El gobierno de Armenta está tocando extremos. Lo ocurrido el día 22 de julio afuera del juzgado federal en el CERESO de San Miguel, con la presencia de acarreados embozados amedrentando al activista Renato Romero, indica claramente la decisión de dar un nuevo paso en la criminalización de la lucha social. Ya lo vimos la semana pasada frente al Congreso, con la presencia de golpeadores en la protesta contra el cablebús. Y se confirma con la presencia policiaca en los terrenos donde se pretende implantar una recicladora de basura en San José Chiapa. La tentación del gobierno de reprimir con violencia a quienes se oponen a la imposición de proyectos industriales está claramente perfilada en estos acontecimientos.
Marquemos el alto al autoritarismo de Alejandro Armenta.
Aqui la postura del ciudadano Renato Romero:
