La presidencia de la república ha puesto en marcha un gran número de foros de consulta, de libre participación (mientras sea muy breve), acerca de una reforma electoral que ya viene. Las coordina una comisión de siete funcionarios federales que, por su cercanía con la presidenta y su probada lealtad, pudieran ser uno solo. La ejecutiva se ha negado expresamente a presentar una propuesta con sus propios puntos de vista, salvo algunos comentarios ante los medios. Así podrá afirmar que, cuando se envíe al legislativo, los contenidos emergieron de los foros -cuestión que, normalmente, no ocurre; no se modificarán los deseos del poder.
La Universidad Autónoma de Querétaro fue sede de uno de estos foros. Si bien no escuché todas las presentaciones y aunque la liga para consultarlas está rota en algunos casos, comparto algunas ideas interesantes.
Antes, lo que hubiera llevado el que esto escribe. Me hubiera dado pena exponer las ideas de una ponencia presentada en 2008, en un congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y foro, análogo a este, organizado por el Instituto Electoral de Querétaro ese mismo año. Pena, en el doble sentido de la palabra: vergüenza por echar mano de un viejo archivo; y tristeza, porque la situación no ha mejorado y, acaso, esté peor.
Se presentaban tres sencillas ideas:
- Dado que está en la naturaleza de todo político “hacer política” en todo momento y en cada acto, sería conveniente modificar el concepto de “calendario electoral” y, más bien, calificar la naturaleza de las acciones de los servidores públicos, a fin de prohibir algunas de ellas y así evitar el uso indebido de recursos públicos o privados, de origen inconfesable. Con ello, propiciar equidad en la competencia. Todos los actores políticos buscan, en principio, mantenerse en el poder o, al menos, ser sucedidos en el cargo por un favorito. Ello no ocurre solamente en los tiempos que las reglas califican como “precampaña” o “campaña”. Ocurre siempre y es natural.
- A pesar de la prohibición constitucional de hacer propaganda que incluya la fotografía y el nombre de funcionarios en ejercicio, ellos se han dado maña para burlar el espíritu de la ley y contaminar el paisaje con sus mensajes. Además, la prohibición no podría extenderse hasta los ciudadanos no funcionarios, en respeto a su libertad de expresión. Pero en todos los casos, cuando a la autoridad electoral le quepa la presunción de que el propagandeado se registrará como precandidato o candidato en el siguiente proceso, le abriría una cuenta para estimar y registrar el costo de su actividad a precios de mercado, incluyendo ahora su actividad en redes sociales. Si, llegado el caso, el funcionario burlón de la ley o el ciudadano comunicativo se registrase, el órgano electoral le avisaría: ya ha gastado usted tanto y se le descontará de sus prerrogativas, además de hacerse acreedor a una multa. Si no se registrara, no pasaría nada.
- Todos los partidos registran sus emblemas y los colores de ellos ante la autoridad. Se podría prohibir a todos los entes públicos incluir los emblemas y los colores partidarios en toda clase de documentación oficial y en el decorado de los edificios, los uniformes, etc. Lo contrario resulta falto de equidad. Al menos, se contribuiría a mejorar el paisaje y a no estar modificando fachadas, placas y chalecos de los servidores de la nación.
- La autoridad podría prohibir la difusión, en cualquier medio, de toda propaganda oficial de cualquier ente público; con la excepción de mensajes y campañas en materia de protección civil, seguridad, servicios de salud y educativos.
Quisiera compartir dos buenas ideas que se escucharon en el foro queretano:
- La primera se incluye en la ponencia de la Dra. Martagloria Morales y se refiere a la representación proporcional. En su opinión -que comparto- se debe mantener la composición mixta de la cámara de diputados, con unos legisladores elegidos por mayoría relativa y otros por representación proporcional. Si se quiere ahorrar disminuyendo el número de diputados, debería conservarse la proporción actual (60/40) pues ha probado su eficiencia y propiciado un equilibrio entre mayorías y minorías. Pero sería conveniente restarle poder a las cúpulas partidistas e incrementarlo a los electores. Para ello, propuso cambiar el mecanismo de listas cerradas, las cuales dan prioridad a los candidatos de esas cúpulas, y pasar a uno de listas abiertas en las que el ciudadano pueda priorizar con su voto a los candidatos o candidatos de la lista del partido.
- Incluir en la boleta electoral, después de los nombres de los candidatos y su partido, una casilla para “ninguna de las anteriores”. Esto fue presentado por Mario González Castañeda. Ello permitiría distinguir el “voto nulo” como protesta, como manifestación del disgusto con los partidos y sus candidatos, de otros significados, como la impericia o la poca responsabilidad cívica. La contabilización de los votos “ninguna de las anteriores” tendría dos enormes consecuencias: a) en caso de que esta opción superara a la del candidato más votado, la elección tendría que repetirse, aun con otros candidatos. Faltaría determinar qué hacer si el resultado continuara presentándose una y otra vez; y b), esos votos tendrían que contabilizarse como votación válida y, por tanto, descontarse de los resultados que permiten determinar el monto del financiamiento público para los partidos. Lo que le correspondería a esa opción, se lo ahorraría la tesorería y afectaría, justamente, a los partidos.
Luis Alberto Fernández
Octubre 2025
