El pasado mes de julio, Fritz Glockner Corte, titular de la Secretaría de Arte y Cultura del estado, anunció la realización del Festival de la Memoria, un programa de actividades artísticas y académicas sobre episodios de la historia nacional con el subtítulo El arte para no olvidar, evento previsto para agosto y cancelado ese mismo mes. El proyecto reaparece ahora anunciado como un programa permanente, con un primer evento dedicado al aniversario de la represión estudiantil de 1968 y programado para el 2 de octubre en la Casa de Cultura de la capital poblana. Festival proviene del latín festum, fiesta, término por demás inapropiado para recordar una masacre cometida por el Estado; su uso demuestra que el gobierno de Puebla concibe la memoria como un asunto de difusión cultural desconectado del presente, cuando para los sobrevivientes y sus familias ha sido durante 58 años una exigencia de verdad, justicia y no repetición.
Este evento se realiza tan solo seis días después de que la Fiscalía detuviera al abogado Arturo Mendoza González, activista y litigante opositor al proyecto del cablebús y ahora preso político del gobierno de Alejandro Armenta. Antes de que un juez resolviera la situación jurídica de Mendoza González, el gobernador ya había violado la presunción de inocencia del abogado al referirse públicamente a él como “violentador de una mujer”¹, mientras sus funcionarios y los medios a su servicio llevan meses presentando a los opositores del cablebús como agentes motivados por intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía. Salvando la trascendencia histórica de los protagonistas, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz recurrió a una retórica similar, explicó el movimiento estudiantil como una conspiración de agitadores y condenó en público a quienes después asesinó y encarceló.
Mendoza González no es el primer defensor detenido en Puebla. Como antecedente reciente, en el mes de agosto, Alejandro Martínez Martínez, asesor jurídico de las alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles, fue detenido e incomunicado por agentes de la Fiscalía General del Estado, acusado de despojo por la toma de las instalaciones del plantel en 2025; hoy está vinculado a proceso y lo enfrenta en libertad, mientras integrantes del Consejo Estudiantil tienen abiertas carpetas de investigación en la Fiscalía².
Alejandro Armenta asumió la gubernatura en diciembre de 2024 con el discurso de alinear su administración a los principios de la Cuarta Transformación, el proyecto político que reclama para sí la herencia de las luchas populares, incluida la de 1968. Su fundador, Andrés Manuel López Obrador, celebró en enero de 2020 la liberación de un defensor del agua detenido en Puebla, ocasión en la que prometió “cero presos políticos, cero torturas, cero masacres”³. Seis años después, el gobierno de Puebla mantiene en prisión a un abogado por defender una causa contraria a sus imposiciones, al mismo tiempo que organiza un festival para recordar a un movimiento social cuya primera demanda en el pliego petitorio fue la libertad de los presos políticos.
Antes de sumarse a Morena, Armenta hizo gran parte de su carrera en el Partido Revolucionario Institucional, el mismo que gobernaba cuando el Ejército disparó en Tlatelolco. Su transición de partido le permite hablar de 1968 como un crimen del viejo régimen, ajeno a él, y esa es la función que busca cumplir el festival, trazar una frontera moral entre el autoritarismo de entonces y el gobierno actual, como si las prácticas represivas hubieran quedado atrás con el cambio de siglas. Condenar a Díaz Ordaz no tiene costo político alguno; ejercer la crítica contra el gobierno actual, en cambio, tiene como consecuencia el uso de las instituciones de justicia como garrote político, el mismo mecanismo que denunció el movimiento estudiantil del 68.
Que la dependencia encargada del festival esté a cargo de Fritz Glockner agrava la contradicción. El secretario es historiador, experto en el llamado periodo de la guerra sucia en México, y el año pasado publicó un libro sobre Gustavo Díaz Ordaz, por lo que conoce bien los métodos con los que el Estado mexicano persiguió a quienes lo cuestionaban, y aun así presta su nombre y su trayectoria a una administración que los repite.
El evento en la Casa de Cultura constituye una burla a la memoria histórica, porque utiliza el recuerdo de la represión del 68 para legitimar a una administración que reproduce parte de los métodos autoritarios usados contra los estudiantes de esa época. Arturo Mendoza González no debería estar en prisión, y cada actividad del festival que se realice mientras siga preso confirma que el gobierno de Puebla instrumentaliza la memoria como coartada moral para buscar una legitimidad que no tiene ni tendrá mientras no escuche el clamor popular y siga descalificando y persiguiendo el disenso y la crítica.
Referencias
¹ Hernández, G. (2026, 29 de septiembre). Abogado opositor al cablebús en Puebla fue incomunicado; acusan a Armenta de tenerlo como “preso político”. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/9/29/abogado-opositor-al-cablebus-en-puebla-fue-incomunicado-acusan-a-armenta-de-tenerlo-como-preso-polit-380835.html
² Hernández Alcántara, M. (2026, 2 de septiembre). Vinculan a proceso a abogado de normalistas de Teteles. La Jornada, 26. https://www.jornada.com.mx/2026/09/02/estados/026n2est
³ La Razón. (2020, 30 de enero). AMLO celebra liberación del activista Miguel López, en Puebla. La Razón. https://www.razon.com.mx/mexico/2020/01/30/amlo-celebra-liberacion-del-activista-miguel-lopez-en-puebla/
