Pemex no alertó a la población a petición de Protección Civil, lo hizo a causa de su propia afectación que pudo haber causado una desgracia mayor.
Oscar Edgar Hernandez es abogado y escritor.
Quienes han trabajado en el Complejo Procesador de Gas (CPG) de Poza Rica conocen bien el lenguaje del silbato de vapor. Saben de sus toques rutinarios que marcan el inicio y fin de turnos, la hora de comida y de sus sonidos especiales, como el que celebra la llegada del Año Nuevo. Pero ellos, y cualquiera que lo escuche en la ciudad, saben también que un silbato sonando fuera de horario tiene un único y alarmante significado: ¡peligro!
Sin embargo, en la madrugada de la inundación, el silbato de PEMEX guardó un silencio sepulcral. La razón es tan lógica como aterradora.
Históricamente, el CPG ya había sufrido inundaciones, la más recordada fue la del 5 de octubre de 1999, que devastó la región. Pero nada se comparó con lo que ocurrió esta vez. Con base en esa experiencia, se había instruido preventivamente a los trabajadores que se mantuvieran alertas ante la crecida del río Cazones, cuyas aguas lamen el borde de las instalaciones. Se les dio una indicación crucial: mantener abiertas las puertas de los búnkeres, las cuales abren hacia afuera. De no haber sido así, la fuerza del agua las habría sellado, convirtiéndolos en trampas mortales.
Poco antes de las 5:00 de la madrugada del 10 de octubre de 2025, el agua irrumpió con una furia inesperada, tomándolos completamente por sorpresa. La reacción inmediata fue seguir los protocolos de emergencia: poner las plantas fuera de operación y pasarlas a “modo seguro”. Esta acción fue heroica. De no haberse hecho, los sistemas habrían desfogado gas a la atmósfera, creando una nube potencialmente tóxica por sus compuestos de azufre (SO₂, H₂S) y altamente explosiva. En cambio, el gas fue derivado de forma controlada a los quemadores, salvaguardando las instalaciones y, con ello, la seguridad de toda la ciudad.
Mientras esto ocurría, otros trabajadores luchaban por su vida dentro del complejo inundado. Con los sistemas colapsados por el agua, no había vapor para operar el silbato. Ninguna alarma pudo sonar para advertir a la ciudad. Y aquí cabe una aclaración fundamental: en ningún momento Protección Civil, ni a nivel municipal ni estatal, había solicitado a PEMEX que preparara un protocolo de aviso sonoro para la población en caso de una emergencia de esta naturaleza.
La enorme masa de agua proveniente del río San Marcos, en la sierra de Puebla, continuaba su avance mortal hacia colonias como la Morelos. No hubo aviso alguno hasta que, aproximadamente a las 5:30 a.m., lograron despertar a funcionarios de la antigua Subdirección de Producción Región Norte (lo que antes era PEP) para que autorizaran la activación de una alarma distinta, ubicada en el interior del campo. Para esa hora, la orden llegó tarde. La inundación ya se había apoderado de la ciudad sin aviso previo, sin una voz de alerta.
No existió un plan de evacuación efectivo. No hubo medidas preventivas visibles. Quedan en el recuerdo eventos pasados donde el gobierno disponía de autobuses en los puntos tradicionalmente susceptibles a inundarse, y donde la policía y el ejército estaban desplegados antes del desastre, como parte de una sesión permanente del consejo de Protección Civil donde cada institución asumía su función.
Mención aparte merece el futuro del Complejo Procesador de Gas. Es posible que no se recupere de los daños sufridos. Si se logra, podría tardar al menos ocho meses, comprometiendo el futuro de la nueva planta en El Escolín.
Si los trabajadores del CPG no hubieran actuado con profesionalismo, si hubieran sido víctimas del pánico y no hubieran seguido sus procedimientos antes de abandonar su centro de trabajo, la ciudad habría amanecido bajo una nube tóxica. Un fantasma que recuerda a la trágica fuga de gas sulfhídrico de 1950 que enlutó a Poza Rica. Eso no sucedió, pero la tragedia se llevó la vida de un excelente trabajador, un buen amigo, esposo y padre que hasta el último momento cumplió con su deber.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su parte, hizo su trabajo a tiempo. Protegió sus instalaciones y garantizó la seguridad de los ciudadanos al cortar el suministro eléctrico, evitando muertes por descargas ante la caída de cables. Ellos, por experiencia y procedimiento, sabían lo que podía pasar y lo evitaron.
Quienes no supieron, o no quisieron saber, lo que podía ocurrir, ya sea por inexperiencia, ineptitud u otras razones, fueron los gobiernos municipal, estatal y federal. Tenían a su disposición imágenes de satélite para monitorear la crecida minuto a minuto, contaban con las estaciones de monitoreo de CONAGUA y con personal a lo largo de la cuenca del río. Sin embargo, se limitaron a emitir una alerta genérica de posible desbordamiento, sin movilizar ayuda previa para la población.
Mientras la Secretaría de Educación suspendió actividades hasta el día viernes, otras instancias como la Universidad Veracruzana y el Poder Judicial no lo hicieron. La central de autobuses y la central de abastos, que a esa hora bullen de actividad, no recibieron ningún aviso. Mientras el CPG se ahogaba, la mayor parte de la población dormía, ignorando que la muerte se acercaba.
El resultado ya lo conocemos, aunque las autoridades, incluida la gobernadora del estado, Rocío Nahle, se esfuercen en minimizar la catástrofe: minimizan las muertes, los daños y las pérdidas.
Pobre de nuestra ciudad. Pobre Poza Rica.
(En memoria de Luis Arturo Aguirre, y los demás héroes anónimos y todas las víctimas que fallecieron en la inundación del 10 de octubre de 2025).
