Desde mediados de los ochenta, por lo menos, la sociedad civil se echó a cuestas la tarea de crear instituciones que midieran el ejercicio del poder, y lo confrontaran con evidencias de haber falseado o desviado el interés nacional. Fue así como el poder omnímodo fue siendo contenido y los políticos empezaron a conducirse de manera menos cínica, menos soberbia. Los logros no fueron suficientes, sólo marcaron la ruta que la sociedad debería seguir si aspiraba a crear un sistema en el que la conversación pública, el escrutinio civil y las leyes crearan un sistema menos injusto, menos desigual, menos corrupto. Las raíces del sistema estaban tan extendidas y profundas, que cuatro décadas fueron insuficientes y los resultados alcanzados, insatisfactorios. Pero algo habíamos avanzado. Esas instituciones, esods frenos fueron destruidos, cooptados o minimizados desde el poder por Morena. Hoy sobreviven pocos y éstos resultan caricaturas de lo que construyó y pretendía solidificar el esfuerzo ciudadano. Y, justamente, cuando el trayecto “transformador” queda evidenciado día tras día, interna y externamente, justo, entonces, es cuando al poder propone lineamientos para defender a las “audiencias”. Justamente, también, cuando esa destrucción hace posible que a diario se mienta desde todas las posiciones de poder; justamente, pues, cuando cualquier señalamiento, cualquier crítica incomoda porque hace ver que los cuentos no cuadran con las cuentas, surge la necesidad de salvaguardar los interes de las audiencias. Cabe preguntarse ¿cuáles audiencias? ¿Las gubernamentales? ¿Las oficiales?
La deliberación democrática debe estar abierta a toda opinión, por errada o manipulada que esté. La apertura democrática misma hace posible que otras voces, portadoras de nuevas evidencias, corroboren, confirman, corrijan. Ciertamente, las audiencias tienen derecho a defenderse. Hay casos en México que demuestran que la protesta social contra la desinformación ha desnudado, exitosamente, malas y perversas prácticas comunicativas. El derecho a las audiencias a estar bien informada está reconocido en el artículo sexto constitucional. Faltan, efectivamente, por ser desarrollados los criterios que sostendrán ese derecho; pero cuando la propuesta de crear lineamientos en ese sentido proviene del gobierno, especialmente en medio de una coyuntura crítica, agria, difícil, hay poco espacio para la duda: de lo que se trata es de evitar la crítica que descarrile (sin alusiones a tren alguno) la narrativa (debilitada, cada vez menos sólida) oficial.
En síntesis: a la sociedad civil le tomó mucho tiempo crear condiciones para contener la corrupción y la desinformación gubernamental (con resultados mixtos y no del todo satisfactorios); al gobierno morenista, en cambio, le tomó pocos años desmontar la estructura de contención para mentir abiertamente; y justo, cuando su caudal narrativo no encuentra otro contrapeso que la fuerte crítica social, en ese mismo momento reclama objetividad y amenaza con castigar a quien se atreva a nombrar la realidad desde discursos y vocabularios disidentes.
Inaceptable.
