Una de las mayores virtudes que puede poseer un político es que su discurso privado sea congruente con su discurso público, lo contrario evidencia la falta de probidad de quien pretende erigirse como un servidor público.
Las diputadas locales poblanas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares pasaron en cuestión de días de la prensa local a la nacional, luego de que se viralizara un episodio ya viejo del videopodcast “Descasadas”, donde ambas vertieron frases discriminatorias y vulgares contra los que ellas consideran hombres mayores. Frases que retratan de manera ejemplar el pensamiento de estas representantes populares. Ellas mismas, en sus comunicados en redes y entrevistas, han afirmado que son “opiniones personales” sacadas de contexto, y es precisamente en esa defensa donde reside lo grave del asunto; en ese reconocimiento está la evidencia de que así piensan realmente. Sin embargo, ellas no son más que la expresión visible de un partido que no sólo las admitió en sus filas a través de mecanismos poco claros, sino que el simple hecho de que ahí puedan ocupar un espacio es ya grave y sintomático.
El silencio de Morena
El caso de las diputadas expone mucho más que el hecho en sí, y no es de extrañar el silencio inicial de Morena en Puebla, en donde la dirigente local tiene suficiente con sus propios escándalos como para opinar sobre los de otros. No fue sino hasta que la dirigencia nacional de Morena se manifestó al respecto (ante el posible daño electoral que pudiesen ocasionar las expresiones de las diputadas) que voces locales, desde los puros del partido hasta el gobernador, se sumaron al linchamiento contra las diputadas.
Quien afirme que las expresiones de Salvatori y Palomares son ajenas a la 4T y al obradorismo, o revela una profunda ignorancia de cómo está conformado y por quiénes el “movimiento”, o hace despliegue de un evidente, hipócrita y conveniente doble rasero; basta mirar dentro de la propia familia que lo encabezó. José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente López Obrador, ocupó durante años una residencia de lujo en Houston vinculada a un directivo de la petrolera Baker Hughes, empresa con contratos vigentes en Pemex, demostrando públicamente que la famosa “austeridad republicana” es únicamente para los demás, no para su propia familia.
En Puebla, José Luis García Parra, sobrino de Mario Marín y hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, tuvo que devolver en el año 2023, ante las críticas, un Audi R8 valuado en más de tres millones de pesos, cifra superior a cuatro años completos de su sueldo como asesor, sin que el hecho afectara en nada su “carrera política”, pues meses después obtuvo a través de Morena una diputación plurinominal. Por otra parte, la secretaria de Deporte y Juventud del gobierno del estado, Gabriela Sánchez, así como otros funcionarios del gobierno estatal y federal, hace derroche y despliegue de recursos para promocionarse con vista a las elecciones de 2027; ninguno de ellos ha sido señalado por Morena.
Salvatori y Palomares no son el mayor problema de Morena, y mientras se les exhibe a ellas, nadie en el partido cuestiona, entre otras cosas, el por qué se protege, con el pretexto de la soberanía, al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado desde hace años, con denuncias y testimonios de actores locales, de tener relaciones con la delincuencia organizada. La lista de incongruencias y corruptelas dentro de Morena es larga, y en cada estado se promueven perfiles relacionados con intereses contrarios a los que debería impulsar un partido de izquierda.
El distractor
Resulta más cómodo exhibir la torpeza, banalidad y falta de oficio de un par de diputadas locales que sancionar a un gobernador con licencia, a un coordinador de gabinete que exhibe públicamente lujos más allá de sus ingresos como servidor público, o a funcionarios que con recursos de dudosa procedencia se promocionan de manera anticipada e ilegal. Es, además, el distractor perfecto ante un proyecto exorbitante como el cablebús, que el gobierno de Armenta ha impuesto sin dar a conocer los estudios de impacto que lo justifiquen.
Los dueños del partido saben bien a quién sancionar y a quién proteger cuando lo que está en juego representa lucro político y económico, y tanto Nayeli Salvatori como Graciela Palomares son, al final, los rostros sacrificables de un partido cuyas prácticas reales resultan, por mucho, más graves que cualquier expresión grabada en un videopodcast.
