Nos preocupa enormemente dicha situación porque encierra a todas luces un atentado a las libertades de información y de expresión, de lo cual se desprende que nos encontremos, ante todo, ante una problemática de índole política.
En una entrevista concedida a El País, Jean Francois Revel –el conocido periodista francés– sostuvo que “de hecho el fenómeno de la prensa libre nació y se desarrolló mano a mano con la civilización democrática. No se puede concebir una democracia sin estos medios de expresión empleados con libertad. La prueba en contra es que lo primero que hace un sistema autoritario es cortar la libertad de expresión. Podemos decir que donde hay prensa libre hay democracia y que donde hay democracia hay prensa libre”. Y agregaba: “¿por qué subsiste la democracia de los países occidentales o capitalistas a pesar de estar expuesta a la intemperie de todas las críticas de dentro y de fuera? Es característico de la democracia reconocer todos los derechos, incluso a los enemigos de la misma. Las instituciones democráticas tienen el derecho de defenderse contra sus enemigos, pero no pueden negar las libertades democráticas a los extremos de ambos lados. Pero quizá la característica más fundamental de la democracia occidental es que integra la crítica y la autocrítica. La crítica secular de la democracia es una ley biológica fundamental y tal vez la característica más destacada del sistema liberal democrático. Sin la crítica, la democracia no puede funcionar. Por el contrario, los sistemas totalitarios no admiten la crítica, ya que si la admitieran no podrían funcionar como tales (Vid. El País, 24 de marzo de 1977).
Evoco esa reflexión a propósito de la situación legal que enfrentan varios destacados periodistas y medios de comunicación de Puebla debido a la información que trasmitieron en días pasados de una denuncia que formularon algunos maestros inconformes de la Universidad Pedagógica Nacional sobre el otorgamiento irregular de 27 plazas de tiempo completo, las cuales se habrían destinado al grupo que detenta el poder en dicha institución. Esta, la número 211, cuenta con tres unidades en nuestra entidad, ubicadas en Tehuacán, Teziutlán, y en nuestra ciudad capital. Frente a dicha denuncia, las autoridades de la institución señalada recurrieron al Poder Judicial acusando a los periodistas citados de difamación. Entre ellos se encuentran Martín Alcántara, de la Jornada de Oriente, Kara Castillo, de E -Consulta, y Gerardo Pérez, colaborador de Mundo Nuestro. Según informa este último, fueron emplazados a presentarse ante un juzgado federal, el 24 de noviembre. Lo curioso del caso es que también resultaron emplazados los Medios de comunicación en los que se formuló la denuncia de las plazas de referencia, entre ellos La Jornada de Oriente, E-Consulta, Ángulo 7 y Mundo Nuestro.
Nos preocupa enormemente dicha situación porque encierra a todas luces un atentado a las libertades de información y de expresión, de lo cual se desprende que nos encontremos, ante todo, ante una problemática de índole política. Por ello nos llama la atención que hasta el momento no se hayan expresado al respecto la dirección de Morena en Puebla, ni los diputados de esta organización. Y digo esto porque se supone que una de las principales banderas que ha enarbolado la 4t es la defensa de las libertades mencionadas y de la prensa crítica, apoyándose en los ordenamientos más avanzados que expuesto sobre esta problemática no pocas de las naciones democráticas del orbe. Así, por ejemplo, el Secretario General del Consejo de Europa ha llamado a todos los estados miembros los estados miembros a que el deroguen disposiciones criminales en el área de la difamación (declaración del 3 de mayo de 2006, Día Mundial de la Libertad de Prensa), exhortando a los gobiernos a “suprimir sanciones excesivas, tal como las condenas, penas de libertad condicional, multas grandes y la suspensión del derecho de practicar el periodismo”, “o prohibir a los funcionarios públicos, a las entidades públicas que inicien demandas de difamación criminal”. Se parre de la premisa de que, a fin de cuentas, es preferible salvaguardar la libertad de expresión, que sacrificarla en aras de defender el prestigio de determinados actores sociales poderosos. Por esa razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en diversas ocasiones que “la posición dominante que ocupa el Gobierno hace necesario que éste demuestre moderación al recurrir a procesos penales en caso de difamación”.
Mediante dicha propuesta de ningún modo se extiende una “patente” de corso” a la difamación, sino simple y llanamente se intenta evitar que los gobiernos sofoquen la libertad de expresión, so pretexto de “daño moral”.
Desde luego, estoy convencidos que los periodistas de marras se distinguen por su seriedad y profesionalismo, al igual que los maestros inconformes con el otorgamiento de las 27 plazas cuestionadas.
Desconozco si en nuestro país existe jurisprudencia que permita privilegiar las libertades de expresión e información por encima del malestar de determinadas autoridades. Pero, al parecer, existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia, emitido, creo, en julio de 2025, en el que se eximió al conocido intelectual Sergio Aguayo Quesada, de una demanda de difamación. Este sería un precedente de gran relevancia.
En fin, esperamos que el caso que comentamos no se convierta en una situación que vulnere las libertades de información y expresión máxime tomando en cuenta las amenazas actuales que enfrenta nuestra democracia.
