Toda discusión seria sobre la modernización del transporte público y del incremento a la tarifa debería empezar con una pregunta básica: ¿sabemos realmente cómo funciona hoy el sistema?
Si queremos un transporte público digno, el primer paso es mirar en blanco y negro lo que tenemos. Medirlo todo. Escuchar a quienes lo usan. Y construir, desde ahí, el sistema que Puebla necesita. Quizás descubramos que no es un cablebus lo que más urge.
No me refiero sólo a cuántas concesiones existen, cuántas rutas hay, qué tipo de unidades son o cuánto cuesta el diésel. Me refiero a saber cómo se vive el transporte público todos los días. Cuánto tiempo esperan las personas en los paraderos. Qué tan frecuente es el servicio. Cuáles rutas se saturan, en qué horarios y en qué sentidos. Cuáles dejan de pasar temprano y a qué hora. Dónde hay más inseguridad. Dónde las mujeres enfrentan más acoso. Dónde una persona mayor o con discapacidad simplemente no puede subir a la unidad, llegar a la parada o completar su viaje (que seguro es en la mayoría por no decir que en prácticamente todas las unidades). Qué rutas son más usadas para viajes de cuidado.
Durante meses, el debate público en Puebla ha girado alrededor de la construcción del cablebus y sus respectivas ocurrencias de cada quincena. En un papel mucho menos protagónico hace unas semanas se habló del potencial aumento de la tarifa del resto del transporte y de cuánto pueden pedir de incremento los concesionarios. Pero una modernización real del transporte público no puede empezar y terminar en el precio del pasaje o en la implementación de una sola tecnología en un proyecto aislado.
La tarifa es apenas una parte del problema y el proyecto insignia del gobierno de Alejandro Armenta que atendería 2% de los viajes en transporte público simplemente se quedaría corto frente al tamaño del reto. La pregunta ausente es qué sistema tenemos, qué tan mal o bien funciona, dónde están sus fallas más graves y qué tendría que cambiar para que el transporte público cumpla su función como columna vertebral de la movilidad urbana.
Para responder eso, Puebla necesita una ruta crítica que empiece con una apuesta ambiciosa por evaluar lo que existe hoy. Para prometer modernización, tenemos que definir dónde estamos y hacia dónde queremos ir: hace falta construir un diagnóstico público, serio y detallado del transporte colectivo.
La calidad del servicio debe ser observable en la experiencia cotidiana de las personas. Frecuencias, tiempos de espera, regularidad, cobertura, accesibilidad, condiciones de las unidades, trato a las personas usuarias, seguridad, información disponible para el usuario y niveles de satisfacción evaluados periódicamente son indicadores que permiten saber si el sistema está cumpliendo su función. Sin esos datos, cualquier discusión se queda contenida entre la prevalente queja cotidiana, la constante presión de los concesionarios y la eterna promesa de que, ahora sí, va a mejorar con el próximo incremento a la tarifa.
¿Por qué no iniciar con la elaboración de un plan maestro del transporte público a partir de un diagnóstico integral del servicio?
Un plan que parta de la evidencia y no de las ingenuas aspiraciones de grandeza de quienes jamás usan el transporte público. Un listado de acciones que nos diga qué rutas deben mantenerse, cuáles deben reorganizarse, dónde hacen falta rutas troncales de gran capacidad y dónde faltan alimentadoras, dónde se requieren mejores paradas, y ya que tanto nos gusta concesionarias, también que diga cómo se coordinarán ayuntamientos y estado para la colocación de las mismas; dónde debe ampliarse el horario de operación, incrementar la frecuencia, dónde urge intervenir por razones de seguridad o atención a violencia de género, con qué rutas empezar a sustituir las unidades por vehículos con accesibilidad universal, con un horizonte de tiempo bien definido para alcanzar el 100% de la flota.
Ese diagnóstico tendría que incluir una encuesta masiva a personas usuarias del transporte público, ruta por ruta. Preguntarles cuáles son sus principales dolores: cuánto caminan a la parada, cuánto tiempo esperan, cuánto gastan, cuántos transbordos hacen, qué tan confiable es su ruta, qué riesgos enfrentan, qué horarios les preocupan, qué tan seguras se sienten las mujeres, si han vivido acoso, si pueden acceder con carriolas, bastones, sillas de ruedas o bolsas de mandado o animales de apoyo, si la unidad se detiene donde debe, si el conductor maneja adecuadamente, si saben por dónde pasa la ruta o si aprendieron a usarla sólo porque alguien más se los explicó.
Sólo así podríamos saber de viva voz cuáles son las rutas de Puebla más y menos confiables y dónde están las mayores oportunidades de mejora y los pendientes más urgentes. La eficiencia del transporte no se mide únicamente en kilómetros recorridos, pasajeros transportados, ingresos recaudados por la tarifa. Un mejor transporte sólo puede medirse en la confianza que el usuario le tiene, y eso sólo se logra garantizando seguridad, trato digno, accesibilidad y tiempo recuperado para la vida.
Un sistema que no mide la espera normaliza la impuntualidad. Un sistema que no mide el acoso lo vuelve invisible. Un sistema que no mide la accesibilidad excluye sin reconocerlo. Un sistema que no mide la satisfacción de sus usuarios confunde operación con buen servicio. Un sistema que no mide sus fallas termina administrando el deterioro.
La modernización no puede limitarse sólo a cambiar unidades viejas por nuevas, ni reducirse a pintar camiones, instalar cámaras tras anunciar una nueva tarifa. Mucho menos es dedicar 7 mil millones de pesos a un cablebus que sólo moverá 2% de los viajes en transporte público de la ciudad.
Modernizar significa hacer un esfuerzo por vivir la experiencia que viven cientos de miles de personas todos los días, conocer el sistema, corregir sus incentivos perversos, garantizar su financiamiento, ordenar sus rutas, mejorar su infraestructura, transparentar su operación y reconocer la experiencia de las personas usuarias como objetivo central de la política pública.
Los usuarios debemos ser partícipes, no sólo testigos. Si somos quienes esperamos, pagamos, caminamos, transbordamos, nos apretamos, llegamos tarde, nos exponemos y organizamos la vida alrededor de la baja confiabilidad actual del transporte, también debemos participar en definir qué debe cambiar, como la fuente más legítima de conocimiento sobre el sistema.
Con la coyuntura del cablebus y el posible incremento a la tarifa se abre una oportunidad para hacer las cosas distinto. El gobierno estatal puede aumentar la tarifa, imponer el cablebus y buscar mejorar la percepción del transporte a punta de propaganda. O puede iniciar una verdadera modernización: medir, escuchar, diagnosticar, planear, invertir, evaluar y corregir.
El costo de lo que no se mide lo pagamos todos los días con el tiempo perdido en el tráfico o en la parada esperando un autobus que no llega; también con los viajes inseguros y combis y microbuses que chocan con otros vehículos, atropellan peatones o ciclistas y mandan a decenas a las ya de por sí saturadas salas de urgencias; lo pagamos con las camas de hospital ocupadas por el siempre creciente número de motociclistas que se hartaron del transporte público y decidieron endeudarse para comprar un vehículo en el que depositan la esperanza de dejar de perder tanto tiempo de sus vidas; se paga con mujeres acosadas, personas con discapacidad excluidas del tejido urbano de la ciudad y familias que gastan cada vez más para moverse cada vez peor.
Si queremos un transporte público digno, el primer paso es mirar en blanco y negro lo que tenemos. Medirlo todo. Escuchar a quienes lo usan. Y construir, desde ahí, el sistema que Puebla necesita. Quizás descubramos que no es un cablebus lo que más urge.
(Imagen de portadilla tomada de Periódico Central)
