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Coyomeapan, hechos y preguntas

Se cumplirán en este próximo junio dos años de la rebelión popular en Coyomeapan, en la Sierra Negra de Puebla. Se cumple este 9 de mayo un año del asesinato por policías estatales de tres pobladores, un hecho que es una clara consecuencia de un conflicto político  social provocado por la existencia de un cacicazgo respaldado desde la estructura de poder que llamanos Gobierno del Estado de Puebla.

Pasa el tiempo, entonces, en Coyomeapan, pero la demanda es la misma: fin del cacicazgo de la familia Celestino Rosas en ese municipio de la Sierra Negra. Y la exigencia ahora es contra el gobernador sustituto del fallecido gobernador Miguel Barbosa. La demanda por una solución de fondo al conflicto político surgido tras la fraudulenta elección municipal de 2021 en esta comunidad náhuatl, que derivó en el encarcelamiento de cuatro líderes del movimiento en septiembre de 2021 --a uno de ellos a la fecha se le mantiene preso-- y en el asesinato por policía estatales de tres pobladores el 9 de mayo de 2022, es directa a Salomón Céspedes.

Coyomepan regresa de cuando en cuando a las primeras planas de la prensa. Este 9 de mayo por la memoria de ese crimen que, más allá de la detención y procesamiento de nueve policías estatales acusados de la ejecución, mantiene en la impunidad a los políticos responsables del conflicto social que lo provocó.

 Apenas en febrero más de mil pobladores de la sierra bajaron desde sus comunidades y cerraron la caseta de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca por más de 18 horas con tres demandas inmediatas:

La primera es la liberación de Gonzalo Martínez Herrera, uno de cuatro líderes detenidos en septiembre de 2021 y quien permanece detenido en el cereso de Tehuacán bajo cargos señalados por sus defensores como claramente inventados por la autoridad judicial.

La segunda es la de debe llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de tres personas a manos de policías estatales el 9 de mayo de 2022.

La tercera es la destitución del alcalde Rodolfo García López, esposo de la actual diputada federal Araceli Celestino Rosas y cuñado de David Celestino Rosas, las dos cabezas del cacicazgo que esa familia mantiene desde el año 2010.

Todas esas demandas se sostienen para recordar lo ocurrido en un paraje de Coyomeapan el 9 de mayo del 2022.

Coyomeapan: ¿cómo se construye un cacique de pueblo en el siglo XXI?

Cuánto de lo que ha ocurrido en esa comarca serrana en el extremo sur oriental del estado explica las mecánicas del poder en Puebla. En un municipio de no más de 15 mil habitantes que tienen como lengua madre el náhuatl y como circunstancia histórica el aislamiento y la pobreza se ha construido un cacicazgo que da cuenta de lo que significan los pequeños poderes rurales para los grupos de poder fáctico que se apoderan de las estructuras del Estado en nuestro país. Es la realidad de la política de Puebla que tarde o temprano termina en la narrativa de la violencia y la muerte, como lo sucedido hace doce meses en un paraje de la carretera que baja a la tierra caliente de la costa veracruzana.

A partir de preguntas simples pensar en Coyomeapan, con sus comunidades enclavadas en las montañas que llamamos Sierra Negra: ¿cómo se construye un cacique de pueblo en el siglo XXI? ¿Cuántos hilos forman la trama con la que se reproduce un grupo de poder en una pequeña región, como tantas, en el estado de Puebla? Y en el extremo opuesto, otra pregunta da cuenta de la complejidad de esta historia: ¿Por qué los gobernadores –y no vayamos muy lejos en el tiempo, catorce años, los que lleva la familia Celestino Rosas en control de la presidencia municipal de Coyomeapan— Mario Marín, Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y, en su momento, Miguel Barbosa, y ahora Sergio Salomón Céspedes Peregrina, todos ellos en su propia rueda de la fortuna del poder, se involucran como asunto propio en la disputa por la alcaldía de un municipio indígena extremadamente pobre y  perdido en un rincón agreste del estado?

Será porque los poderes fácticos se atraen y se repelen  como imanes que tuvieran vida propia, y como peces chicos o grandes se mueven en el azaroso territorio en el que se disputa el control del dinero público, las leyes y sus jueces y, primero que nada, los ministerios públicos sin los que no se puede alcanzar y sobrevivir en la imperiosa lucha por el poder en la que se enfrascan estos políticos. La política no es un asunto de partidos y proyectos de nación sino de estructuras y alianzas entre personas y grupos de poder particular que solo se comprenden como relaciones de fuerzas amigas o enemigas. Así entiendo el involucramiento del fallecido gobernador Miguel Barbosa en el conflicto político por el poder en Coyomeapan que ya ha derivado en el asesinato de tres personas a manos de policías estatales y en el encarcelamiento injusto de cuatro personas más, una de ellas todavía en prisión bajo proceso.

El interrogante se mantiene para Salomón Céspedes, su sustituto, y de su Secretario de Gobernación, Julio Huerta, muy entretenido este último pintando bardas e infraestructuras públicas en lo que claramente califica como delito electoral.

Las dos versiones

Recordar lo sucedido ese 9 de mayo.

Toda una sucesión de contradicciones: el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, quien al principio no reconoce que hubo muertos en los hechos del lunes 9, planta el martes 10 de mayo la versión del enfrentamiento y la acción de los policías como respuesta a la agresión de un grupo armado; el Fiscal Gilberto Higuera Bernal reconocerá una semana después que se toman declaraciones de los elementos que participaron en los hechos y que irán a fondo en el esclarecimiento de lo ocurrido; el lunes 23 llaman a los policías involucrados a presentarse en Asuntos Internos; el martes 24 los detienen acusados de tres delitos pero no se precisan los cargos; familiares de los detenidos afirman que ellos obedecieron órdenes; el 25 el gobernador confirma las detenciones y sugiere como causa la mala capacitación de los elementos de seguridad pública.

Confrontar entonces, la tragedia de Coyomeapan a partir de las versiones de los hechos que se han ofrecido desde el mismo 9 de mayo.

Las versiones de las dos partes. Los pobladores denuncian la emboscada por la policía contra el grupo de personas que regresaban a la cabecera desde la comunidad de Tequitlali. Su versión, ofrecida a los medios de comunicación por diversas vías, no cambia. Fue una emboscada y así se lo han narrado a dos periodistas poblanos, y que confirma el semanario Proceso: Los balearon a mansalva. La versión del gobierno es contradictoria: informa la mañana del martes 10 del enfrentamiento de la policía con “un grupo agresor armado” en el que no hay muertos, pero, ante el hecho irrefutable del entierro,  pasa a reconocer la perdida de tres vidas y a prometer el esclarecimiento de los sucedido hasta sus últimas consecuencias.

Esta no es una historia policiaca, pero empieza por ahí

Esta no es una historia policiaca.  Pero empieza por ahí. No fue “un enfrentamiento entre policías y un “grupo agresor armado” el ocurrido la tarde del 9 de mayo pasado. La afirmación, que no pronuncia pero sí confirma dieciséis días después el propio gobierno, se extrae de la detención de nueve policías estatales por el asesinato perpetrado en un paraje de la carretera  Zoquitlán-Tlacotepec de Díaz. Tres personas murieron por bala de armamento de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla.

No es una historia policiaca la del conflicto político en Coyomeapan, pero el hilo para deshilvanarla esa madeja empieza por un hecho concreto, verificado con el entierro de Marcelo Carrera Bolaños, Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo el jueves 12 de mayo, el de la muerte de tres personas esa atardecer del lunes 9. Ninguno de ellos es policía. Y de los ocho heridos, tampoco alguno es uniformado.

El gobierno del Estado, juez y parte de esta tragedia, y tras el consabido “muy pronto daremos a conocer el resultado de estas averiguaciones”, ha detenido el martes 24 de mayo a nueve de los veinte policías involucrados en este crimen, incluyendo al coordinador de la región Sierra Negra, Jonathan N (Ver Sol de Puebla). El miércoles 25 el gobernador Miguel Barbosa rompe con la contradicción en la que su gobierno ha caído en estas dos semanas y deja de referirse a lo sucedido como un enfrentamiento. Confirma la detención de los elementos de seguridad pública por un Juez de Control, acusados con tres cargos que, sin embargo no identifica; achaca a lo sucedido a la mala capacitación de los elementos de Seguridad Pública y declara que pide el esclarecimiento total de los hechos “de manera plena, sin encubrimientos, sin protección”.

Lo dice así en su momento el gobernador Barbosa: “La Fiscalía encontró responsabilidad de policías estatales y claro que seguridad pública tiene que prestar mayor capacitación a sus policías, revisión de sus comportamientos, todo un asunto muy complejo”. Pero no refiere algo que ha registrado la prensa esta misma mañana: la denuncia de los familiares de los policías detenidos en el sentido de que “los policías actuaron bajo órdenes”. (Ver e-consulta).

Ninguna referencia de su parte al conflicto político en Coyomeapan en la que su figura no ha sido la de un simple espectador. Sí lo hizo en septiembre, tras la detención de cuatro de los dirigentes del movimiento Unidos por Coyomeapan, a quienes acusó de que “cometieron hechos graves de los que hay testigos, certificaciones de autoridades y videos, llegaron al extremo de andar con armas largas y cubrirse con pañoletas para tomar e incendiar la presidencia municipal, así como para quemar material electoral, secuestrar y retener a personas.” Esas pruebas nunca se hicieron públicas. Y sí se publicaron videos que exponen que tales hechos de violencia postelectoral no sucedieron. El martes 10 de mayo de 2022, un día después de la matanza de tres pobladores a manos de policías estatales, Miguel Barbosa tiene que aceptar que lo hay en Coyomepan es ingobernabilidad.

¿Cuál es la trama en la que se enreda el gobierno del estado al enfrentar el hecho y que impide contemplar el problema de fondo: la parálisis en la que se encuentra un pueblo originario de la Sierra Negra de Puebla, atrapado en un conflicto político provocado por un grupo de poder fáctico local, crisis que lleva prácticamente un año y en la que el gobierno estatal es actor principal?

¿Quiénes son los responsables en los órdenes de gobierno estatal y municipal de la tragedia en Coyomeapan? Esa es la pregunta que el gobernador Miguel Barbosa, quien habla de “el esclarecimiento total de los hechos de manera plena, sin encubrimientos, sin protección”, tiene que responder.

Rebelión popular: una explicación de fondo

Empezar por los hechos que desencadenan la tragedia:

Una rebelión popular contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas, en el poder municipal desde la elección del 2010, por el resultado electoral de junio de 2021 que se denuncia amañado, movimiento que deriva en la toma y cierre de la alcaldía y la parálisis de la vida púbica en Coyomeapan.

Un gobernador de Puebla Miguel Barbosa que respalda a los Celestino Rosas, y encarcela con métodos autoritarios, pues tales son las acusaciones que recuerdan “los delitos de disolución social” de los años cincuenta del siglo pasado y la detención de cuatro líderes a la salida de una negociación.

Las preguntas son las mismas para ambos procesos: ¿por qué ocurren?, ¿qué las  produce?

Y sus derivas: ¿qué es lo que permite que una familia controle ya por más de diez años el gobierno municipal de este municipio mayoritariamente indígena? ¿Cómo es que una persona que llega como médico al pueblo se convierte en cacique?

¿Qué lleva a Miguel Barbosa a esta alianza con un grupo de poder en este municipio de no más de 15 mil habitantes? ¿Por qué necesita a un grupo de poder fáctico local al grado de permitir tales abusos de poder?

La sociedad poblana no pudo responder por la buena estos interrogantes. Los asesinatos del 9 de mayo determinan ya esta historia.

El Estado realmente existente

Tres personas asesinadas por policías en un territorio de pueblos originarios. Coyomepan, un municipio indígena casi en su totalidad. Ha figurado desde que se hacen esos recuentos entre los más pobres del país.

Hablamos de un Estado ausente cuando nos referimos a acontecimientos como el ocurrido en Coyomeapan. Rematamos la frase tal vez con la idea de Estado fallido.

Pero el Estado sí que ha estado presente en Coyomeapan.

Como fuerza pública. Son policías estatales los señalados como responsables de la masacre del 9 de mayo.

Como procuración de justicia: son sus agentes ministeriales los que aprenden en la ciudad de Ajalpan a tres de los líderes de la rebelión popular justo cuando han salido de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación que los convocaron a una reunión para lograr una salida política al conflicto poselectoral que derivó en la toma de la presidencia municipal en la cabecera de Coyomeapan. El gobierno del Estado justifica la acción del ministerio público en delitos que no se produjeron (incendio del edificio del ayuntamiento, robo de un cajero automático, quema de una patrulla).

Como responsable de la elección municipal. La actuación del Instituto Estatal Electoral que determina como improcedentes las denuncias realizadas por los pobladores descontentos por las anomalías que existieron en el proceso electoral de junio de 2021, y confirma al cuñado de David Celestino Rosas como nuevo presidente municipal.

Como sustento económico de una población en pobreza extrema. Los recursos federales, que conforman el presupuesto de Coyomeapan prácticamente en su totalidad, suman 1,261.8 millones de pesos en trece años (2008-2020). De ellos, 1,088.9 millones de pesos han sido manejados desde la presidencia municipal por la familia Celestino Rosas, David en dos ocasiones (2011-2013 y 2019-2021), y Araceli (2014-2018) –diputada federal en la actualidad, de la mano del propio Miguel Barbosa--, y su esposo Rodolfo García López, el impugnado alcalde. No hay información de los años 2021 y 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia.

No es un Estado ausente el que actúa en Coyomeapan.

David y Araceli Celestino Rosaas, catorce años con el control del ayuntamiento de Coyomeapan.

(CONTINURÁ CON SEGUNDA PARTE)