Este 29 de abril se hizo pública la solicitud de detención con fines de extradición, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en contra de un grupo de diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya, acusados de tener nexos con la criminalidad organizada.
Los demás señalados -menciono solo los cargos- son un senador, el alcalde de la capital del estado, el exsecretario de Finanzas, el exsecretario de Seguridad Pública y cinco individuos más que ocuparon cargos en la fiscalía y en las fuerzas policiales a nivel estatal y municipal.
A todos ellos se les acusa de haber conspirado con miembros del Cártel de Sinaloa para influir en el resultado de los comicios de 2021 (elección que los candidatos de MORENA terminaron ganando) y de haber entregado el control de la seguridad pública a dicho grupo criminal, con el fin de permitirles realizar sus actividades delictivas en territorio sinaloense.
Esta semana, en dos ocasiones diferentes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, nos recordó algo elemental que hemos comentado en este espacio repetidamente: la corrupción de los funcionarios públicos impide la prosperidad económica y es la causa directa del control territorial que ejercen los grupos criminales. Lo anterior es comprobable en México y en cualquier parte del mundo donde el fenómeno de la corrupción se presente a gran escala.
Todo esto ha ocurrido justo cuando, en nombre de la “soberanía nacional”, la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió una andanada de reclamos públicos y amenazas en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Se le acusa de una presunta ilegalidad cometida por su fiscalía al permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano dieron un duro golpe al narcotráfico tras desmantelar seis laboratorios de drogas sintéticas. No olvidemos que, durante el sexenio pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no existían laboratorios de fentanilo, para luego conceder que «sí se produce fentanilo, pero poquito».
En respaldo a la presidenta Sheinbaum, voces y propagandistas del partido oficial no tardaron en calificar a la gobernadora y a quienes la defienden como “traidores a la patria”.
Hasta el pasado miércoles 29 de abril, a Sheinbaum parecía importarle mucho contar con la simpatía de ese grupo incrustado en el régimen que le aplaude por haber ido a Barcelona a defender la “soberanía nacional” de la dictadura cubana y por apoyar a la expresidenta de Argentina condenada a prisión domiciliaria por corrupción.
Tras su conferencia de prensa matutina, donde abordó el problema de Sinaloa, ya no queda duda: en aras de la defensa de esa “soberanía nacional”, la presidenta está dispuesta a proteger al gobernador Rubén Rocha Moya y a los demás acusados.
Si existe una expresión que ha servido históricamente para proteger a regímenes criminales es la de la “defensa de la soberanía nacional”. Algunos ejemplos son los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos utilizan dicho concepto como parapeto para justificar actos criminales contra sus propios pueblos.
Ninguna nación gobernada por criminales puede llamarse a sí misma “soberana”.
Mientras el Gobierno Federal y sus legisladores afines se dedican a defender su particular visión de “soberanía”, nos enteramos de que el crimen organizado asesinó a una familia en pleno corazón del país. Este acontecimiento -opacado por el escándalo de Rocha Moya- duele profundamente por ser el asesinato de otra familia mexicana cuyos integrantes trabajaban arduamente cada día para superar la mediocridad económica y social en la que está hundido el país. Duele, también, porque en diversas zonas de la Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y otras entidades, los criminales son la única “soberanía” real que mantiene postradas a comunidades enteras.
Esa es, en los hechos, la “soberanía” que defiende con tanto ahínco la clase política que hoy nos gobierna.
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