abril 14, 2026, Puebla, México

abril 14, 2026, Puebla, México

Inflación alimentaria, agricultura y economía familiar / Daniel Flores Meza

Saber lo que es correcto y no hacerlo, es la peor forma de cobardía.  Mahatma Gandhi

En el primer trimestre del año 2026 se incrementaron los precios de productos básicos como frutas y verduras, reportando alzas significativas que impactan directamente en el bolsillo de las familias.  Son diversos los factores de carácter estructural que presionan los precios y encarecen la canasta básica, golpeado a las familias más vulnerables.

De enero a la fecha los precios de diversos productos se mantienen al alza;  el jitomate saladet con un incremento del 61.02 por ciento, alcanzando los 50 pesos por kilo; el limón 30.36 por ciento, el tomate verde 18.59 por ciento, la papa 16.63 por ciento, el chile poblano 9.48 por ciento, y las frutas son inalcanzables para muchas familias.

La falta de lluvia en algunas regiones y el exceso de la misma en otras, ha sido uno de los factores causantes de la baja producción agrícola.  El precio de los fertilizantes importados se ve afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente, al igual que el precio de los combustibles; afectando a su vez el costo de la distribución y abasto como parte de la cadena de suministro.  El incremento del precio de los insumos agrícolas, mayormente de importación, ahoga a la agricultura nacional, reflejándose en los altos costos de producción.  Asimismo, la incertidumbre comercial en el marco del T-MEC añade presión al mercado.

El país enfrenta un escenario complejo en la producción, abasto y precio de alimentos, donde convergen diversos factores desde climáticos, energéticos, sociales, laborales y comerciales.  Al final de la cadena de suministro, el incremento del precio de los alimentos lo terminan pagando los consumidores.  El robo y extorsión a agricultores y transportistas, es otro factor que presiona los precios de los alimentos.

Los agricultores y trasportistas nuevamente bloquearon carreteras ante el incumplimiento de acuerdos del Gobierno Federal,  la respuesta debiera ser el acceso al diálogo y  cumplir los acuerdos que corresponde al Estado mexicano en el marco de sus atribuciones. No es posible convocar a una mesa de trabajo a los demandantes en la Secretaría de Gobernación, y que ésta se mantenga cerrada sin tener acceso a las instalaciones.

La creciente inseguridad y la extorción en carreteras por organizaciones delictivas, incluso, por personal de la Guardia Nacional, es la demanda más sentida que encabeza el pliego de peticiones. 

Piden precios justos a sus productos, el Programa Federal Precios de Garantía como está diseñado, los limita, les adeuda pagos que vienen arrastrando.  Encargados de los centros de acopio de SEGALMEX, hoy llamada “Alimentación para el Bienestar” extorsionan a los agricultores para darles acceso a su producto sea frijol o maíz.  La corrupción no se acabó en SEGALMEX por cambiarle de nombre, la bazofia continúa.

La gasolina y el diésel están gravados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)  con un incremento en este año, afectando el transporte para la distribución y abasto de los alimentos.  Ante su demanda por el alto costo al diésel, los transportistas piden la participación del Estado para intervenir el IEPS ante la presión del crudo y tener precios más accesibles al combustible.

México depende de la importación de insumos agrícolas y de la importación de alientos en más del 60 por ciento: granos, oleaginosas, leche y productos cárnicos.  Hoy el neoliberalismo sigue arraigado en las entrañas de la 4T, dejando a su suerte a la agricultura nacional; queda claro que el sector agroalimentario no es una prioridad para el gobierno de la 4T.  El Estado prefiere las importaciones que apoyar la autoproducción nacional de alimentos a través de una agricultura fortalecida.

Ante la presión de los agricultores y transportistas,  la presidenta Sheinbaum ha propuesto implementar programas de apoyo directo a los agricultores,  sumados a los ya existentes como fertilizantes, transferencias directas y maquinaria agrícola por la caída de precios de granos.  La crisis que atraviesa el campo y que se ha agudizado con los gobiernos de la 4T,  es de carácter estructural, no se resolverá entregando apoyos directos de dinero o maquinaria a particulares; de seguir con una política clientelar de dispendio público, solo provocará la pulverización del recurso.  Se trata de rediseñar nuevas políticas al campo a través de prácticas sostenibles y apoyo en bienes públicos como obras de conservación de suelo y agua, sanidades, desarrollo de capacidades, precios justos a sus cosechas, impulsar la investigación para lograr ser autosuficientes en la producción de insumos.  Impulsar la autoproducción agroalimentaria es una asunto de seguridad nacional, depender del exterior, significa estar sometidos.

Los precios justos se pueden lograr cerrando paulatinamente las puertas a los importadores de granos para que se consuma primeramente la producción nacional.  Minsa y Maseca son las dos grandes empresas importadoras de maíz americano subsidiado, además, beneficiadas de la privatización y venta de empresas estatales en el periodo de Carlos Salinas de Gortari.  Minsa es propiedad de Altagracia Gómez, asesora de la presidenta Sheinbaum,  con presunta presencia de conflicto de interés.

Por ahora,  no se plantean acciones que den certeza a la economía nacional, la derrama económica por la Copa Mundial de Futbol será un respiro fugaz,  el reto principal es contener las precisiones inflacionarias y crear condiciones sostenibles que generen crecimiento.  

Los aumentos salariales, aunque necesarios para recuperar el poder adquisitivo, también incrementan los costos de producción, y por tanto, el precio de los productos terminados.  El incremento salarial da la impresión de un salario artificial,  parece que responde a aumentos impulsivos sin productividad, ni respaldo económico, dando la posibilidad de que se incremente a largo plazo la informalidad,  la falta de inversión y estabilidad; por tanto,  la inflación alimentaria,  termina por consumir al salario aumentado.

Cerca de 20 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria,  cada año mueren alrededor de 10 mil personas por hambre y malnutrición.  Invitar a las familias desde “La mañanera” a que coman frijoles, por su aparente disminución en su consumo; mientras la clase política y altos mandos de gobierno viven con excesos, es una respuesta con olor a ofensa.  La llamada “Austeridad republicana” es una vulgar falacia que solo aplica en los bueyes de mi compadre.

Entregar dadivas no resuelve los problemas; por el contrario, los perpetua.  Las familias aspiran a la excelencia y a una vida digna con derechos, el Estado mexicano está obligado a crear las condiciones para que las familias lo consigan. 

No se trata de negar la realidad, puede haber errores como en cualquier gobierno pero corregirlos,  no se trata de justificar mediante salidas falsas, no se trata de cerrar casos clasificando expedientes como reservados,  no se trata de culpar al pasado ni poner pretextos, no se trata de callar al ciudadano que señala o levanta la voz, no se trata de cerrar puertas al dialogo o crear falsas promesas.  Si ocurre un error y la verdad sale a la luz; el Estado primero niega, luego minimiza, y cuando ya no pueden más, entonces reacciona molesto.

El Estado mexicano debe reconocer que los problemas responden mayormente a factores internos y debe actuar con prontitud, sin improvisaciones, caprichos u ocurrencias.  Debe asumir el presente sin postergar, se requiere una reingeniería a las políticas públicas, reconocer y corregir errores, sancionar sin encubrimientos,  y consolidar aciertos cuando los haya. (Saber lo que es correcto y no hacerlo, es la peor forma de cobardía.  Mahatma Gandhi).