El 14 de mayo pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcial y temporalmente el relleno sanitario de Chiltepeque, aunque tardía, esta actuación representa sin duda un reconocimiento oficial (e insuficiente) de las irregularidades que ahí suceden desde hace tiempo. El relleno lleva treinta años operando en tierras que pertenecieron a comunidades originarias ubicadas al poniente de la ciudad de Puebla, recibiendo la basura de la capital y municipios conurbados, creciendo muy por encima de lo autorizado y contaminando el agua y la tierra de quienes viven a su alrededor.
Quien escribe ha seguido este caso desde hace algunos meses, sin embargo no es una lucha reciente, el protagonista central de esta ha sido Darinel Keller Ceballos, fundador del colectivo “Yo Seré Su Voz, Colectivo por los Animales y Medio Ambiente”, quien durante más de dos años desarrolló una investigación basada en pruebas de rigor científico que distintos órdenes de gobierno ignoraron sistemáticamente hasta que la presión mediática y la contundencia de las evidencias hicieron imposible seguir haciéndolo.
Algunas de las irregularidades
Keller documentó una serie de irregularidades que van mucho más allá del problema de los lixiviados (motivo de la clausura); los lixiviados (líquidos altamente tóxicos producto de la descomposición de la basura) son sólo la punta visible. Bajo la montaña de basura existe un túnel construido deliberadamente por la empresa para evacuar esos líquidos hacia el exterior del recinto, conduciéndolos directamente hacia el cauce de un arroyo que desemboca en la Presa de Valsequillo (declarada humedal de importancia internacional en 2012). En los jagüeyes cercanos a Santo Tomás Chautla, donde el ganado para consumo humano va a beber, los análisis de laboratorio encontraron metales pesados cancerígenos cuya única fuente posible es el relleno, el sitio recibe además residuos biológico-infecciosos que por normativa federal no pueden depositarse en rellenos municipales.
No existe ninguna barrera física entre el relleno y las tierras de cultivo y pastoreo circundantes. Una población de perros semiferales transita libremente entre los residuos, incluidos los biológico-infecciosos, y los asentamientos humanos y tierras de cultivo, transportando en su cuerpo microorganismos que distribuyen en el entorno. Las aves migratorias que llegan a la Presa de Valsequillo se alimentan en aguas contaminadas y regresan al norte del continente llevando consigo lo que ahí absorbieron; perros y aves son vectores de contaminantes biológicos que no reconocen los límites del predio.
Y hay más; el Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno, obtenido por Keller mediante solicitud de información, omite la existencia de los tres jagüeyes documentados con coordenadas GPS y afirma que el proyecto no modificará patrones hidrológicos, siendo que el relleno está ubicado dentro de una subcuenca hidrológica. El relleno creció siete veces su tamaño original autorizado sin que exista modificación alguna al título de concesión y desde marzo de 2024, tras la clausura del basurero de Cholula, comenzó a recibir residuos de ocho municipios adicionales sin autorización legal y sin ningún estudio de impacto ambiental actualizado.
Cronología de omisiones
En septiembre de 2024 Keller y habitantes de Santo Tomás Chautla promovieron un amparo solicitando la clausura del relleno, un juez federal lo rechazó argumentando que el sitio cumplía con las normas. El 16 de enero del presente año Keller presentó una denuncia formal ante la Profepa con toda la evidencia acumulada, en marzo la Profepa dictaminó que no procedía la clausura porque sus inspectores no habían encontrado evidencia de escurrimientos de lixiviados durante su visita, a pesar de la existencia del canal, de las marcas de los escurrimientos, y de que los propios habitantes explicaron una y otra vez que la inspección se estaba realizando en tiempo de sequía.
En días recientes con la llegada de las lluvias, los activistas y pobladores grabaron los escurrimientos, la presión mediática se volvió imposible de ignorar, y por fin el 14 de mayo la misma Profepa, que había descartado las evidencias, clausuró el sitio por deficiencias en el manejo de lixiviados. Por exactamente parte de lo que Keller había documentado y denunciado durante dos años.
La represión
Pero ese mismo día el Estado mostró a quién sirve, mientras la Profepa colocaba los sellos de clausura, los camiones de basura continuaron entrando al relleno. Policía municipal, policía estatal, elementos de Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegaron para proteger el funcionamiento de la empresa y reprimir una manifestación pacífica de pobladores que exigían el cumplimiento de la clausura. Dos personas de la comunidad fueron detenidas, un joven de 21 años denunció haber recibido descargas eléctricas durante su detención.
Estos hechos son la antesala de lo que los gobiernos municipal, estatal y federal están dispuesto a hacer para proteger los intereses de particulares y es una advertencia de que la violencia institucional puede escalar. Por eso hay que decirlo con toda claridad: si algo le sucede a Darinel Keller Ceballos, si es hostigado, criminalizado, detenido o sufre cualquier forma de represión por su labor de activismo y documentación ambiental, la responsabilidad recaerá directamente sobre el alcalde José Chedraui Budib, sobre el gobernador Alejandro Armenta y sobre el gobierno federal. Lo mismo vale para los pobladores de Santo Tomás Chautla que han padecido durante décadas los estragos de la contaminación que el relleno ha ocasionado.
La necesidad de un plan integral de gestión de desechos
La clausura parcial del relleno ha exhibido la fragilidad e inoperatividad de todo un sistema, bastó una medida para que ocho municipios alteraran su recolección de basura en menor o mayor medida, y esto debido a que no existe ninguna alternativa metropolitana que cumpla las formalidades y menos aún que sea sustentable. Treinta años de concesión privada y no hay un sólo plan de gestión de residuos alterno, no hay infraestructura pública de respaldo, y simplemente no existe porque no hay planeación ni voluntad política para hacerlo. Para la empresa Rellenos Sanitarios S.A. de C.V. (RESA) la prioridad es la ganancia y para el gobierno facilitarla, la salud de los poblanos no está en su órbita de prioridades.
Un triunfo parcial y momentáneo
La clausura parcial (a pesar de su incumplimiento) es un triunfo que pertenece a las comunidades organizadas, el que la Profepa haya tenido que actuar, aunque tarde y a medias, es una prueba de que la lucha organizada de las comunidades funciona. Sin embargo ese triunfo no hay que confundirlo con una solución. Lo que está en disputa es, en el fondo, la disputa entre la vida de las comunidades y la rentabilidad de un negocio que ha operado demasiado tiempo sin rendir cuentas a nadie. Mientras no haya clausura definitiva, plan metropolitano de gestión de residuos sustentable y reparación del daño a las comunidades, la solución no llegará. Cualquier intento cosmético de parte de RESA será exactamente eso: cosmético. Si la Profepa lo acepta como suficiente, confirmará lo que muchos ya sabemos: que su función no es proteger el ambiente sino encubrir intereses privados. Las autoridades han dado la espalda a estas comunidades durante treinta años, nada indica que actuarán diferente.
Coda: La experiencia de Chiltepeque confirma que el Estado no es un árbitro neutral entre el capital y las comunidades, sino el garante estructural de las condiciones que permiten la acumulación privada, incluso cuando esta acumulación se sostiene sobre la degradación ambiental y el deterioro sistemático de la salud de poblaciones enteras. Frente a esa realidad, la denuncia técnica y la presión mediática son condiciones necesarias pero insuficientes, sólo la acción política coordinada capaz de articular las demandas ambientales con una comprensión clara de la lógica del capital que las produce logrará transformar un triunfo parcial en una victoria real.
