240 campesinos trabajábamos en Rancho Nuevo, cuando entraron policía estatal y asesinos a sueldos mataron a 39 compañeros campesinos. A mí me agarró un pistolero me disparó, yo me defendí con mi machete. Testimonio de Don Juan Valderrama, sobreviviente de la matanza de Rancho Nuevo
Hoy se cumplen 44 años de la matanza de campesinos e indígenas Tepehuas y Totonacos, en la comunidad de Rancho Nuevo, Pantepec, Sierra Norte de Puebla. Aquellos eran tiempos de una asfixiante hegemonía del otrora del ex partidazo, el PRI y en la región, mandaban los caciques de horca y cuchillo.
El Estado era gobernado por el llamado hijo pródigo del cacicazgo mayor de Huauchinango, Guillermo Jiménez Morales. Su Secretario de gobernación, era el Lic. Carlos Palafox Vázquez y su Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Sáenz de Miera y el diputado local por Xicotepec de Juárez era Julio Heberto Calderón Calderón. –
El origen del conflicto y la matanza se originó con la recuperación de tierras por parte de 278 campesinos que las habían tomado días atrás. Había también tres predios más en disputa. Los predios en disputa eran: Cerro Verde, con resolución presidencial de 1966 y despojado por parte de Miguel Ángel Lechuga; El Escondido, Huitzilac, con resolución de 1970 y despojado por parte de Gabino Vargas con 200 hectáreas y Rancho Nuevo con 440 hectáreas y con resolución presidencial de septiembre de 1967. Predio que tanto Melitón Fosado como José Esquitín se lo habían apropiado, según declaró Raúl López García, exdirigente estatal del PST (El Sol de Puebla, 8 de junio de 1982).
Don Juan Valderrama le declaró al periodista Kau Sirenio que el 2 de junio de 1982: Llegaron entre a 600 a 800 pistoleros que mataron a mansalva a los campesinos que se encontraban trabajando la tierra del terrateniente Gilberto Merchant. Un poco más de 240 campesinos trabajaban en Rancho Nuevo, cuando entraron policía estatal y asesinos a sueldos mataron a 39 compañeros campesinos. A mí me agarró un pistolero me disparó, yo me defendí con mi machete.
Mientras Don Raimundo Santiago, sobreviviente de la matanza, declaró: De repente que oigo, sobre estos hijos de la chingada. En medio de los tiros me echo sobre el zacate, me hago bolita y me quedo quieto, sentía que el corazón se me salía. Así más de una hora.
El saldo de la represión fue de entre 27 y 39 campesinos/indígenas muertos. (Unomásuno, 7 de junio de 1982.) El Sol de Puebla, dándole seguimiento al tema, cabeceó en su portada días después de la matanza: Acción Penal contra 51 presuntos responsables de los hechos ocurridos en Rancho Nuevo y la declaración tronante de Jiménez Morales que su gobierno iba a investigar hasta el fondo cayera quien cayera, frase favorita del genocida y agente de la CIA, Luis Echeverría. Simples fuegos artificiales verbales, demagogia dura y pura. Solo una persona-Cirilo Rodríguez- pisó la cárcel por poco tiempo. A los autores intelectuales de la matanza, Gilberto Merchant y Marcelo Ibarra, se les molestó con un citatorio a declarar. ¿Acaso ha cambiado algo en los ámbitos de la procuración e impartición de justicia en nuestro país y estado?
Entre las personas que tomaron las tierras había personas que militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y estaban afiliados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). El PST creció y se desarrolló bajo la sombra y al amparo del poder y del amplio apoyo de recursos que del extinto INMECAFÉ, dirigido por Fausto Cantú Peña. –
Ex dirigentes poblanos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que prefieren el anonimato, culpan al Consejo Agrarista Mexicano (CAM), organización campesina de corte Priista, dirigida por Humberto Serrano, quien promovió un amparo para reclamar la posesión de las tierras que tenían los campesinos en Rancho Nuevo, de no haber hecho la solicitud de tierras correspondiente. Cabe mencionar que la ex Secretaría de la de Reforma Agraria (SRA), tenía que presentar un informe justificado ya que estaba señalada como autoridad responsable. Es en ese contexto cuando los propietarios y ganaderos de la región perpetraron el desalojo y la masacre. Se puede ubicar al CAM y en particular a su líder, Humberto Serrano, me comentan estos ex dirigentes, primero de instigar la toma de tierras y segundo y más grave, abandonar totalmente a los campesinos a su suerte durante y después de la represión de los pistoleros y guardias blancas.
En el libro Resistencia y protesta social en el sureste de México, publicado por la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, se menciona que la matanza de Rancho Nuevo se inscribió en una política de fin de reparto agrario y contención de la organización campesina. Cuestión que se formalizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la modificación al artículo 27 constitucional y la declaratoria del fin del reparto agrario.
La matanza de indígenas de Rancho Nuevo, Pantepec, quedó asentada en la Averiguación Previa 65/82.
A 44 años de la matanza de Rancho Nuevo y cincuenta y seis años de la matanza de Monte de Chila continúa la violencia sistemática y estructural contra los campesinos pobres e indígenas, tanto en México como en el estado. Más aún, ha aumentado la corrupción e impunidad y la política del despojo de tierras, territorios, agua, bosques y bienes comunes de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas y se ha acrecentado la desmemoria social, sobre todo de aquellas personas que juraban en aquellos años, que gritaban a los cuatro vientos, que ellas y ellos iban a cambiar el sistema de opresión, expolio y explotación de estos pueblos y sectores sociales.
Esta matanza al igual que otras que se han llevado en el estado, como las de Tlacotepec, en 1951, contra ciudadanos pobres que apoyaban la candidatura del candidato presidencial a la presidencia de la república, Gral. Miguel Henríquez Guzmán o bien, el linchamiento contra trabajadores de la UAP en San Miguel Canoa. Sin olvidar la represión sufrida por campesinos de Huehuetlán el Chico, en febrero de 1969, ordenada por el genocida, Gral. Rafael Moreno Valle y como olvidar la matanza que ordenó el general Moreno Valle, contra más de 360 hermanos indígenas-totonacos y nahuas en Monte de Chila, Jopala, a manos del ejército mexicano.
Coincidencia que no son
En julio de 1988 es asesinado un sobreviviente de la matanza Rancho Nuevo, quien se refugió en Huauchinango, el compañero Totonaco, Melitón Hernández. En un viaje de Puebla a Huauchinango, Melitón es bajado del camión y asesinado en la comunidad de Nanacamila, municipio de Zacatlán, Puebla. Melitón fue un férreo enemigo de la ex presidenta municipal de Huauchinango e integrante de la familia real, Profra. Pilar Jiménez Morales.
Como vemos, la máquina de la muerte de este sistema explotador, opresor y excluyente, sigue triturando vidas que se le oponen, independientemente del partido que gobierno; los caciques hoy travestidos de verde, morado, o rojo, siguen gobernando en la Sierra Norte de Puebla y en muchas más regiones del estado. Los caciques de ayer, son los diputados locales o federales, senadores, presidentes municipales o funcionarios de hoy. Esta maquinaria tiene como súbditos, amanuenses y sirvientes, a las y los funcionarios e instituciones de procuración impartición de justicia o de defensa de derechos humanos, que se puede comprobar con esa e inútil ventanilla de quejas que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos poblana. Pero esta maquinaria tiene también a su servicio a los partidos políticos, políticos y a no pocos funcionarios de distintos niveles de gobierno.
El actual sistema social, político y sobre todo, económico, es un moderno Wendigo insaciable(criatura mítica y demoníaca del folclore de las tribus algonquinas de Norteamérica, asociada con el invierno, la hambruna y el tabú del canibalismo).
Hasta nuestros días, no ha ido a la cárcel, ningún político o funcionario de primer nivel que haya sido o sea, un represor, lo que incentiva la impunidad y la corrupción. Particularmente de aquellas y aquellos políticos y funcionarios, diestros en reprimir las movilizaciones sociales y a sus líderes o a defensores ambientales, indígenas o defensores de derechos humanos.
Como ejemplo de lo anterior, tenemos la reciente liberación de 10 policías estatales, por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento, quien los absolvió y ordenó su liberación. Los policías estaban encarcelados por los hechos violentos del mes de mayo del 2022 en la comunidad indígena de Coyomeapan. En esa represión policial (gobierno de Miguel Barbosa-Morena), fueron asesinados tres habitantes indígenas, entre ellos, un menor de 15 años. Así está nuestra justicia
Es por ello que los invito a que levantemos la voz y digamos,
Rancho Nuevo, ¡¡¡Ni perdón, Ni olvido, Justicia!!
