Principio de incertidumbre
Cristian González Farfán
Los errores propios de la convención, los contenidos de la propuesta, la campaña de desinformación y la concurrencia de nuevos votantes figuran entre las causas con las que varios especialistas explican el resultado. Mientras un alicaído Gabriel Boric busca tender puentes con los partidos políticos, vuelven las marchas y las evasiones masivas de estudiantes en el metro.
«Yo practiqué judo alguna vez. Para derribar a mi oponente tenía que ver cuáles eran sus puntos débiles y buscaba una técnica para llevarlo al piso y ganarle. El rechazo hizo eso: aprovechó todas las instancias en que el apruebo le dejó la puerta abierta», reflexiona Víctor Cartes, un profesor de la comuna de Petorca –una localidad de la región de Valparaíso situada a 204 quilómetros al norte de Santiago– que votó rechazo a la propuesta de nueva Constitución sometida a plebiscito el domingo. Petorca pertenece a la provincia homónima, que ha sido etiquetada por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, como «el epicentro de la violación del derecho humano al agua». Alude a la acción de grandes empresarios agroindustriales que, según él, han secado los valles y horadado la vida de la comunidad, merced a los numerosos derechos de aprovechamiento de agua que poseen.
En esa comuna, golpeada por una severa crisis hídrica, mezcla de megasequía y usurpación de aguas, la opción rechazo ganó con un 56,11 por ciento, mientras que el apruebo marcó solo un 43,89 por ciento. El resultado causó sorpresa a nivel nacional, en tanto la propuesta constitucional consagraba el derecho humano al agua y su calidad de bien común natural inapropiable, entre otras medidas. De cualquier modo, lo sucedido en Petorca se replicó en casi todo el país y de forma apabullante: el rechazo ganó en 338 comunas, mientras que el apruebo solo se impuso –y por escaso margen– en ocho de ellas.
A Víctor Cartes le irrita que lo llamen «ignorante», la palabra más suave proferida por los partidarios del apruebo en redes sociales contra quienes en Petorca optaron por el rechazo. «Yo no soy ningún ignorante, me parece poco atinado que traten a la gente así. La gente consiguió el texto, lo leyó y se informó a través de los debates en la televisión. Ha habido una mirada despectiva sobre Petorca. Yo tengo mi posición, pero no voy a convencer a la gente; les decía: “Léala, si le gustan los diez puntos más importantes, vote apruebo; si no le gustan, vote rechazo”», comenta el docente, para quien «faltó convencimiento de la Convención Constitucional de que el trabajo que se hacía era correcto. Hubo un problema de transmisión de la información respecto de la propuesta: se ideologizaron, tomaron posturas partidistas, y eso no me parece».
Tanto el pueblo de Petorca como los sectores más rurales de la comuna, reconoce Cartes, se abastecen de agua a través de camiones aljibe. Pero desmiente que la gente se tenga que bañar por partes y que las niñas no van al colegio porque no se pueden lavar las manos durante su período menstrual por la falta de agua en los recintos educativos, como señaló en una entrevista la activista y exconstituyente petorquina Carolina Vilches. «A mí, al menos, nunca me ha faltado el agua», esgrime el profesor. No fue el agua, sino otras razones las que lo llevaron a impugnar el texto plebiscitado: «Cuando leí el texto, sentí que no abarcaba las necesidades básicas de la sociedad chilena en su conjunto. Tenía líneas segregadoras muy marcadas y errores gramaticales y de sintaxis. Por otra parte, la propuesta segregaba a la familia, la familia no aparecía en ninguna parte en la Constitución, solo hablaba del Estado». En rigor, el artículo 10 del texto reseñaba que «el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna».
Los nuevos votantes
El expresivo 61,87 por ciento que obtuvo a nivel nacional el rechazo versus el 38,13 por ciento del apruebo mantuvo en vigencia la Constitución de 1980 escrita en dictadura y dinamitó el trabajo que durante un año emprendió la convención constitucional electa por votación popular, con perspectiva de género y participación de independientes y pueblos originarios. La gran brecha con el plebiscito de entrada de 2020 (con voto voluntario, un 78,31 por ciento marcó apruebo versus un 21,69 por ciento que lo hizo por el rechazo) radicó en la histórica participación –inédita en Chile– en el referéndum del domingo: más de 13 millones de electores. El llamado Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que destrabó por vía institucional la revuelta de octubre, había determinado que el plebiscito de salida fuese con voto obligatorio. ¿El resultado? Más de 4 millones de votantes nuevos –respecto de la segunda vuelta presidencial de 2021– aparecieron en escena e inclinaron la balanza a favor del rechazo.
«Ese 38,13 por ciento del apruebo estaba de acuerdo con algunos derechos que para otra parte del país no eran temas relevantes. Esa desconexión no era evitable, porque no podíamos saber qué pensaban los chilenos que no votaban, y se podía creer que apoyarían estas medidas que en otros países se alababan. Internacionalmente era una propuesta muy bien recibida, pero parece que no tocaba las preocupaciones o demandas más sentidas de las y los chilenos», explica Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, quien además era parte del equipo suplente del Comité de Ética de la Convención Constitucional.
Otros analistas y los propios exconvencionales coinciden en que hubo una convergencia de muchas variables que explican el rutilante triunfo del rechazo, cuya amplia distancia con el apruebo no fue ni siquiera presagiada por las encuestas. «Puedo mencionar como causas la votación obligatoria, en la cual participaron personas que sienten una desafección profunda con la política, por lo tanto, ejercen un voto de castigo; la amplificación, a través de los medios de comunicación, de estereotipos conservadores sobre cosas como el poco sentido patriótico de la convención, elemento que no tenía ningún asidero; la asimetría de aportes en la campaña electoral y los propios errores de la convención», admite la expresidenta del órgano constituyente María Elisa Quinteros. La exlíder de la convención, asimismo, critica el tiempo limitado en que transcurrió el proceso, lo que influyó en que «no pudimos insertarnos en los sectores populares, porque escribir la propuesta implicaba dejar de volver a nuestros territorios. No se logró hacer pedagogía constitucionalista, que era muy necesaria por la brecha de educación cívica que hay en la población chilena».
Esta imposibilidad de cubrir todos los territorios la padeció el profesor Cartes, quien asegura haber visto a la exconvencional Carolina Vilches haciendo campaña por el apruebo y explicando la propuesta en la comuna, solo en el acotado plazo de dos meses entre la entrega del documento final (4 de julio) y el plebiscito de salida (4 de setiembre). «Si querían un voto informado, deberían haber traído a gente del apruebo y el rechazo a través de un cabildo abierto para la gente», plantea Cartes, quien votó por el ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y, paradójicamente, por Rodrigo Mundaca (reconocido activista de la zona por la defensa del agua) en la elección para gobernadores regionales. Optó por el rechazo tanto en el plebiscito de entrada como en el de salida, pues –arguye– no es necesaria una nueva Constitución.
Plurinacionalidad, un concepto que no caló
Las causas del fracaso de la ruta constituyente exploradas por los comandos del apruebo oscilan entre las críticas externas y la propia autocrítica. Más allá de la campaña de descrédito orquestada por el rechazo (véase «Ecos de una campaña sucia», Brecha, 12-VIII-22), que implicó una multimillonaria inversión en redes sociales y difusión de noticias falsas validadas por el espectro de medios de comunicación hegemónicos, los analistas sospechan que los contenidos de la propuesta y el desempeño de la Convención Constitucional fueron vistos con suspicacia por el grueso del universo electoral.
«Cada convencional se presentó con un programa determinado. Los independientes lo hacían por los animales, el agua, el feminismo, etcétera. Cada uno llegó con sus banderas de lucha y hubo mucho énfasis para un electorado que no funciona de la misma manera. Hay grupos que defienden ciertas banderas y que no van en la lógica de la mayoría de la población: el aborto, la plurinacionalidad. Los constituyentes estaban de forma legítima en representación de sus territorios, pero fallaron en ese examen de presentar una Constitución no solo para los grupos que defendían esas banderas, sino para toda la población. Les faltó mayor amplitud», analiza Javiera Ulloa, académica de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Los Lagos.
Parcialmente coincide en el diagnóstico el abogado constitucionalista Javier Couso, para quien la definición de Estado plurinacional tuvo muy poca acogida en la sociedad chilena. Tanto es así que hasta en las comunas con alta población indígena el rechazo también se impuso: «Se podía sentir que no había mucha empatía con la plurinacionalidad, diría que fue desconcertante. La mezcla entre la aprobación de las normas del aborto y del Estado plurinacional produjo una caída del apruebo en las encuestas de la que nunca más se recuperó». Esto se conjugó, según el experto, con que en la asamblea había convencionales muy «radicalizados» y que contribuyeron a presentar normas «abiertamente desalineadas con la opinión del votante medio chileno» dentro de las comisiones. Aclara Couso que varias normas fueron corregidas o rechazadas en el pleno, pero igualmente los medios las reprodujeron y alarmaron a la población. Un poco en línea con la analogía del judo, reseñada por el profesor de Petorca.
La filósofa Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, percibe que hubo un «maximalismo progresista» de la Convención Constitucional, ya que, además de garantizar derechos sociales demandados desde hace mucho tiempo, «se incluyeron otros derechos llamados liberales, como la plurinacionalidad, que no se sabía tan claramente si estaba siendo exigida por el país». Sin embargo, en ese punto, Aurenque responsabiliza al gobierno de Sebastián Piñera por entorpecer el funcionamiento de la convención: «No hubo una campaña informativa del gobierno de Piñera para socializar lo que se conversaba en el interior de la convención con el resto del país. Y como el gobierno no condujo el proceso, ciertos conceptos le parecieron muy extraños a la ciudadanía». Para Couso, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, otro pecado de la convención fue «no convocar a la derecha, que tenía una representación del 20 por ciento en el órgano constituyente, a través del reglamento».
La politóloga Ulloa cree que, al final de cuentas, la Convención Constitucional fue escrutada con la misma vara con que se mide a la clase política en general: «Fue vista como una nueva elite política, habiendo ya un enorme descrédito de la clase política. La gente comenzó a mostrar distancia desde la instalación de la convención, cuando algunos constituyentes gritaban en el pleno. Ahí la gente sintió que no se mantenía una formalidad republicana. Basta que esa nueva clase política, en un país tan formal como Chile, se comporte de manera inadecuada para que confirme esa idea general que hay sobre los políticos en su totalidad».
Los expertos atribuyen, paralelamente, la victoria del rechazo a lo que llaman campaña del terror, impulsada por la elite y que fue reproducida sin contrapeso por la prensa en sus diferentes plataformas. «Fue una estrategia que hizo a los convencionales perder mucho tiempo en desmentir una información falsa en vez de hablar de los artículos de la propuesta. Y luego, cuando querían entrar a hablar de los artículos, surgía otra mentira. Es una estrategia antigua. Goebbels y Hitler hicieron lo mismo para ganar audiencia y poner la atención en otras cosas. Tampoco tenemos leyes que protejan o regulen la desinformación y los discursos de odio», critica Aurenque.
Desde el seno de la ex Convención Constitucional, su expresidenta María Elisa Quinteros, sin eludir la autocrítica, señala que «hay que respetar la democracia, pero también hay que resguardar que la información sea objetiva y no enlodada por una estrategia política. Eso claramente daña la democracia». Del mismo modo, Quinteros descarta que la propuesta haya sido demasiado vanguardista para una sociedad con una subjetividad conservadora importante: «La propuesta era superclara e iba directo a las demandas claves: un proyecto de sociedad de derechos, migrar hacia un sistema nacional gratuito de salud, la defensa de la educación pública, entre otras cosas». Pese a la derrota, agrega la expresidenta de la convención, «las transformaciones no pararán y esto tiene que ser una etapa intermedia para seguir impulsando cambios y que terminemos de una vez con una Constitución heredada de la dictadura. La historia a veces da dos pasos y retrocede uno; todavía estamos en un proceso de construcción».
Para Javiera Ulloa, el oneroso despliegue de recursos de los grupos del rechazo para difundir noticias falsas, como la expropiación de las viviendas, la división territorial del país y la no heredabilidad de los fondos de pensiones, «vino a jugar con los miedos que ya tenía la población», y eso se conjuga con que los medios de comunicación «dieron más cobertura a los escándalos de la convención que a los contenidos mismos de la propuesta. Era más atractivo mostrar eso que el trabajo que hacían los constituyentes hasta las 12 de la noche». Por ello, cree Ulloa, el plebiscito, más que una evaluación de la propuesta constitucional, fue al desempeño de la convención y, adicionalmente, un plebiscito al gobierno del presidente Gabriel Boric, cuya posición quedó debilitada ante el triunfo del rechazo. No obstante, asegura Aurenque, «no se puede decir que el rechazo ganó por las fake news», pero sí «que tuvo que ver en parte con la decisión; cuando se le pregunta a la gente en la calle por qué votó rechazo, muchos citan argumentos que eran mentiras, principalmente respecto de la vivienda y de los símbolos patrios».
Esta situación quedó refrendada, por solo citar un caso puntual, en un reportaje de Ciper que reveló que al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron un total de 116,7 millones de pesos chilenos (más de 130 mil dólares) en Facebook e Instagram para divulgar información falsa sobre normas de la propuesta que supuestamente ponían en riesgo los fondos de pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la atención de salud.
Una olla de presión
«La derecha no puede atribuirse el triunfo del plebiscito», señala Ulloa categóricamente. «Lo que primó fue una división de la centroizquierda, con una parte que se sumó al rechazo y rompió un cierto equilibrio», agrega la académica de la Universidad de Los Lagos, para quien, sin embargo, la derecha «está en una excelente posición para hacer sentir que gracias a ellos el país recobró la cordura y primó el sentido común».
Para Couso, en tanto, la derecha mostró destreza política en desaparecer de los primeros planos en la campaña del rechazo y delegar ese espacio a personeros de la ex-Concertación, que fueron los verdaderos rostros de la oposición al texto constitucional propuesto. Son ellos, principalmente, quienes enarbolaron la bandera de una «nueva» pero «buena» Constitución. La pregunta es, según Couso, si la derecha «cumplirá o no su promesa de articular un nuevo proceso constituyente, encarnado en la frase rechazar para reformar».
El miércoles 7 de setiembre se llevó a cabo en el Congreso Nacional de Valparaíso la primera reunión formal entre el presidente Boric y los líderes de todos los partidos políticos, a efectos de trazar las líneas de la nueva hoja de ruta constituyente. Hubo algunos consensos preliminares, sin todavía ser materializados oficialmente: una convención cien por ciento electa, no más de seis meses de funcionamiento, fin a las listas de independientes y trabajar sobre la base de la propuesta constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet y de la recientemente rechazada.
Durante la mañana de ese mismo día, en Santiago, un grupo masivo de estudiantes secundarios realizó evasiones en algunas estaciones del metro, lo que evocó las jornadas de la revuelta del 18 de octubre. El martes 6, en tanto, otro grupo de escolares había marchado por el centro de la capital chilena para exigir una asamblea constituyente sin la «cocina» de los partidos políticos y sin exclusión de la ciudadanía, mientras Boric lideraba en La Moneda su primer cambio de gabinete: el caso más altisonante fue la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior y el ingreso en ese cargo de la exministra de Michelle Bachelet y exalcaldesa de Santiago Carolina Tohá, rostro de la ex-Concertación que apostó por el apruebo. Hay anunciadas otras concentraciones y marchas, en la víspera –además–, del 49.o aniversario del golpe de Estado, este domingo, 11 de setiembre.
«Ese miedo a dejar que hubiera listas de independientes se vio bastante devaluado por el voto obligatorio del plebiscito», esgrime Couso. El abogado constitucionalista prevé que la izquierda estará dispuesta a eliminar algunos aspectos de la propuesta rechazada que provocaban más ruido: «Creo que vamos a tener un Estado multicultural y no plurinacional. La gente de la derecha más liberal reconoció que la paridad de género llegó para quedarse y hay acuerdo en que debe haber un reconocimiento a los pueblos originarios, pero sin llegar a la plurinacionalidad».
En tanto, Ulloa presume que el Senado se reincorporará en el debate constitucional, ya que el texto rechazado lo reemplazaba por una Cámara de las Regiones. «Creo que habrá un mayor rol de los partidos políticos y que en el aborto no se avanzará», plantea la académica. Coincide con Couso en que la plurinacionalidad no será parte del nuevo proceso y, además, destaca la voluntad de diálogo de Boric en este particular. «El presidente tiene un buen talante para el diálogo, para aceptar las diferencias. Tiene el ánimo de avanzar escuchando a otros sectores, y eso probablemente le traerá diferencias con su propio conglomerado», añade.
Diana Aurenque postula que el nuevo proceso debería darse en un plazo breve y que la derecha más recalcitrante debe ser capaz de «soltar la Constitución de Pinochet y permitir que haya un Estado que deje de ser subsidiario. En el fondo, debe dejar de decir que porque en la Constitución aparezca el Estado vamos a tener socialismo o nos vamos a volver Cuba o Venezuela. Nada de eso: buscamos un Estado de bienestar, como lo hay en un montón de países capitalistas».
Para la expresidenta de la convención María Elisa Quinteros, los movimientos sociales no pueden estar excluidos del próximo proceso constitucional, y así lo han expresado las nuevas protestas en el centro de Santiago, que han sido reprimidas con dureza por la fuerza pública. «Este nuevo proceso no debería ser solo de la clase política», dice Quinteros, quien llegó a la convención precisamente desde los movimientos sociales: «La base donde se ha originado todo este proceso es la desafección, la distancia y la falta de representación de la clase política con respecto a las bases sociales. El problema sigue siendo el mismo».
Brecha, 9-9-2022
Estrellarse con la dura realidad
Raúl Zibechi
Ni los más optimistas de la derecha esperaban semejante resultado. Ni los más pesimistas de la izquierda pensaban perder por semejante margen. Chile entra en un nuevo escenario, con un claro reposicionamiento de los sectores más conservadores y un gobierno forzado a negociar para sobrevivir.
Nada podía ser peor para quienes apostaron por una ruptura completa con el pasado pinochetista que una abultada derrota en el referendo del domingo. Todas las encuestas anticiparon un triunfo del Rechazo con una diferencia promedio de 10 puntos sobre el Apruebo. Sin embargo, en los últimos días el apoyo a la nueva Constitución parecía crecer, aunque Roberto Izikson, el director de Cadem –uno de los principales centros de medición de la opinión pública–, sostenía que el aumento del caudal de votantes favorecía el Rechazo.
Lo cierto es que nadie imaginó semejante resultado, ni siquiera quienes estaban en contra de la nueva carta magna. El Rechazo ganó en todas las regiones, con una diferencia de tres a uno en la Araucanía y por apenas diez puntos en la Región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso. Un resultado que favorece a la derecha y coloca contra las cuerdas al gobierno de Gabriel Boric, que ya ha comenzado a reformar su gabinete.
Llevará tiempo analizar las causas de este desenlace. Izikson insiste en que «el resultado más importante para entender esta elección es el aumento significativo de la participación». En efecto, para explicar el 61,8 por ciento del Rechazo a la Constitución, hay que comprender que, por primera vez en más de 12 años, en Chile votó el 85 por ciento del censo electoral, por lo que se llegó a un número récord en la historia chilena de 13,5 millones de votos, cuando en las consultas previas venía participando menos de la mitad de los ciudadanos.
La izquierda y el progresismo chilenos, hegemónicos en la Convención Constitucional, impusieron para esta vez el voto obligatorio, con pena de multa en caso de no votar, por lo que acudieron a las urnas 5 millones más de personas de las que solían hacerlo, lo que inclinó el voto de forma decisiva.
Un largo camino
La elección de una Convención que redactara una nueva Constitución fue la consecuencia directa de la revuelta social que estalló en Chile a fines de octubre de 2019. Millones de manifestantes se lanzaron a las calles, por primera vez en la historia con semejante masividad, para reclamar un cambio en el modelo pospinochetista de neoliberalismo duro y exigir, en concreto, la renuncia del presidente Sebastián Piñera, que apenas superaba el 10 por ciento de aprobación popular.
La revuelta duró meses y se saldó con más de una treintena de muertos, más de 10 mil heridos, graves violaciones de derechos humanos, entre 100 y 300 mil puestos de trabajos perdidos, la caída del peso chileno y la suspensión de la cumbre de APEC, de la COP25 y de la final de la Copa Libertadores, datos que dan una imagen de la magnitud de la revuelta.
Se respiraba, entonces, un amplio rechazo a la clase política, que se plasmaba en la notable deserción de las urnas. Pero los partidos reaccionaron rápidamente, al punto de que el 15 de noviembre se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, con las rúbricas de una parte sustancial de la Concertación por la Democracia, que había gobernado desde el fin del régimen militar, parte de la derecha y ningún partido de la nueva izquierda, con la solitaria excepción de Boric. Su propia fuerza política valoró la posibilidad de suspenderlo de su cargo y ningún partido del Frente Amplio, ni tampoco el Partido Comunista, apoyó inicialmente la convocatoria (véase «El pulso por el futuro», Brecha, 6-XII-19).
El escenario político se transformó a partir de ese momento. Las grandes alamedas se fueron vaciando, incluso antes del confinamiento que impuso la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, y la iniciativa se trasladó al terreno constitucional. En octubre de 2020 se hizo un plebiscito para decidir si se aprobaba la convocatoria constituyente, en el que votó el 50,9 por ciento del censo electoral y el apoyo alcanzó casi el 80 por ciento de los sufragios.
En mayo de 2021 se eligieron los 155 convencionales con una participación del 41,5 por ciento del censo, o sea, 6,1 millones de votantes. La derecha fue derrotada, ya que no consiguió el tercio necesario para bloquear cambios en la nueva carta magna. Los partidos de la antigua Concertación también salieron mal parados al obtener solo 25 escaños bajo el lema Unidad Constituyente, frente a los 37 de la derechista Vamos por Chile. La izquierda consiguió 28 escaños, en un muy buen desempeño. Los pueblos originarios tenían asignados 17 puestos, los independientes consiguieron nada menos que 48 escaños y se alcanzó la paridad entre varones y mujeres.
Hacia la Constitución
Durante un año los constituyentes elaboraron un texto que recogía buena parte de las aspiraciones de los movimientos sociales, tanto en materia de igualdad de género como respecto a la plurinacionalidad y cuestiones ambientales y sociales. Una mujer mapuche, Elisa Loncón, fue nombrada presidenta de la Convención.
El sector de la población que se había lanzado a las calles en 2019 vivía un clima de optimismo y confianza en sí mismo. Sin embargo, había luces amarillas y rojas que no pudieron verse en ese clima. La más importante fue la abrupta caída de la popularidad del presidente Boric, quien comenzó con cerca de un 60 por ciento de aprobación y a los cuatro meses de asumir contaba ya con casi un 60 por ciento de desaprobación. El clima económico, el alza de precios, la devaluación del dólar, la inseguridad y la angustia de buena parte de la población por su futuro fueron realidades que jugaron en contra de la nueva Constitución.
Consciente de las dificultades, Boric y los partidos que lo apoyan tomaron algunas decisiones problemáticas. El 11 de agosto las coaliciones Socialismo Democrático (heredera de la Concertación) y Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) difundieron un documento de «implementación y mejoras» con el objetivo de que la población «tuviera certezas» con respecto a la propuesta constitucional. Se buscaba tranquilizar a los grandes empresarios y la opinión conservadora con un compromiso de que las posibilidades más rupturistas que abría el nuevo texto constitucional no serían puestas en práctica si este se aprobaba.
El acuerdo señalaba que, incluso aunque se aprobara la Constitución el 4 de setiembre, no se iban a eliminar los fondos previsionales privados y se mantendrían el amplio sector privado de la salud y la subvención estatal de colegios privados en la educación. Además, los gobernantes se comprometían a reponer el estado de emergencia que la nueva Constitución no contemplaba y a reducir los alcances de la plurinacionalidad.
La reacción contraria de los movimientos fue inmediata. Sin embargo, el gobierno se propuso calmar a quienes temían que la nueva Constitución llevaría al caos, como venía pregonando la derecha. Ahora parece evidente que ese esfuerzo tuvo nula o escasa influencia en el resultado, pero abrió grietas de desconfianza importantes.
Giro a la derecha
La reacción inicial de Boric tras el plebiscito del domingo fue doble: remodelar parte de su gabinete y llamar a los partidos a la redacción de una nueva Constitución. Los ministerios fungibles son el de Interior y Seguridad Pública, a cargo de Izkia Siches, y la Secretaría General de la Presidencia, con Giorgio Jackson al frente. Ambos son parte del núcleo duro del presidente y fueron sustituidos por figuras de la Concertación.
Para redactar una nueva Constitución, Boric contempla ahora la convocatoria de una nueva Convención, pero eso depende de lo que decida el parlamento, o sea, la vieja clase política contra la que se inició la revuelta de octubre de 2019. En todo caso, una nueva carta deberá contar con el apoyo de la ex-Concertación (en particular de los socialistas).
Ese sector acaba de hacer una elocuente evaluación de las tendencias a corto plazo. El diputado y presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (del Partido por la Democracia, del expresidente Ricardo Lagos), declaró el martes, luego de reunirse con Boric, que «el eje político de la sociedad chilena tiende más bien hacia la centroizquierda, tiende a moderarse un poco, y creo que esa es una señal que tenemos que considerar todos los actores políticos para actuar en consecuencia y movernos hacia donde se mueve la sociedad chilena» (CNN, 6-IX-22).
Lo cierto es que habrá nueva Constitución, porque la población así lo desea y hasta la derecha lo acepta. Pero el resultado estará lejos de lo que esperaban las fuerzas de los cambios.
Brecha, 9-9-2022
Estamos en shock
Juan Cristóbal Peña
La noche del 4 de septiembre el progresismo y los movimientos sociales de Chile despertaron de un sueño, el de sepultar el neoliberalismo expresado en la Constitución de 1980. Juan Cristóbal Peña transcribe una asociación libre de sus primeras reflexiones, apenas conocido el triunfo del Rechazo.
Ya está. El 4 de septiembre pasó. El plebiscito de salida es historia. Ya está. El resultado. Ganó el Rechazo, por paliza. Desde la redacción de Anfibia Chile, cerrando el día, bajamos la mirada cuando un bocinazo de festejo llega desde la calle hasta cortarnos el silencio, miramos hacia el costado cuando pasa una ambulancia, nos compartimos los audios de WhatsApp cuando nos escribe una colega y cuenta que están tirando gases cerca de Plaza Italia (antigua Plaza Dignidad) y, poco más arriba, celebrando lo que se interpreta como la derrota del comunismo y la sobrevivencia de un país.
El futuro es incierto. Boric dijo en cadena nacional que se reunirá el lunes con los presidentes de las dos cámaras del Congreso, en señal de voluntad para que el proceso constituyente siga su curso. La ultraderecha ya avisó que no será de ese equipo. El mayor de sus referentes, José Antonio Kast, festejó a la noche y notificó que el triunfo del Rechazo era la derrota del gobierno de Boric. También celebraron el resultado los disidentes de centroizquierda que tomaron distancia de la decisión de sus partidos de apoyar la nueva Constitución, los que quedaron sin cargos en el nuevo gobierno, los senadores que estaban amenazados de perder su mandato de ocho años tras el fin del Senado. Llamaron a la conciliación, a la unidad nacional, al reencuentro, después de protagonizar una campaña virulenta en que dieron puntapiés y golpes bajos a los oponentes.
Estamos en shock. La derrota fue más profunda que cualquier pronóstico. Ni siquiera las encuestas proyectaron tal brecha. Esa diferencia se profundizó por el voto de gran parte de los sectores populares, para los cuales la promesa de una Constitución de derechos no fue suficiente frente a las amenazas. Amenaza a perder los ahorros individuales, a la división del territorio, al poder y autonomía indígenas. El voto obligatorio -que había sido suprimido en 2012- pudo ser decisivo para marcar un amplio margen de diferencia entre ambas opciones. En el resultado influyó también el desprestigio del trabajo de la Convención Constitucional y su apuesta por el todo o nada. Y quizás, de paso, fue un voto de castigo al gobierno, en un contexto de crisis económica y alta inseguridad. El Rechazo ganó hasta en las cárceles, con un 58,3%, donde por primera vez se dieron las condiciones para ejercer el derecho al sufragio.
Es el fin y también el comienzo. El fin del deseo de sepultar el neoliberalismo expresado en la Constitución de 1980. Y el comienzo de un nuevo, largo e incierto proceso para dejar atrás, y de una buena vez, una herencia infame.
Revista Anfibia, septiembre 2022
¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente chileno?
Noam Titelman
Lo que hace un año parecía que sería un trámite para validar el proceso constituyente ha terminado siendo una dura derrota para las fuerzas progresistas chilenas, con el Rechazo arriba del Apruebo por casi 25 puntos porcentuales en un referéndum con voto obligatorio (a diferencia de elecciones anteriores) y participación récord. Diversos referentes del Rechazo salieron a festejar el triunfo contra el «revanchismo», el «octubrismo radical» y un texto constitucional «refundacional» y opuesto al «alma de Chile» y al «sentido común de los chilenos».
¿Cómo un proceso que comenzó con un nivel de apoyo pocas veces visto en la historia nacional terminó truncado? ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente?
Este proceso constitucional comenzó el 15 de noviembre de 2019. Como resultado de un masivo estallido social en octubre de ese año, un acuerdo transversal de la política chilena fijó un calendario para la redacción de una nueva Constitución. El primer hito de este calendario fue un plebiscito en el que los chilenos votaron por aplastante mayoría, más de 78%, por terminar con la Constitución vigente en Chile, y decidieron que el órgano a cargo de redactar la nueva Constitución fuera una Convención Constitucional cuyos integrantes serían electos para ese fin. Estos resultados eran verdaderamente impresionantes, no solo en términos del porcentaje de votos, sino también por su distribución territorial. En solo cinco de las 346 comunas del país ganó el rechazo al proceso constituyente. Estas cinco comunas incluían las tres icónicas comunas de Santiago donde reside la elite económica nacional. Fueron varios quienes se apresuraron a señalar que este resultado demostraba que el país no estaba polarizado entre izquierdas y derechas, sino que el verdadero clivaje del momento era pueblo/elite. El imaginario de un pueblo homogéneo en disputa con la elite se cristalizó en las referencias a «las tres comunas», que se volvió parte del léxico común en las discusión política.
Se estableció que la Convención Constitucional sería paritaria en género, con cuotas para pueblos originarios y, en sintonía con un fuerte sentimiento antipartidos de la movilización de octubre de 2019, con algunas facilidades para las candidaturas independientes. En particular, se les permitió a los candidatos no afiliados a partidos agruparse en listas equivalentes a las partidarias.
El resultado electoral para la Convención fue un golpe a las expectativas de quienes esperaban un retorno a la política preestallido social. Las dos coaliciones históricas tuvieron magros resultados. La derecha alcanzó un porcentaje paupérrimo de votos: 20%. Esto la dejó lejos de alcanzar el tercio de los convencionales y un potencial poder de veto. La coalición de centroizquierda vio a sus fuerzas de centro y más moderadas desplomarse. Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). Pero, por lejos, el hito más relevante de estas elecciones se produjo con un éxito contundente de los independientes ligados a la movilización social de 2019. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional. De este modo se terminó configurando una Convención con claras mayorías para los sectores progresistas y, en particular, para nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un fuerte discurso antielite.
El ánimo de la población respecto del proceso que comenzaría era muy alto. 52% describía la «esperanza» como la principal emoción que le generaba el proceso, seguida de «alegría», con 46%. ¿Qué pasó entonces con ese 78% de apoyo y la esperanza y alegría depositados en el proceso? Es probable que las fuerzas progresistas y de izquierda se pasen los próximos años intentando explicárselo.
Razones provisorias de la derrota
A medida que se liberen más datos y avance el debate, se podrá afinar más el análisis de lo que ocurrió. Por ahora, son tres las razones que parecen destacarse como explicaciones del resultado del 4 de septiembre:
(1) El rechazo a la política de espectáculo en la Convención.
(2) La homologación de la convención con la política tradicional.
(3) La reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.
Respecto a la política del espectáculo en la Convención, esta fue una de las características que dominaron el debate. A poco andar, la Convención Constitucional comenzó a perder apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas. En definitiva, si para los activistas dejar de movilizarse, incluso desde las esferas del poder, era una traición, para algunos electores, en particular quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla.
Varios de los convencionales habían alcanzado notoriedad y legitimidad social por sus performances callejeras, que incluían disfraces y declaraciones provocativas sobre aspectos identitarios tradicionales. Desde la protesta callejera habían sido frecuentes las denuncias a la autoridad entre gritos y cánticos. Sin embargo, las mismas actitudes que en la calle se percibían como una rebeldía ante el abuso, expuestas en la Convención, y desde el seno del poder, se veían con otra luz. Además, persistía un ethos de la movilización social que teñía de un sentido testimonial varias de las acciones que se veían en la Convención. Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios amplificaron estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales. En coherencia con esto, videos de algunas de estas declaraciones aparecieron frecuentemente en la campaña y franja televisiva del Rechazo. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo terminó por generar desasosiego.
Respecto a la homologación de la política de la Convención con la política tradicional, esta se da en el contexto de una fuerte pulsión destituyente y antiestablishment político. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó desde 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Es más, algunos estudios han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad. La fuerza de la Convención provenía en un primer momento de que se la viera como distinta a la política tradicional.
Es posible que, paradójicamente, el uso y abuso de la política del espectáculo y las trifulcas testimoniales asemejaran más a los convencionales al Congreso y a la política tradicional, donde también abundan estas prácticas. En cualquier caso, ciertamente los alejaban de la imagen de representantes más eficaces que los políticos tradicionales en llegar a acuerdos y sacar adelante demandas ciudadanas. A su vez, en medio del proceso constituyente hubo una elección presidencial que significó un cambio de signo del gobierno. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Gabriel Boric en su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del Rechazo.
Respecto de la reacción de identidades tradicionales, el primer artículo del propuesto texto constitucional consagraba a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirmaba que además este Estado sería «plurinacional, intercultural y ecológico». Junto con la definición de Chile como un Estado plurinacional, se les reconocía algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas y se instauraría un sistema de justicia indígena.
Después del juicio negativo sobre los constituyentes, la razón que más se repite entre los que apoyaron el Rechazo es la plurinacionalidad. En línea con esta visión, una vez entregado el texto constitucional, las dos propuestas peor evaluadas, según la encuesta Espacio Público-IPSOS, fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Así, el sector del Rechazo logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionadas con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. Si bien estas posiciones no se expresaron en el texto constitucional, sirvieron de municiones para la campaña del Rechazo.
El segundo plebiscito
De cara al plebiscito de salida, no hubo mayores sorpresas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, todos los partidos se definieron por el Apruebo (aunque algunos liderazgos se rebelaron contra la posición oficial). Todos los partidos de la derecha se cuadraron con el Rechazo. Sin embargo, dentro de ambos campos había heterogeneidad.
Bastante tempranamente, emergieron diferencias entre quienes defendían la idea de rechazar para mantener la Constitución actual con algunas reformas menores y aquellos que defendían la perspectiva de un nuevo proceso. A medida que la campaña fue avanzando, los segundo coparon todas las vocerías del Rechazo.
Por el lado del Apruebo, hubo más resistencia a discutir qué ocurriría después de la votación en caso de imponerse el nuevo texto. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña y el Apruebo seguía muy atrás del Rechazo en las encuestas, los partidos oficialistas, que apoyaban el Apruebo, se abrieron a la idea de que el nuevo texto requería de algunas reformas. Además se aceptó que era importante comprometerse a estos cambios para morigerar algunos resquemores de la población, por ejemplo, hacia la implementación de la plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por una serie de encuestas que mostraban que no solo el Apruebo no lograba remontar la distancia con el Rechazo, sino que la gran mayoría de quienes estaban dispuestos a votar por el Apruebo consideraba necesario hacerle modificaciones al texto una vez aprobado. Bastante avanzada la campaña y con diferentes niveles de entusiasmo, estos partidos firmaron un acuerdo para llevar adelante esos campos posplebiscito.
En definitiva, un plebiscito que tenía en la papeleta dos alternativas en realidad terminó teniendo cuatro opciones: aprobar, aprobar para reformar, rechazar y rechazar para renovar. Así, en una de las últimas encuestas públicas antes del plebiscito, realizada por Cadem, 17% de los encuestados se declaraba a favor de rechazar a secas, 35% de rechazar para renovar, 32% de aprobar para reformar y solo 12% de aprobar y aplicar el nuevo texto tal como salió de la Convención.
Este rechazo en el plebiscito de salida era muy distinto al del plebiscito de entrada. No solo era sustantivamente más significativo, sino que había penetrado en sectores de la sociedad más amplios que «las tres comunas». Según las encuestas, el Rechazo ganaba en todos los niveles socioeconómicos sin mayores diferencias y así se confirmó este 4 de septiembre. En comunas populares de la Región Metropolitana, donde el Apruebo debía arrasar, apenas logró victorias con pequeños márgenes.
Donde sí había diferencia era en el perfil ideológico de los votantes, con el Apruebo ganando holgadamente entre quienes se identificaban con la izquierda. El rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda-derecha. También había una importante diferencia en los perfiles etarios, con el Apruebo victorioso entre los jóvenes de entre 18 y 30 años. El Rechazo ganaba en todas las demás edades. Es decir, a diferencia del plebiscito de entrada, la campaña del Rechazo había logrado conformar una alianza social y política más diversa que el Apruebo.
¿Por qué ganó el Rechazo?
A estas alturas emergen dos grandes interpretaciones, que por cierto no son mutuamente excluyentes, para explicar la caída del apoyo al Apruebo y el alza del Rechazo: una primera pone el énfasis en el «votante mediano», que supone un quiebre abrupto con el ethos del estallido; otra, en la identidad reactiva tradicional que se consolidó contra la propuesta constitucional y que supone reconocer que el estallido tenía un componente claramente antielite pero no necesariamente «de izquierda».
En la primera interpretación, la votación del plebiscito de entrada y de los convencionales estuvo marcada por una impronta de disputa entre el pueblo y la elite. Esta configuración de la fuerza política borró en buena medida las distinciones entre izquierda y derecha y entre los distintos intereses y visiones que conviven en la ciudadanía. Sin embargo, según esta interpretación, el momento de disputa entre «arriba» y «abajo» ha concluido y, en su lugar, han vuelto las clásicas disputas entre la izquierda y la derecha. Es interesante, en este sentido, que según algunas encuestas al Rechazo se lo asociaba con el combate del narcotráfico y el crecimiento económico, mientras que al Apruebo se lo vinculaba con la redistribución de la riqueza a través de derechos sociales, atributos típicamente asociados con la derecha y la izquierda, respectivamente.
Lo que implica esta perspectiva es que la Constitución actual estaría a «la derecha» del votante medio, mientras que la propuesta constitucional fallida estaría a su izquierda. Esto explicaría la fortaleza de las opciones de «rechazar para renovar» y «aprobar para reformar». En definitiva, en esta interpretación, el plebiscito se ganó en el centro del espectro político. Esta visión también supondría que el principal déficit del proceso constituyente fue la falta de acuerdos en algunos temas claves, como el sistema político, con la derecha de la Convención. En línea con esta visión, 77% de los encuestados declaró que prefería que los convencionales negociaran acuerdos, aunque implicara ceder en algunos temas y, a la vez, 61% percibía que los convencionales no habían cedido en sus posturas.
La segunda perspectiva supone que se ha mantenido el ethos de disputa entre «arriba» y «abajo», pero que esta posición antielite encontró, a lo largo del proceso, su expresión de derechas. Es decir, los hechos que ocurrieron en el plazo de dos años le permitieron a la derecha disputar la rebeldía y, más aún, la indignación, que hasta ese momento había sido hegemonizada por la izquierda. En lugar de un fortalecimiento del centro moderado, ubicado en el medio entre las izquierdas y las derechas, lo que hubo es un reforzamiento y politización de identidades sociales tradicionalistas.
Desde esta óptica, lo que refleja la fortaleza de las posiciones no polares («aprobar para reformar» y «rechazar para reformar») es que muchos ciudadanos tienen identidades sociales complejas que no mapean nítidamente en la actual disputa política. Como explica Lilliana Mason, cuando los adherentes de una posición política están nítidamente caracterizados por la homogeneidad social, hay una tendencia a la polarización afectiva. Por el contrario, la existencia de identidades complejas fomenta la despolarización. En otras palabras, es posible que para muchas personas sus identidades partidistas, de clase, de religión, de edad, de etnia o de lugar de residencia hayan «tironeado» en direcciones opuestas para este plebiscito. Esto empuja a las posiciones intermedias del debate.
Esta visión supone que el principal déficit del proceso constituyente fue la incapacidad de incorporar estas identidades tradicionales en el proceso simbólico de generar una nueva Carta Magna. En particular, habría faltado encontrar una manera de plantear el plurinacionalismo en el marco de un sentido patriótico inclusivo. Esto ciertamente es notorio en algunas de las declaraciones más destempladas de algunos convencionales y en algunas performances que, realizadas desde el poder, en lugar de rebeldía parecían ser discursos despectivos hacia las personas que tenían identidades nacionales tradicionales. Hay, también, normas constitucionales concretas que se podrían haber redactado de forma de hacer más explícita la igualdad en el marco de la diversidad. Por ejemplo, se podrían haber hecho más explícitos los bordes del sistema de justicia y de las autonomías indígenas.
La tercera es la vencida
Al parecer, existiría un consenso relativamente amplio de que el estancamiento constitucional no es una opción viable. Es más, parece haber cierto acuerdo en que un nuevo proceso constitucional tendrá que incluir participación ciudadana. Es probable que esto implique la convocatoria a una nueva Convención y un plebiscito de salida que ratifique una renovada propuesta constitucional. Es decir, es altamente probable que Chile se enfrente a un tercer plebiscito constitucional en algunos meses más.
La forma precisa que tomaría este proceso aún está en disputa y, más allá de los intereses en juego, dependerá de cuál de los dos diagnósticos descritos se termine imponiendo. Si el Rechazo es visto como producto de una demanda de mayor presencia del centro moderado y de diálogo en el eje izquierda-derecha, entonces la tensión va a estar puesta en torno de las facilidades para candidaturas independientes. Un aspecto que contraviene este diagnóstico es que el sentimiento antipartidos parece estar tan vigente como hace dos años. Así, según la encuesta Criteria, 82% de los encuestados preferiría que los integrantes de la nueva Convención no sean militantes de partidos, sin diferencia estadísticamente significativa respecto de octubre de 2020. Sin embargo, la misma encuesta muestra que la preferencia por «expertos», que ya era mayoritaria hace dos años, ha crecido en este periodo. En contraste, se desplomó el apoyo a «personas comunes y corrientes», que pasó de 37% a 20%, mientras que la demanda de expertos creció de 63% a 80%. Esto dificulta una interpretación de disputa entre «arriba» y «abajo» y podría reforzar la idea de buscar un órgano deliberativo más proclive a acuerdos.
Por otro lado, si el énfasis del diagnóstico está en la disputa identitaria, se pondrá en cuestión la cantidad de escaños reservados a pueblos indígenas que debería mantenerse en el proceso. Además, es probable que un nuevo proceso esté marcado por mucho mayor cuidado de los aspectos simbólicos patrióticos. Ya para finales del proceso constituyente original se había notado un cambio importante en este sentido. No por nada se escogió una bandera chilena como símbolo del nuevo texto constitucional.
El desafío que se le presenta a la política chilena es lograr un nuevo acuerdo que permita finalmente sacar adelante un nuevo texto constitucional con un amplio y transversal apoyo popular. Para esto, haría bien recordar lo rápido que el apoyo y la esperanza depositadas en un proceso pueden caer si se traicionan esas expectativas.
Nueva Sociedad, septiembre 2022
