Agenda Ciudadana
El futuro del gobierno de Claudia Sheinbaum y, con él, el de México están en juego. Existen posibilidades de que el país resulte beneficiado. Habrá que ver qué intereses anteponen los actores para resolver la coyuntura
Nunca imaginó Claudia Sheinbaum a mediados de los ochenta, cuando cursaba su licenciatura, que la historia que empezaba a escribirse en ese momento entre el crimen organizado, las fuerzas del orden y la clase política —a raíz de que Rafael Caro Quintero, Don Neto, Enrique Camarena y la CIA adquirieran notoriedad mediática— alcanzara su momento culminante —y estallara— en sus manos. Mucho menos que le exigiría tener que ponerse lentes para leer cuidadosamente un texto que le permitiera ajustarse, en un ritual matutino que le sería heredado, tanto a un guion tranquilizador como crearse un espacio—por mínimo que resultase—para poder contener de mejor forma las presiones norteamericanas que ya no se detendrán y, así, poder incrementar las posibilidades de ampliar su poder.
Pues eso pasó antier. Las solicitudes de extradición de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno sinaloense marcan un antes y un después en la relación bilateral con los Estados Unidos. México, desde ayer, vive una coyuntura que, sin duda es histórica. La respuesta que, finalmente, dé el gobierno mexicano —cualquiera que ésta sea— marcará el futuro, en primer lugar, del país y, en segundo, de la gestión de Claudia Sheinbaum.
La solicitud no ocurre en un buen momento. Sorprende a la presidenta en medio de varios movimientos que ha estado realizando para fortalecer su poder. Entre otros, se hablaba de que Rosa Icela saldría de gobernación para que la plaza fuera ocupada, tal vez, por Omar García Harfuch, su pieza estrella y más confiable. Tal vez con Omar en la silla, la respuesta a las solicitudes podría haber sido más neutral a la que se ha dado, o más radical. Pero eso ya no lo sabremos.
Ocurre, además, en momentos en que la presidenta y su partido arremeten y encajonan a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras haberse hecho pública la participación no autorizada por el gobierno federal de agentes de la CIA en un operativo contra grupos delictivos regionales. Si bien los reclamos presidenciales tienen justificación, lo cierto es que la presencia subrepticia dejó evidencia de la nula confianza que las fuerzas del orden norteamericana tienen en el gobierno mexicano. Las solicitudes no sólo reafirman esa desconfianza, sino que exhiben la conexión de políticos de alto nivel con el crimen organizado. Al reclamo le salió cola. En el mediano plazo, ¿la gobernadora chihuahuense será una de los varios que paguen los platos rotos?
El mensaje matutino de la presidenta dejó la impresión de que la solicitud carece de fundamentos y que se trata de una presión política. No por nada, Rocha dijo que es un ataque al gobierno de la cuarta transformación, dejando en claro que debe ser protegido porque en manos de las autoridades norteamericanas la información que posee podría hacer tambalear al gobierno morenista y poner en serios predicamentos a su máximo líder y a su familia. La declaración del Fiscal General parece dar sustento a la hipótesis de línea política intervencionista. No obstante, la presidenta cerró su mensaje con las palabras con las que lo inició: no se protegerá a nadie; transparencia, verdad y soberanía. Podría ser que el mensaje estuviera elaborado para ofrecer tranquilidad al promotor supremo de los abrazos, a la vez que dejar abierta la posibilidad de diseñar una estrategia que le permita acatar la solicitud de las autoridades norteamericanas y atemperar las consecuencias para su gestión y para el partido.
La presidenta está en una disyuntiva. Ignorar las peticiones norteamericanas, arropándose en el discurso nacionalista, tiene grandes riesgos, sobre todo ahora que Trump está empoderado y busca la manera de recuperar imagen frente al electorado, después del fracaso estrepitoso en Irán. El presidente norteamericano ha dicho, reiteradamente, que la presidenta es una magnífica persona, pero que teme a los cárteles. Defender a Rocha se convertirá en prueba irrefutable para Trump. No es descartable que se incline por realizar una intervención como la que se llevó a cabo en Venezuela para extraer a Maduro de allí. Eso resultaría muy grave para ella y para el país.
Acceder a entregar a Rocha y a los demás funcionarios requeridos, por otra parte, podría ponerla en aprietos con buena parte de los políticos de Morena que hoy ocupan posiciones importantes y, por supuesto, con López Obrador. El gobierno norteamericano, una vez complacidas sus solicitudes, elevaría la vara. De inmediato solicitaría otras extradiciones de políticos de mayor relevancia en el equipo de poder, lo que podría entenderse como advertencia de que las exigencias no se detendrían y llegarían hasta lo más alto. La presidenta podría usar esto a su favor. Podría sacudirse a los grupos alejados de ella y fortalecerse. Pero el costo sería altísimo.
Por si fuera poco, todo esto ocurre en el marco de las negociaciones para definir el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos. E internamente, las elecciones intermedias están en puerta. De esa manera, son muchos los ángulos que la presidenta debe cubrir a la hora de enfrentar las peticiones norteamericanas. Tiene, además, pocos argumentos a su favor: su gobierno entregó a 92 personas vinculadas al crimen organizado sin que mediara solicitud de extradición. Peor aún: tanto ella, como López Obrador, y la nomenclatura oficial aplaudieron rabiosamente que García Luna fuera condenado con no otras pruebas que declaraciones de delincuentes tratados como testigos protegidos.
El futuro del gobierno de Claudia Sheinbaum y, con él, el de México están en juego. Existen posibilidades de que el país resulte beneficiado. Habrá que ver qué intereses anteponen los actores para resolver la coyuntura.
