una lista importante de políticos en el núcleo del poder que han sido acusados de lo mismo, de huachicol fiscal, pero contra los que no se ha procedido, ni con el pétalo de una palabra en la mañanera.
Algún malpensado concluirá que con la detención de Ruffo no se trata de aplicar la ley, sino de mandar un mensaje. Una versión actualizada y radical de la frase atribuida al Benemérito de las Américas: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
La norma actual, llevada a un extremo, sería que a los amigos no se les toca. Y a los enemigos… Ni justicia para los amigos, ni ley para los enemigos.
No se trataría de aplicar la legislación vigente, sino de una peculiar versión de la soberanía. La soberanía de la clase política, del grupo en el poder. Si ser soberano es no depender de ningún otro poder, la soberanía que busca expresarse se esa, la de la clase políticamente dominante. Ningún poder por encima de ella. Ni la ley ni los tratados internacionales.
Se ha comparado a Ruffo con otros políticos que terminaron en la cárcel, por razones políticas. Nelson Mandela y Lula da Silva, concretamente. Casos distintos. De dimensiones históricas distintas. Hay una diferencia enorme entre quien puso fin al apartheid en Sudáfrica y el primer gobernador no priista a fines del siglo pasado en México.
Pero hay algo en común: en esos encarcelamientos prevalecen las razones políticas sobre las jurídicas. Y los responsables suelen terminar pagando los costos.
