Este texto contiene la participación de su autor en el foro Las Consecuencias de la imposición del Cablebús en Puebla organizado por la Red Civil por la Democracia
Lejos de pretender alguna conclusión sobre el debate que hoy nos ha convocado, intentaré articular las distintas posiciones recogidas aquí y en otros espacios a un denominador común que, sin duda, constituye el núcleo de esta y otras discusiones por venir: el presente y el futuro de nuestra democracia, y de nuestra calidad de vida.
Partiré de una categoría propuesta por Niklas Luhman que nos ayudará a comprender tanto la compleja relación entre sociedad y estado a nivel mundial, como el carácter particular de nuestras demandas. Me refiero a la categoría de “confianza”
Luhman, no entiende la confianza solo como una dimensión psicológica del individuo, sino como la capacidad de un gobierno y un estado para disminuir y refuncionalizar, en el marco de la ley, todo aquello que amenaza a la sociedad: violencia, corrupción, pobreza, impunidad, etc.
Durante los últimos 50 años, México ha sufrido los efectos de un aumento vertiginoso de amenazas sociales, en parte, por el desarrollo de la complejidad sistémica, inherente a la propia modernidad, como por la fragilidad de las instituciones democráticas, encargadas de disminuir o refuncionalizar dichas amenazas
También, hay que subrayarlo, en la medida en que dichas instituciones democráticas sufran alguna forma de constreñimiento o desaparición, como ha ocurrido con los gobiernos de la 4T, esas amenazas irán en aumento, cuantitativa y, cualitativamente.
El caso de Puebla es singular dentro del contexto nacional, no solo por la acumulación de problemas en su historia reciente, sino por el aumento exponencial de factores de riesgo durante el gobierno de Alejandro Armenta.
Con esta última afirmación no pretendo sugerir que los problemas de la entidad hayan nacido o surgido de la nada, durante el último gobierno estatal, pero sí subrayar, por un lado, la línea de continuidad entre gobiernos priistas y este, una línea que afirma la tradición autoritaria del estado; y, por otro, la deriva particular de dichos problemas y riesgos en el lapso de los dos últimos años.
Tampoco he señalado la contribución del gobierno municipal de Puebla, por los límites estructurales que el mandato constitucional le confiere; sin embargo, ello no lo exime de su responsabilidad, de “grado”, en la situación actual.
Los ciudadanos no solo estamos amenazados por el alarmante aumento de la violencia tanto del crimen organizado como de la delincuencia común: asesinatos, muertes por cobro de piso, asaltos en el transporte público, feminicidios, etc., etc.
También, el caos urbano, en todas sus dimensiones y, especialmente, las referentes a la movilidad, se han convertido, en una fuente de peligros para nuestra integridad; somos la segunda ciudad del país con el mayor número de muertos por accidentes de tránsito.
El caos urbano no solo obedece al crecimiento natural de la ciudad, ni acaso, solo, al vertiginoso aumento del parque vehicular privado sino, fundamentalmente, a la ausencia de un ordenamiento territorial que haga más amable nuestra vida en la ciudad.
El hecho tan simple de pretender caminar por Puebla y recuperar una de las experiencias más importantes de la modernidad, haciéndonos eco del flaneur de Baudelaire, o de ese nuevo paseante solitario, de Benjamin, se vuelve una aventura verdaderamente peligrosa, por la situación de las banquetas convertidas en una ruina, en el caso de existir, porque hay muchas calles en Puebla que carecen de aceras. No digamos la práctica ausencia de espacios verdes.
Hay otro tipo de amenazas que ya no solo ponen en vilo nuestra vida y la de nuestras familias, sino que atentan contra derechos políticos elementales, dañando, principalmente, nuestro lugar en el espacio público y el ejercicio de nuestra libertad.
Tres ejemplos: el caso de e-consulta y su director, Rodolfo Ruiz, a quien se le fabrica un presunto delito por manejo recursos de procedencia ilícita, utilizando todo el aparato de estado, con el único objetivo de amedrentar a su director y acallar uno de los medios más serios del periodismo regional. No habiendo conseguido el objetivo por vía judicial, poco a poco, se le fue ahogando económicamente, y hoy, con la intervención, en manos de una nueva administración, no sabemos cuál será su destino.
De enero a abril de este año, nos hemos convertido en el segundo estado del país con más desapariciones infantiles; un delito de lesa humanidad y una doble tragedia, por lo que significa la vida concreta, irrepetible, de cada uno de esos niños desaparecidos, como por el atentado a la especie humana, cuya condición primordial en el espacio público es el aparecer, según H. Arendt y, por tanto, desaparecer de él, forzadamente, sin algún rito de despedida, constituye un daño irreversible a la propia vida entre los hombres. Añadamos a esa doble tragedia un elemento más: la incapacidad o el desinterés del gobierno y del Estado de visibilizar, por lo menos, el drama de esas vidas.
Amenazador, peligroso e inaceptable el tono con el que, recientemente, José Luis García Parra, a la sazón jefe de gabinete del gobierno de Alejandro Armenta, pretendió estigmatizar la crítica al cablebus por una supuesta pertenencia a un partido político, como si la tarea de generar opinión pública fuera ajena a los propios partidos; y algo más grave, el señalamiento del propio José Luis García Parra de tener “identificados” a los opositores a ese proyecto, como si de conspiradores, delincuentes, agentes externos o virus, se tratara.
Preguntémonos cuál es el factor decisivo- no el único- que agudiza el caos social, y aumenta las amenazas a una sociedad. Y no tardaremos en encontrar la respuesta: un gobierno y un estado antidemocráticos, autoritarios y lo que significa eso: ineficiencia, opacidad, violación al Estado de Derecho, etc., por la única razón de que un estado y un gobierno así solo marchan en función de la lealtad al príncipe, como es propio del patrimonialismo político, y no de acuerdo a una racionalidad legal, en función de los ciudadanos, como debe ser en la democracia. No estoy idealizando la democracia, pero debemos reconocerla como la única forma de gobierno capaz de revisarse a sí misma y de autocorregirse.
Un gobierno y un estado antidemocráticos que, por un lado, renuncian al pilar más importante de la sociedad moderna, según Weber, consistente en una lógica determinada por la eficiencia y la eficacia, es decir, la relación entre el menor costo y el mayor beneficio y, por otro, relegan la ética de la “responsabilidad”.
En un gobierno antidemocrático, el decisionismo político del ejecutivo no encuentra límites por el desdibujamiento del poder legislativo y de la opinión pública.
En el creciente malestar que ha generado el proyecto del Cablebús no hay otro responsable que el propio gobierno del estado; la reacción social no es producto de la incomprensión o de alguna especie de estrategia conspirativa que pretenda descarrilar la carrera del ejecutivo poblano, sino de la creciente pérdida de legitimidad del gobierno estatal y de su incapacidad para ofrecer “confianza” a los ciudadanos. El desasosiego que ha generado el proyecto del cablebus es consecuencia de un gobierno que, en esta y otras situaciones, ha mostrado una supina incapacidad para disminuir o refuncionalizar las amenazas que se ciernen sobre la sociedad. Esa incapacidad, no es solo resultado del desconocimiento técnico que exige un gobierno moderno sino, fundamentalmente, de su carácter antidemocrático, opaco.
Una y otra vez, el gobierno de Puebla no ha cejado en mostrar la asimetría existente entre sus recursos técnicos y políticos y la sociedad a la que se debe.
Un gobierno que no encuentra límite a su decisionismo, ni en el Congreso, ni en la opinión pública, como exige toda democracia.
Pocas veces, los poblanos hemos sido testigos de una ambición tan grande y de una voluntad de poder tan desmedida como la de Alejandro Armenta; una voluntad de poder que empieza a controlar todos los ámbitos de nuestra vida pública, desde la universidad hasta la prensa, y ha reducido la estructura gubernamental y del estado, a la gestión de su imagen y de su carrera política. Una voluntad de poder que acrecienta, exponencialmente. el “ogro filantrópico” de Octavio Paz. Una voluntad de poder que no tendrá prurito alguno en avasallar cualquier obstáculo en su camino. Una voluntad de poder que es inversamente proporcional a su capacidad para cumplir con el mandato que la propia sociedad y la Constitución le ha conferido.
Ante este panorama, la resistencia, la lucha por detener la barbarie, el empeño por construir una mejor democracia, un país y un estado, donde nuestros derechos humanos y políticos estén mínimamente garantizados; un país donde la violencia, la pobreza, la corrupción, el autoritarismo, no sean el espejo en el que nos vemos todos los días. Un país en el que tengamos garantizada la libertad de expresión, el derecho a diferir, sin ser estigmatizados, amenazados o perseguidos por ello. Pero, también, la exigencia por mejores gobiernos, no solo más eficientes, también, verdaderamente democráticos. No, gobernar no es fácil; exige conocimientos y de un equipo de profesionales en distintas áreas; exige también de un capital simbólico que permita ser contemporáneo de los hombres y comprender las tendencias subjetivas de una sociedad. Y si eso es mucho pedir, por lo menos, que nuestros gobernantes sepan diseñar, con alguna seriedad, una política pública.
Esos son los principales objetivos por los que se formó la RED CIVIL POR LA DEMOCRACIA, y es por eso, por lo que hoy estamos aquí; para animar la conversación pública, como la llamó don Gabriel Zaid, y fortalecer los lazos ciudadanos de cara a la embestida autoritaria, irracional e irresponsable, que estamos enfrentando. Gracias
