Jordi la muerte acordó
Cómo robarles el agua
Pero nunca imaginó
Que Xoxtla se organizaba.
Instalaron un plantón
Y aunque la Parca intentaba
Jalarselo Pa´l panteón
El Pueblo a Pascual cuidaba.
El pasado jueves 30 de octubre por la mañana, habitantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla y de comunidades aledañas y colectivos solidarios, llevaron a cabo un foro en defensa del agua en la explanada de la cancha deportiva de la Unidad Pavigi. El foro, podemos decir, se desarrolló con tranquilidad ante la vigilancia policíaca que ya es muy frecuente en este tipo de eventos. El acuerdo más importante que tomaron los participantes, fue hacer un plantón en el kiosko de la Unidad, para vigilar que el gobierno y la empresa Concesiones Integrales, empezaran a poner los tubos que transportarían el agua. Un día después, el viernes 31, el Nodo de Derechos Humanos emitió un comunicado dando cuenta de actos de intimidación y riesgo para la integridad física y la vida de los integrantes de la comunidad de Xoxtla en general y en particular, en contra del compañero Pascual Bermúdez Chantes quién ha sido víctima de acoso y represión por su férrea lucha contra el despojo y la privatización del agua de su comunidad.
En una política clásica por parte del gobierno del estado de criminalizar la protesta social, el NODO de Derechos Humanos menciona que un sujeto se acercó al lugar donde se encontraban integrantes de la comunidad, entre ellos, Pascual Bermúdez. Según los testigos directos, el sujeto venía ya con una pistola desenfundada y apuntando hacia la carpa del plantón. Cuando las personas del plantón se resguardaron al interior del quiosco central del parque, el agresor se escabulló por el fondo del parque y se refugió con las patrullas de la policía Estatal que le esperaban fuera del Parque, junto a la entrada principal. Las patrullas estaban ocho elementos, quienes portaban armas largas. En otra parte de su comunicado, los integrantes del NODO Denuncian la complicidad de la Policía Estatal en este intento de asesinato.
Casi al final de su comunicado, el colectivo de Derechos Humanos responsabiliza de esta escalada de represión a Guadalupe Ortiz, presidenta municipal de Xoxtla (PVEM), de Alejandro Armenta, gobernador del Estado (Morena) y Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República y denuncian que en lugar de respetar la decisión de la comunidad de Xoxtla sobre el agua de su territorio, parecen estar escalando el conflicto hacia estrategias letales. La policía estatal y municipal, y las fuerzas armadas están siendo utilizadas para violentar a la comunidad… favoreciendoun extractivismo voraz, (con) negligencia operativa y opacidad financiera, todo (para) seguir alimentando proyectos de especulación inmobiliaria con el agua de los pueblos.
Otra institución que tiene desde mi perspectiva, mucha responsabilidad en estas agresiones es el Soapap y por supuesto, la Conagua, con sus políticas neoliberales que han favorecido el acaparamiento del agua en manos de los modernos los latifundistas del agua.
Previamente comenta Pascual Bermúdez, el día 21 de octubre fue amenazado por el señor Raúl Villafan Hernández quién, prosigue Pascual, con una sonrisa irónica que ilumina su rostro moreno, se presenta como asesor de la presidenta municipal Guadalupe Ortíz y se dice compadre del senador Gerardo Fernández Noroña. ¡Chulos los compadres!
El 25 de octubre, los habitantes de San Miguel Xoxtla denunciaron mediante un comunicado que la policía estatal había rodeado la Unidad Habitacional Pavigi con el propósito, según esto, para que la empresa Concesiones Integrales, metiera maquinaria para reabrir el pozo de agua número 2 y mencionan en su comunicado que esto sería para llevar agua a las zonas residenciales de gran lujo en Lomas de Angelópolis. Tanto Concesiones Integrales/Agua de Puebla, ha sido y es, una empresa ultra y mega consentida de los gobiernos Morenistas de Puebla, al igual que Granjas Carroll, Ternium, Volskwagen, Audi o Feldmex, entre otras. Empresas a las que se les permite acaparar y contaminar el agua, en detrimento de la población pobre del estado.
Esta tentativa de atentado contra Pascual, la tenemos que ver en el contexto de las agresiones que se han dado en contra de los defensores ambientales en nuestro país.
Situación de los defensores ambientales. En su onceavo Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reportó que 25 defensores del medio ambiente y los territorios fueron asesinados en el país durante 2024, un incremento de 20% respecto al año anterior (2023). Del total de víctimas registradas en 2024, el 45% pertenecían a pueblos indígenas.
Así mismo, el informe resalta que en 2024 que los otros tipos de agresión fueron la intimidación, el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización y la difamación, elementos que se configuran en esta criminalización contra Pascual y otros compañeros defensores medioambientales, tanto de Xoxtla como de otras comunidades, con la ayuda de la prensa mercenaria.
En su informe anual Raíces de resistencia. de la organización Global Witness, dado a conocer en septiembre del presente año, México se ubicó en el nada honroso tercer sitio como un país altamente peligroso para las y los defensores del medio ambiente, sólo debajo de Colombia y Guatemala respectivamente y se consolida como el país más peligroso para los periodistas en el continente Americano, de acuerdo a Reporteros Sin Frontera. (RSF)
En este marco de criminalización en contra de los defensores ambientales en el presente año, el estado de Puebla es considerado un foco rojo en cuanto a agresiones contra defensores ambientales en México, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en número de ataques, (Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), grave problemática poco o nada abordada en los distintos foros, encuentros o asambleas que se llevan a cabo en en nuestro estado. A L
A VIC
Principales peligros para los defensores Ambientales. Los principales peligros y amenazas para los defensores ambientales en Puebla, están vinculados a la defensa del territorio, los bosques y el agua, e implican confrontaciones con intereses económicos, grupos criminales (y políticos) principalmente por la tala ilegal, proyectos mineros; y habría que agregar, la defensa del agua como los hemos visto últimamente en Puebla.
El año pasado, (2024), fueron asesinados en Puebla cuatro defensores del medio ambiente, entre ellos el presidente del comisariado ejidal de San Andrés Hueyacatitla, poblado ubicado en las faldas del volcán Itzaccíhuatl, Marcos Sánchez Perea y tres guardabosques de San Salvador El Verde, identificados como José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, así como un cuarto lesionado por arma de fuego. 11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. (CEMDA). Estas muertes se suman a la de Antonio Esteban Cruz, Adrián Tilihuit, Manuel Gaspar Rodríguez o la desaparición de Sergio Rivera en la Sierra Negra del Estado., entre otros compañeros.
Hasta ahora, todos los gobiernos de los distintos partidos y gobernantes del Estado que han pasado por el Ejecutivo Estatal, han violado el Convenio signado en 1997 entre Soapap y la comunidad de Xoxtla, así como también han violado los convenios firmados respectivamente con las comunidades de Acuexcomac y Nealtican. Me gustaría saber: ¿cuál ha sido la razón para violar en forma sistemática dichos acuerdos? ¿Acaso esta violación de los Convenios con estas comunidades indígenas y campesinas no es un acto de racismo y discriminación ambiental?
El único estado de derecho que conoce el gobierno del estado es el de la represión, cuando los pueblos se cansan y hartan de reuniones y minutas que nunca cumple el gobierno y deciden organizarse y movilizarse para defender su agua, su territorio y bienes comunes.
Este atentado frustrado contra Pascual, pone seriamente en entredicho lo señalado en el párrafo noveno del artículo 21 que dice:
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas…
Como también se les ha violado los párrafos primero, tercero y último del artículo 1ero constitucional, el apartado A, fracciones XI, XII y XII del artículo segundo constitucional y ni que decir de los párrafos sexto y octavo del artículo cuarto, párrafo segundo del artículo sexto y artículos octavo (ver oficio anexo) y noveno. ¿De qué estado de derecho hablamos?
Igualmente se viola un instrumento internacional que forma parte de nuestro cuerpo de leyes y tiene carácter vinculante: El Acuerdo de Escazú DE ESCAZÚ, en sus artículos sexto (derecho a la información en medio ambiente), octavo (justicia ambiental) y en particular sobre la problemática que nos ocupa, el artículo 9no. Me permito, por el caso que nos ocupa, transcribir el artículo noveno del Acuerdo de Escazú.
ARTÍCULO NOVENO 1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente….
3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presen- te Acuerdo.
No fuese que el troglodita que tiene como presidente los norteamericanos que sólo le basta con hacer una declaración, para que el gobierno federal se ponga en acción y sus peticiones se resuelvan, no es el mismo racero para con las comunidades y pueblos indígenas, campesinos o urbano populares pobres, se resuelvan sus añejas demandas.
Las y los compañeros de Xoxtla, responsabilizan a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, a Alejandro Armenta, gobernador del Estado, a la Conagua y al director de Concesiones Integrales, Jordi Bosch Bragado, de lo que les pueda pasar a ellas/ellos y a sus familiares. Sobre advertencias, no hay engaño.
PD.
Grave, muy grave y sintomática de lo que pasa en Michoacán y en varias partes del del territorio nacional es el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Es muy probable que el fantasma del socialismo democrático, encarnado en Zohran Kwame Mamdani, se le aparezca el día martes al mitómano y psicópata que gobierna los Estados Unidos, Donald Trump y Zohran gane las elecciones en Nueva York. ¡Ojalá y así sea!
Asamblea, jueves 30 de octubre, Xoxtla
Oficio dirigido a la presidenta municipal de Xoxtla
