Irresponsabilidad, omisiones, incumplimiento de obligaciones: Sin derecho a la vivienda adecuada en la ciudad de Puebla

(Para ilustrar la gravedad de esta problemática tomamos la foto de José Castañares publicada en El País para documentar la explosión ocurrida en San Pablo Xoxhimehuacán el 31 de octubre de 2021.)

Hace unos días se dio a conocer la Recomendación 169/2023 que dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los integrantes del Ayuntamiento de Puebla sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal y a la vivienda adecuada en agravio de 265 personas por las explosiones de una toma ilícita en un ducto de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, Puebla, que, como tristemente recordamos, sucedió durante la madrugada del 31 de octubre de 2021. En esos primeros momentos perdió la vida una persona y 11 resultaron con lesiones, de los cuales algunos eran niñas y niños; alrededor de dos mil personas requirieron ser evacuadas del asentamiento. Dicha Recomendación es pública y su lectura requiere discutir algunas ideas acerca del caos urbanístico que padecemos en Puebla, del descontrol del suelo en la capital del estado, de la simulación sistemática en que incurre el Ayuntamiento relativa a la regularización de la tenencia, del derecho a la vivienda adecuada y las omisiones de Pemex y de la autoridad municipal para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como para proteger las viviendas y los bienes de quienes habitan en San Pablo Xochimehuacán.

De acuerdo con la Recomendación, la autoridad municipal informó que, en cuanto al paso de hidrocarburos por la capital de Puebla, se tiene que “los ductos de Pemex afectan a la mayoría de las colonias del norte del municipio, creando una especie de corredor de riesgos por afectación de los derechos de vía de los distintos ductos […] (que) existen 26 colonias afectadas por el paso de los derechos de vía de los ductos”. Señala que la construcción de viviendas se ha realizado sin ninguna autorización, sin permisos ni licencias y que desde 1992 se han llevado a cabo obras de infraestructura, equipamiento y servicios como las redes de electrificación y alumbrado público, agua potable, drenaje y alcantarillado, pavimentación, guarniciones y banquetas, es decir, servicios públicos que proveen distintas autoridades. Agrega que “corresponde, como sanción, la clausura definitiva de los trabajos de construcción o instalación, demolición de construcciones y/o retiro de instalaciones terminadas o en proceso y multa”. Y agrego: en esa zona del municipio existen también otros factores de riesgo como torres de alta tensión eléctrica y barrancas.

Cabe preguntar ¿por qué el gobierno municipal no hizo ni hace lo que le corresponde? La respuesta es porque, como ya lo he expuesto en otras, varias oportunidades, los pobladores de los asentamientos informales son vistos como “clientes” por las autoridades, no solo cuando simulan atender las demandas de la población en cuanto a la provisión de servicios públicos, sino para “regularizar la tenencia de la tierra” (sic).

En especial este ha sido el actuar del presente Ayuntamiento de Puebla: desde el inicio de este gobierno, su cabildo conformó una Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Bienes Patrimoniales, la cual, fundamentalmente se dedica a simular la regularización de asentamientos, pese a seguir poniendo en riesgo la vida de las personas y de sus bienes.

Un lamentable ejemplo de esto: 19 meses después de la tragedia de San Pablo Xochimehuacán, el Ayuntamiento “avaló el registro del asentamiento humano Lomas de Coyopotrero, beneficiando a más de 2,500 personas” (https://pueblacapital.gob.mx/noticias/noticias-destacadas/item/17558-para-tener-entornos-mas-seguros-cabildo-promueve-limpieza-de-lotes-baldios-abandonados).

 Lomas de Coyopotrero es una de las 23 colonias que enlista la Recomendación como aquellas en las que Pemex y el Ayuntamiento de Puebla “deberán diseñar e implementar un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de las franjas de seguridad y/o derechos de vía, hasta obtener sus condiciones y dimensiones originales”, es decir, SIN personas habitando este polígono, debido al potencial y real riesgo. El Cabildo, de acuerdo al dictamen correspondiente aprobó “el reconocimiento y registro oficial (…) con la finalidad de (…) continuar con los trámites respectivos de incorporación de la colonia al desarrollo urbano del municipio y su regularización (https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/publicaciones/minutas/item/1373-res-2023-244-dictamen-por-el-que-se-aprueba-el-reconocimiento-y-registro-oficial-al-desarrollo-urbano-del-municipio-de-puebla-del-asentamiento-humano-irregular-conocido-como-lomas-de-coyopotrero).

Todo esto a pesar de que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 2007, vigente hasta 2018, reconoce el total de 23 colonias que se encuentran afectadas por el paso de los ductos de Pemex y que constituyen un corredor de alto riesgo, entre las cuales, la propia Recomendación enlista, en primer lugar, a Lomas Coyopotrero y agrega que, en algunas de estas colonias “se han encontrado, de manera recurrente, tomas clandestinas que el personal de Pemex ha inhabilitado, y en donde se tienen registrados siniestros ocurridos previamente al que nos ocupa”. ¿Realmente hacen falta más pruebas para comprobar la simulación de la autoridad municipal? El asunto no es menor dado el riesgo latente, la ya sufrida pérdida de vidas y la vulneración de los derechos humanos.

No obstante, las personas funcionarias locales entienden la realidad de otra forma. La Recomendación señala que de acuerdo al oficio O.P.-C.J.-247/2022, el Consejero Jurídico de la Presidencia del Ayuntamiento de Puebla, informó que las medidas que implementaron para salvaguardar la vida, la integridad personal y los bienes de las personas que habitan en San Pablo Xochimehuacán, consisten en gestionar la incorporación de los asentamientos irregulares al desarrollo urbano, así como “notificando a los habitantes de 63 inmuebles que se encontraban en alto riesgo por su proximidad con los ductos de Pemex, sin que el Ayuntamiento procediera a realizar los trámites jurisdiccionales de desalojo”. Simulación, simple y llana.

Para Pemex y los integrantes del Ayuntamiento de Puebla no hay forma de evadir la responsabilidad institucional: la Recomendación señala que “Es dable considerar las situaciones de irregularidad (tolerar las invasiones de las franjas de seguridad y/o los derechos de vía, lo que facilita las tomas clandestinas de gas) para efectos de la responsabilidad por la vulneración a los derechos humanos a la vida, la integridad personal y la vivienda, pues son situaciones de irregularidad que pueden razonablemente prevenirse por Pemex”. El documento analiza detalladamente las omisiones e incumplimientos para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas y el derecho a la vivienda adecuada (cita “esta Comisión Nacional estima que Pemex y el Ayuntamiento de Puebla, incumplieron con la obligación de utilizar hasta el máximo de recursos materiales como humanos disponibles para garantizar el derecho a una vivienda adecuada -segura-).

Son públicas las declaraciones del Presidente Municipal a diversos medios de comunicación acerca de que aceptará la Recomendación. Estaremos pendientes de las formas en que, de manera coordinada con Pemex, avanzan hacia la reparación integral del daño y las formas de dar cumplimiento. La autoridad municipal cuenta con mecanismos burocráticos y una inmejorable oportunidad para, de una vez por todas, dejar de simular y empezar a trabajar en la garantía de los derechos humanos, en especial del derecho a la vivienda adecuada, a través, entre otros, de su equipo asesor en vivienda y de la Comisión de Regularización de la Tenencia, mala copia de la antigua Corett.

 Mtra. Assenet Lavalle Arenas

Noviembre, 2023