Llamar a las cosas por su nombre: sin sanciones no hay control efectivo
Escuchar un gobernante decir sin rodeos que todo exceso de velocidad será sancionado, sin excepciones ni perdones, es algo poco común en México, pero esta semana ocurrió en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta anunció con claridad que en su gobierno van a sancionar los excesos de velocidad, sin distingo, tras varios siniestros mortales y una amplia discusión en redes sociales en las últimas semanas.
El contraste es inevitable con lo ocurrido esta misma semana en Michoacán, donde su gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la cancelación de todas las multas de tránsito como respuesta a denuncias de corrupción y abusos por parte de la Guardia Civil. Mientras una decisión parte del reconocimiento de que el exceso de velocidad debe tener consecuencias claras, la otra evidencia la falta de voluntad del Estado para corregir prácticas indebidas sin renunciar a una herramienta básica de control como son las sanciones pecuniarias.
Por eso, el anuncio del gobierno de Puebla me resulta francamente reconfortante: no sólo por la medida en sí, sino porque el mensaje público llama al problema por su nombre y asume el seguro costo político de enfrentarlo.
Durante años, el discurso oficial sobre seguridad vial ha estado lleno de eufemismos. Se habla de concientización, de cultura vial, de corresponsabilidad, pero se evita el punto central: la velocidad mata, y sólo se logra combatir cuando hay consecuencias reales para conductores irresponsables, cosa que los gobiernos suelen evitar, dado que las policías de tránsito suelen tener la peor percepción en corrupción y los gobiernos temen la pérdida de apoyo de la ciudadanía frente a estas medidas correctivas que duelen en el bolsillo y de las que la gente se queja con argumentos como supuestos trasfondos recaudatorios u otros motivos ulteriores.
Frente a ese contexto, que hoy se diga con claridad que se aplicarán las sanciones por exceder la velocidad, y que nadie podrá evadir las multas, independientemente del origen de sus placas, genera al menos la ilusión de un compromiso firme y, sobre todo, asertivamente comunicado.
Este énfasis es clave porque uno de los grandes vacíos del sistema de fotomultas en Puebla ha sido precisamente la evasión sistemática de sanciones, alimentada por un mercado informal pero tolerado de placas foráneas. En la Ciudad de México circulan miles de vehículos con placas de Morelos; en Puebla es común ver placas de Tlaxcala; en los últimos años también ha crecido el emplacamiento en Guerrero. No es casualidad. Son alternativas ofrecidas a ciudadanos que buscan pagar menos tenencia desde que Calderón canceló este impuesto federal, falsamente atribuido a los Juegos Olímpicos del 68 y que convenientemente ayuda también a evadir sanciones captadas por sistemas automáticos.
Aquí hay un problema que rebasa por mucho a Puebla. Existe una competencia perversa entre entidades federativas para atraer emplacamientos, aun cuando saben que esos vehículos circularán cotidianamente en otros estados. Tal es el caso del gobierno de Tlaxcala. La gobernadora Lorena Cuéllar debe saber que la evasión a la fotomulta es un atractivo para que automovilistas poblanos emplaquen en Tlaxcala y posiblemente prefiere no cooperar para que Puebla y Tlaxcala se coordinen, ante el riesgo de que pierda esos pesos de automovilistas poblanos.
Se recauda un poco, sí, pero se traslada el costo de la inseguridad vial y la falta de mecanismos de control a los gobiernos de las entidades donde esos autos realmente circulan. Es una carrera hacia el fondo que debilita cualquier política seria de control de velocidad y de aplicación de las leyes en general. Lo mismo pasa con el gobierno de Guerrero y los permisos provisionales y placas para autos y para motocicletas.
La buena noticia es que frente a este escenario no hay vacío legal. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya plantea la creación de un registro nacional de licencias, placas e infractores, precisamente para garantizar el acopio y el intercambio de datos vehiculares entre entidades. El reto es hacerlo funcionar y se requiere de la concordia entre las entidades federativas y la federación.
El objetivo es simple: que Puebla pueda sancionar, mediante cámaras y sistemas automatizados, placas de cualquier estado, sin depender de operativos discrecionales y sin poner en riesgo a policías y agentes de proximidad en retenes o persecuciones innecesarias, aprovechando al máximo los beneficios de la tecnología disponible. En la Unión Europea ya sucede a nivel continente. Es vergonzoso que aún no podamos hacerlo a nivel nacional en México.
Avanzar hacia un esquema plenamente automatizado, interoperable y nacional no sólo es más justo, también es más seguro. Reduce la corrupción, elimina criterios arbitrarios y protege tanto a quienes hacen cumplir la ley como a quienes usan la vía pública. Los operativos pueden ser una medida transitoria, pero el horizonte debe ser el de un sistema automatizado, sin posibilidad de mordidas, con transparencia y mecanismos de inconformidad garantizados.
En este contexto, vale la pena mencionar el papel de Silvia Tanús. Quienes seguimos de cerca el proceso legislativo de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado fuimos testigos de su tesón y de su determinación para que esa ley saliera adelante. Por eso confío en que hay en Silvia una convicción real para implementarla y evitar que quede en letra muerta. La prueba no estará en los anuncios, sino en la constancia. Hay que apoyarla.
Nada de esto sustituye las tareas de fondo. En la Vía Atlixcáyotl es indispensable un rediseño vial integral que priorice a peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público. La semana pasada perdimos a dos jóvenes como consecuencia de un diseño que privilegia al automóvil y estimula la velocidad. Por ello, es necesario mirar el sistema completo y no limitar la discusión a la conducta individual de quien conduce un vehículo.
Por Mayca, pero también por Sandra Paola, la justicia debe traducirse en garantías de no repetición. La infraestructura importa, y mucho. Frente al reto inmediato y a la urgencia de salvar vidas hoy, escuchar a las autoridades reconocer el problema y anunciar medidas claras e inequívocas de control de velocidad sí es una buena noticia, pero hay mucho por hacer.Ojalá la buena voluntad expresada esta semana no sea una excepción. Ojalá marque un punto de inflexión. Porque en seguridad vial, decir las cosas como son es siempre el primer paso para empezar a hacerlas bien. Que así sea.
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