ARTICLE 19 exige a la FGE abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos cuyo objetivo no es la búsqueda de justicia
Imagen tomada de e-consulta
El pasado viernes 3 de octubre se hizo de conocimiento público que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla había reactivado una denuncia contra Rodolfo Ruiz, director de e-consulta.
La actualización sobre el proceso judicial contra el periodista, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurre posterior a una serie de publicaciones donde e-consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador Alejandro Armenta.
Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración.
En su momento, ARTICLE 19 resaltó que este tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) y son procesos judiciales utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos.
El caso de Rodolfo Ruiz y de e-consulta ocurre también en medio de una serie de discursos estigmatizantes documentados desde abril de este año, donde se han utilizado las conferencias del gobierno del estado para criminalizar y estigmatizar al medio de comunicación.
Cabe recordar que este mismo año Puebla ha estado en el centro del debate público sobre el acoso judicial dada la reforma al delito de ciberasedio, la cual múltiples organizaciones de la sociedad civil y prensa han indicado que lejos de proteger a las personas, genera un efecto inhibitorio para el ejercicio de las libertades de expresión e información de las personas. Esta ley es un ejemplo de cómo se puede utilizar la normativa estatal para seguir iniciando procesos de acoso judicial contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.
ARTICLE 19 recuerda que este año ha documentado al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa, y se exige un alto a estas prácticas abusivas. En vista de lo anterior:
- Exhorta al gobierno de Puebla, liderado por Alejandro Armenta Mier, a abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones sobre relevancia pública
- Exige a la FGE a abstenerse de utilizar los recursos públicos en procesos cuyo objetivo no es la búsqueda de justicia, sino intimidar a la prensa por sus publicaciones
- Llama al Poder Judicial del estado de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas (MIG)
