La Red Civil por la Democracia hace pública su consternación y condena por los acontecimientos del pasado 14 de febrero en la zona de Angelópolis, donde tres personas fueron asesinadas, y cinco más, heridas.
De igual forma, los que integramos la Red Civil por la Democracia manifestamos nuestro pesar por las víctimas del Bar Lacoss, muertas por asfixia tras el atentado que sufrió dicho establecimiento en noviembre del año pasado.
Subrayamos que la visibilidad e invisibilidad de las víctimas, así como la demanda de justicia para ellas, no pueden depender de su condición de clase, ni de la mera presión al gobierno por parte de algún grupo social.
Hacemos patente nuestra preocupación por la ola de violencia que se ha desatado en Puebla, revelando la creciente injerencia del crimen organizado en la entidad.
Puebla ocupa el 6º lugar nacional en incidencia delictiva. Según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2025 a enero de 2026, se registraron 75,562 delitos del fuero común, con un promedio de 226 ilícitos diarios, incluyendo homicidios, lesiones, robos, secuestros, feminicidios y violencia familiar.
Por otra parte, la ONG “Causa en Común” documentó 203 casos de violencia extrema (torturas, mutilaciones, violaciones agravadas, asesinatos con crueldad), de los que 106 terminaron con víctimas mortales.
Según la fiscalía del estado, solo en enero de 2026, se registraron 119 homicidios, 451 casos de lesiones. En total, 591 delitos contra la vida y la integridad de las personas.
En 2025 Puebla se colocó entre los estados con mayor incidencia delictiva del país, ubicándose en el sexto lugar nacional.
De los 24 feminicidios cometidos en la entidad, de enero a noviembre del año pasado, ninguno ha recibido sentencia condenatoria, pese a la versión contaria de la Fiscalía de Puebla.
Según el Observatorio de Violencia Social y de Género, en los últimos 5 años se han documentado más de 240 probables feminicidios. Por otra parte, conforme a datos de la Fiscalía de Puebla, de 204 investigaciones iniciadas por el mismo delito, sólo 54 han obtenido sentencias condenatorias.
Tras los acontecimientos señalados y otros más registrados cotidianamente en Puebla, queda claro la insuficiencia de la política en materia de seguridad por parte del Gobierno del Estado, sea por incapacidad, complacencia o complicidad de alguno de sus miembros.
Si bien es cierto que el crimen organizado y sus derivas tocan al conjunto de la sociedad mexicana, y la lucha contra ellos es, en gran medida, tarea de la federación, el estado y el municipio no pueden renunciar a su responsabilidad para combatirlos, máxime cuando en cada región del país adquieren una singularidad específica, llegando a filtrarse tanto en las policías locales, como en alguna esfera de gobierno.
Independientemente de las versiones que corren sobre lo sucedido, parece que tanto el crimen organizado como otras formas delictivas operan con total impunidad en el estado.
Ante el clima de zozobra que vivimos los poblanos, exigimos a las autoridades una explicación cabal sobre las estrategias de seguridad que han desarrollado, y las razones de su ineficacia, así como dar a conocer, en la medida de los posible, las estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No será con demagogia, ocurrencias o declaraciones precipitadas como se resolverán los problemas que aquejan la entidad.
Mucho más grave es el riesgo de las autoridades y de algunos miembros de la sociedad de querer transferir a las víctimas y sus familias la responsabilidad sobre su propia seguridad en el espacio público. El cuidado que una familia puede prodigar a sus miembros nada tiene que ver con la seguridad que un gobierno debe garantizar a sus ciudadanos. La confusión no solo es lamentable, sino tramposa. A través de un discurso eminentemente paternalista, el gobernador Alejandro Armenta, al tiempo que revictimiza a las víctimas, se escabulle del mandato constitucional para el cual fue elegido.
Nos sumamos a las manifestaciones de indignación y exigencia de justicia de la UDLAP y de la UIA-Puebla para que se aclare el asesinato de dos de sus exalumnos; como parte de la sociedad civil y como formadores de mejores ciudadanos, su concurso en la tarea de construir un mejor país es fundamental.
Más allá del combate policial al crimen organizado y común, es urgente rediseñar el Poder Judicial del Estado, para ofrecer una justicia verdaderamente expedita, y limpiar los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto.
Sin un marco donde rijan los valores democráticos como la rendición de cuentas y la transparencia, la lucha que se emprenda contra todo lo que amenaza a la sociedad será inútil.
A T E N T A M E N T E
Red Civil por la Democracia
Roberto Borja Ochoa, Jorge Alberto Calles Santillana,
Juan Carlos Canales Fernández, José Luis Cardona Ruiz,
Patricio Eufracio Solano, Alejandro Guillén Reyes,
Sergio Mastretta Guzmán, Flora Molina Rodríguez,
Manuel Santiago Pérez Chalini, Víctor Manuel Reynoso Angulo,
Eduardo Rodríguez Villegas, Ricardo Téllez Girón López.
18 de febrero de 2026
(Foto de portadilla tomada de e-consulta)
