El agua es un ser vivo… es nuestra Yaku Mama (madre agua).
Pueblo originario Shipibo-Konibo
El pasado fin de semana, diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió las oficinas de Concesiones Integrales, S.A. de C.V. (Agua de Puebla) por múltiples violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entre ellas, omisión de información de las tarifas y publicidad engañosa, irregularidades por falta de información clara y precisa sobre el monto total a pagar por los servicios de saneamiento, drenaje y suministro de agua potable, falta de información sobre los medidores. Igualmente, la Profeco determinó que la publicidad relacionada con el pago anual anticipado del servicio de agua resulta engañosa y abusiva. La Procuraduría así mismo mencionó que tan solo en los últimos cuatro años, Agua de Puebla ha acumulado 93 quejas formales ante dicha institución, principalmente por cobros extraordinarios, incrementos injustificados y alteraciones en las tarifas. No es la primera ocasión que ha habido quejas de los consumidores sobre el proceder abusivo de Agua de Puebla, aunque sí es la primera ocasión que yo recuerde que la Procuraduría actúa y mete las manos, esperando que vaya más a fondo sobre esta grave problemática. En 2019, el ex titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, reveló que durante 2018, la empresa Agua de Puebla/Concesiones Integrales fue la que acumuló más quejas de los consumidores poblanos con 237 denuncias. Denuncias que, como muchas otras, quedaron en el limbo de la burocracia. (El Sol de Puebla/agua-de-puebla-la-empresa-con-mas-quejas-de-consumidores-ante-Profeco). Mientras esto sucedía, tanto en el Soapap como en el municipio de la ciudad de Puebla y municipios conurbados, volteaban para otro lado y le consentían a la concesionaria todos sus atracos. El contrato con Concesiones Integrales (Agua de Puebla), al igual que otros que se han dado en el país y el mundo, ha sido negocios leoninos, opacos, faltos de transparencia, con contratos confidenciales y, por supuesto, han sido concesiones fuera del escrutinio público, dándose la exclusión social. El resultado: aumento de tarifas de agua por más de un 500 %, escasez y mala calidad del agua. Tanto los empresarios como una gran mayoría de gobernantes de los tres niveles de gobierno, ven al agua como una simple mercancía y no como una sustancia fundamental para la vida en nuestro planeta y nuestra vida, así como derecho humano esencial.
Recientemente, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta, destituyó a Gustavo Gaytán, quien durante 13 años estuvo al frente del Soapap. (El Sol de Puebla, 26 de enero. Cae Gaytán del SOAPAP: cómplice en la privatización del agua.) A Gaytán se le considera como el artífice de la privatización del agua y cómplice y comparsa de Concesiones Integrales; cabe recordar que Gustavo Gaytán llegó de la mano de otro queretano, Manuel Urquiza, quien, por cierto, negó por seguridad nacional la primera solicitud de información que se realizó sobre la privatización del agua. La salida de Gaytán y la realización de una auditoría profunda al Soapap han sido una de las demandas históricas de los movimientos en defensa del agua en la entidad. Tales como la Asamblea Social del Agua, de las y los compañeros de Xoxtla, pasando por el Frente por la defensa del Derecho Humano al agua y por su desprivatización, así como la demanda de la revocación de la concesión y su remunicipalización. No basta que al señor Gaytán sólo una auditoria meramente administrativa que muchas veces no tienen, sino también se le debe investigar desde una perspectiva como violador del derecho humano al agua a cientos y miles de ciudadanos y por violar y violentar los derechos de los pueblos indígenas y equiparables de la región de las Cholulas, así como llevar a cabo una limpia de sus gentes de confianza al interior del Soapap y combatir frontalmente la corrupción de ayer y hoy, en todas sus modalidades. Gustavo Gaytán nos deja una deuda pública del Soapap de 2 mil 030 millones 643 mil pesos (Ambas manos, octubre del 2025).
El mes de diciembre del 2012 fue la fecha de salida para la privatización del agua en Puebla. A finales de ese mes, el Congreso del Estado modificó la Ley del Agua para el Estado de Puebla, que abrió la puerta a la privatización del agua no solo en la ciudad de Puebla, sino en 25 sistemas operadores de igual número de municipios. Paradójicamente, en febrero del 2012, se había realizado una reforma constitucional al artículo cuarto constitucional que reconoció nuestro derecho al agua potable y al saneamiento, como un derecho humano fundamental. El 12 de septiembre del 2013, el Congreso aprobó una nueva reforma a Ley de Agua. Ese mismo día y en fast track, el cabildo del ayuntamiento de Puebla, presidido por el panista Eduardo Rivera Pérez, avaló la concesión del Soapap, con un solo voto en contra de un regidor del PRD. Uno de los argumentos más socorridos para privatizar el agua potable era el déficit del Soapap; en una respuesta al oficio 6200/2323/2013, del Juzgado Primero de Distrito dirigido al exdirector general del Soapap, Manuel María Urquiza Estrada, este contestó lo siguiente: Gracias a las políticas de racionalidad y austeridad, a la disminución del gasto corriente, y a las acciones para eficiencia administrativa, para el cierre del mes de septiembre de 2013 se redujo la deuda a 2,941,435,816.81 (…) por primera vez en los registros del organismo operador se logró obtener una utilidad marginal positiva (de 200 millones de pesos anuales), la cual representa, al cierre de 2012, un 23 % con respecto a los ingresos por derechos recaudatorios. La mentira de la quiebra del Soapap quedaba al descubierto; a pesar de ello, el emperador del estado, Rafael Moreno Valle, y sus vasallos de la Cámara de Diputados, siguieron adelante con la privatización, sin escuchar razón alguna.
En mayo del 2014, el gobierno del estado emitió un boletín que fue una verdadera burla a los ciudadanos poblanos; este boletín mencionaba que, en el caso de las tarifas, no registrarían aumentos y siguen vigentes, conforme a lo aprobado por el Congreso del estado. En ese mismo año y a propuesta de Moreno Valle, el Congreso del Estado aprobó un nuevo esquema tarifario y con ello el aumento mensual de las tarifas de agua (art. 4.º), tanto en la ciudad de Puebla como en el área conurbada. El líder del Congreso en ese entonces, es el actual dirigente del PAN, Mario Riestra Piña. En esta legislatura (LIX) estaban como diputados, algunos personajes que hoy forman parte de los gobiernos de la 4T: Carlos Martínez Amador, Cupertino Alejo Domínguez, Francisco Rodríguez Álvarez, José Chedraui, Mario Alberto Rincón González, Salomón Céspedes Peregrina, Silvia Tanús Osorio, entre otras y otros. ¿Los privatizadores de ayer son los desprivatizadores de hoy?
Considerando que en los municipios en los cuales se privatizó el agua potable (Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.) habita población indígena/originaria, jamás se les consultó sobre la privatización del agua, elemento que es central en su cosmovisión y su estrecha relación con sus territorios, violando con ello el párrafo primero del artículo primero y en especial, el artículo segundo apartado A, fracción XIII de la constitución mexicana y los artículos sexto, treceavo y quinceavo del Convenio 169 de la O.I.T. Lo anterior denota una clara actitud de la élite política y económica poblana mestizocrática, discriminatoria, racista, clasista y colonialista.
El título de concesión y la luz de la revocación. Después de un largo litigio, en el 2019, el juzgado sexto de distrito ordenó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) entregar el Título de Concesión y anexos que privatizaron el servicio del agua en Puebla y 25 municipios a la empresa Concesiones Integrales. Lo anterior se logró a través de un amparo (número 1160/2018) promovido por un integrante del Colectivo Hermanos Serdán. El título se encontraba reservado por parte del ex Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP), violando con ello nuestro derecho a la información. Lo anterior posibilitó conocer la Condición 21.2 del título, que a la letra menciona: No podrá ser materia de arbitraje la revocación de la concesión o autorización en general, ni los actos de autoridad, incluyendo la revocación o rescate de la concesión. Al igual que la Condición 21.3: Sin perjuicio de las Condiciones anteriores, la solución de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto administrativo relacionado con la concesión solo podrá dirimirse por los tribunales competentes del distrito judicial de Puebla. El concesionario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa. Cabe, en consecuencia, la pregunta: Cabe preguntar, ¿por qué los susodichos gobiernos estatales progresistas de la 4T no han rescindido la concesión?
Para 2019 y nuevamente a través de otra solicitud de información de un integrante de Hermanos Serdán, número 01308119 dirigida a la Cámara de Diputados local, se logró saber que la aprobación del contrato de concesión no pasó por el Congreso como lo marca la ley. La Secretaría General, la Unidad de Transparencia y la Dirección de Servicios Legislativos del Congreso del estado confirmaron que no hay registro en actas de sesiones de trabajo de las Comisiones y Comités, así como las versiones estenográficas de las sesiones del pleno y de la Comisión Permanente, sobre la aprobación del título de concesión que privatiza los servicios de agua, drenaje y saneamiento en Puebla y 25 organismos operadores. (Se anexa oficio)
A inicios del 2020, la Justicia federal declaró inconstitucionales las tarifas que aplica Agua de Puebla. Cito: La justicia determinó que la suma de índices como el precio de kilowatt rebasaría la capacidad adquisitiva asignada al salario mínimo y se obtendrían precios desproporcionados por el servicio prestado. Además, es desproporcional al índice del salario mínimo al aplicarse una fórmula de interés compuesto en perjuicio del usuario (…) lo cual sería más gravoso que pagar una sola actualización anual. Nuevamente, el gobierno del estado/Soapap y Congreso del Estado, con todo y sus diputados ¿progresistas?, se quedaban sordos, mudos y ciegos.
Claudia Rivera Vivanco y sus propuestas ¿progresistas? al Soapap. Siendo presidenta municipal de Puebla la morenista Claudia Rivera Vivanco y habiendo firmado un acuerdo con la Asamblea Social del Agua en defensa de la misma, siendo ya presidenta municipal, propuso para integrar el Consejo Directivo del Soapap, a tres empresarios: Rafael Herrera Vélez, ex presidente de la Cámara de Comercio, a Antonio Yitani Maccise, en ese entonces, presidente del Club de Empresarios, así como a Alberto Ramírez y Ramírez, representante de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) ((e-consulta, noviembre de 2018. Confirma Rivera la inclusión de empresarios a Consejo del Soapap.) Como se pueden dar cuenta estimados lectores, no propuso a ningún defensor del derecho humano al agua, a los que llamaba, falsamente, compañeros y camaradas. Las y los regidores y funcionarios de su gobierno callaron como momias. (López Obrador, dixit)
En un importante estudio jurídico-político elaborado en el 2020 por los integrantes del Frente por la defensa del derecho humano al agua y por su desprivatización, mencionaban las siguientes violaciones a la Constitución general y local y a otras disposiciones legales. Violaciones a los artículos 104 y 115 de la Constitución General de la República, artículo 57 (facultades del Congreso), facción VII y 104 (facultades y servicios municipales) de la Constitución de Puebla; artículo 173 de la Ley Orgánica. (Capítulo Concesiones, Licencias, permisos y autorizaciones), entre otros ordenamientos jurídicos. Dicho estudio se les entregó a Gabriel Biestro en su calidad de líder del Congreso en aquel año, como a Miguel Barbosa en su calidad de gobernador. Seguramente el estudio terminó en el cesto de la basura.
La concesión leonina del agua a costa de los ciudadanos. En diez años, de mayo del 2014 a diciembre de 2024, Concesiones Integrales/Agua de Puebla registró una recaudación total de 16 mil 789 millones 243 mil 793 pesos, tiempo en el que estuvo al frente de la concesionaria Héctor Durán Díaz. (Periódico Cambio, 15 de febrero del 2025). A lo anterior hay que sumar que cobra un servicio que no da: el saneamiento del agua, lo que no solo puede constituir un fraude, sino un grave problema de salud.
Ante todas estas anomalías, es justo preguntarse: ¿Por qué no ha actuado con firmeza el gobierno del Estado? ¿Omisión, colusión?
Es por ello que siguen firmes las demandas del movimiento en defensa del agua, que son: Revocación de la concesión a Concesiones Integrales, abrogación de la Ley Moreno Valle del Agua y elaboración de una nueva previa consulta popular. Realización de una auditoría forense al Soapap, desde la etapa de Luis Ontañon León hasta nuestros días. Remunicipalización ¡Ya! del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento. Incorporación al Consejo Directivo del SOAPAP de representantes de pueblos indígenas, sistemas comunitarios, académicos, etc. Ya basta de empresarios o de exrectores o rectoras que no solo no defienden el derecho humano al agua de las y los ciudadanos y los pueblos, sino que con sus decisiones nos han perjudicado; como cualquier simple mortal, se puede dar cuenta. Pero lo que realmente se requiere con carácter de urgente en estos momentos es una ciudadanía informada, organizada y actuante.
