La semana pasada, el periodista Luis Martínez publicó en El Popular un reportaje sobre una institución poblana que utilizamos todos los días sin detenernos a pensar en lo extraordinarias que es: el Sistema de Transporte Universitario de la BUAP.
El STU es una red que conecta distintos puntos de la zona metropolitana con instalaciones de la BUAP y que ha construido algo que miles de personas usuarias del transporte poblano quisiéramos tener: tarifas asequibles, rutas claras, horarios bien definidos, reservación de viajes, seguimiento de las unidades y condiciones de seguridad considerablemente mejores. Francamente se trata de una anomalía: un transporte que sí funciona. Y funciona porque la propia BUAP ha dedicado presupuesto, personal y capacidad institucional para resolver un problema que, fuera de sus instalaciones, corresponde al gobierno estatal.
En su reportaje, Luis habla de que el STU mueve diariamente a más de 15 mil usuarios de la comunidad universitaria. Tras leer este trabajo y reconociendo la histórica aportación del STU a la movilidad estudiantil, me surgió la pregunta: ¿qué sería del transporte público de Puebla si el STU no existiera?
Me refiero a qué habría ocurrido políticamente si decenas de miles de jóvenes hubieran tenido que depender todos los días, durante todos estos años, del mismo transporte concesionado que utiliza el resto de la ciudad. Seguro no se habrían quedado de brazos cruzados.
Gracias al STU, parte importante de la comunidad universitaria cuenta con una alternativa al transporte público convencional. No necesita soportar diariamente unidades en malas condiciones, frecuencias impredecibles, largos tiempos de espera, operadores compitiendo por el pasaje o servicios que terminan antes que termine la jornada de los trabajadores y universitarios.
El resultado es positivo para quienes utilizan el servicio. Pero tiene también una consecuencia política: miles de estudiantes están parcialmente protegidos de uno de los servicios públicos que más inconformidad genera entre quienes viven en Puebla.
Me parece que el STU ha funcionado, sin proponérselo, como una enorme válvula de escape de la presión del sector más vanguardista de la sociedad y con mayor capacidad para la formulación de ideas, organización y movilización para difundirlas: los universitarios.
Una de las más grandes movilizaciones universitarias de la historia reciente de Puebla fue por el incremento a la tarifa del transporte al final del gobierno de Mario Marín, antes de que comenzara la administración de Rafael Moreno Valle, cuando el pasaje subió a seis pesos. Esa tarifa se mantuvo durante los seis años de Moreno Valle, la minigubernatura de Tony Gali y el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Luego, en agosto de 2019, Barbosa tomó posesión y apenas unos meses después autorizó uno de los incrementos más grandes: el pasaje pasó de seis a 8.50 pesos en autobuses y microbuses y a ocho pesos en las unidades tipo van. La tarifa subió más del 40%.
Hubo protestas, algo de ruido y rápidamente el gobierno anunció una tarifa preferencial para ellos. El 17 de octubre de 2019 se publicó el acuerdo mediante el cual estudiantes de educación básica, media y superior seguirían pagando la tarifa que pagaban hasta el momento.
Con esta medida, el gobierno desmovilizó de manera efectiva a este importante sector de la comunidad poblana. Por eso me parece relevante pensar en el STU no solamente como una política universitaria, sino como una pieza que ha terminado influyendo en la relación política entre la ciudadanía y el transporte público.
Tal es la influencia de la BUAP en el transporte, que el gobierno estatal reubicó una de las estaciones proyectadas para el cablebus que originalmente se pretendía construir en instalaciones de la universidad. Su reubicación coincidió con otra desmovilización importante de la comunidad estudiantil que se opone a este proyecto.
Es imposible saber exactamente en qué medida el STU ha funcionado en este sentido, pero lo que sí sabemos es que la universidad construyó su propio sistema mientras la mayoría del transporte público poblano permanece atrapado en el mismo modelo concesionado, sujetos a la dinámica eterna del incremento a la tarifa a cambio de la modernización que nunca llega. Y el ciclo se repite esta administración.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, ha reconocido durante este año que el gobierno analiza un posible ajuste. En mayo señaló que tendría que realizarse a partir de estudios de costos y condiciones socioeconómicas, y en junio afirmó que una nueva tarifa no se determinaría antes de avanzar en la modernización de las unidades.
La discusión es legítima. Los costos de operación cambian. El combustible cuesta más, las refacciones cuestan más, los salarios deben aumentar y ningún servicio de transporte puede operar indefinidamente con una tarifa congelada, pero la pregunta no puede ser solamente cuánto debe costar el pasaje. Regularizar concesiones, revisar unidades o cambiar su cromática son acciones necesarias. Pero ninguna de ellas constituye por sí misma una transformación del transporte público.
Una unidad puede estar perfectamente pintada y seguir tardando cincuenta minutos en pasar. Puede cumplir con una nueva cromática y terminar el servicio demasiado temprano. Puede portar correctamente la tarifa vigente y continuar operando bajo un esquema en el que los ingresos dependen de cuántas personas consiga subir el operador.
Si habrá una nueva tarifa, debería existir también un nuevo estándar de servicio. Frecuencias. Horarios. Información en tiempo real. Condiciones mínimas de las unidades. Capacitación de operadores. Accesibilidad. Seguridad. Supervisión. Mecanismos de evaluación y consecuencias claras cuando los compromisos no se cumplan.
De otra manera tendremos, otra vez, los mismos vicios que tienen al servicio atrapado en la calidad deplorable que todos los días se vive. Y para saber que otro estándar de transporte es posible ni siquiera hace falta mirar demasiado lejos.
Está circulando todos los días por Puebla, bajo las siglas de la universidad.
Cada vez que el gobierno estatal vea pasar un autobús del STU debería agradecerle a la BUAP. No solamente porque la Universidad destina parte de su presupuesto y de su capacidad institucional a transportar a miles de personas, sino porque durante años también ha reducido la exposición de una de las comunidades con mayor capacidad de movilización a las deficiencias del transporte público que la autoridad estatal ofrece.
